Pleno extraordinario para dar cuenta de la sentencia del TSJ que anula el acuerdo de mayo de 2016SANT JOAN D'ALACANT. El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha celebrado, durante la mañana del jueves 26 de noviembre, un pleno extraordinario solicitado por el PP. Una sesión monotemática centrada en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por la que se anula la municipalización de la limpieza de edificios públicos. Un acuerdo que aprobó el Pleno el 30 de mayo de 2016, por el que se pasaba de la gestión indirecta a la directa en la prestación de este servicio, que se encargó a la empresa municipal Personas y Ciudad Sociedad Anónima Unipersonal (PYCSA).
El grupo municipal popular fue quien solicitó la celebración de este pleno alegando que "la sentencia tiene fecha del 16 de julio de 2020, pero no se ha puesto en conocimiento de los grupos políticos de la corporación municipal hasta la primera semana de noviembre, lo que supone una ocultación flagrante del documento durante tres meses en los que el Ayuntamiento ha perdido la posibilidad del recurso de casación".
Ante estas acusaciones, el alcalde de la localidad, Jaime Albero (PSOE), ha explicado que "la devolución del expediente y el testimonio de la firmeza de la sentencia tuvo entrada el pasado 26 de octubre y los documentos fueron subidos a la plataforma Gestiona al día siguiente. Digo esto porque parecen haberse lanzado veladas acusaciones de ocultamiento de dicha sentencia", declara. Una creencia que la oposición no secunda, apuntando "ocultismo", "falta de transparencia" y "vulneración de derechos".
Pese a la anulación del TSJCV del acuerdo de municipalización, dos de los artículos en los que se basa esta sentencia han sido derogados, por lo que la normativa vigente no los contempla. Así lo ha subrayado el primer edil, quien ha manifestado que "la sentencia se acata, obviamente, pese al debate sobre la justicia o la injusticia de la misma, pero no hemos venido aquí para eso". Además, muestra su incomprensión ante la "obcecación" de la subdelegación del gobierno en el tema: "Todo se ha hecho conforme a norma. En otras localidades en las que también se han llevado a cabo procesos de municipalización no ha habido estos problemas", traslada.
En esta sesión plenaria, Albero ha insistido en que la prestación de este servicio por gestión directa supone un ahorro medio de 100.000 euros al año, que multiplicados por los cuatro años en los que ha estado municipalizado da un resultado de unos 400.000 euros ahorrados. "Si es más barato, se ha mejorado el servicio y los trabajadores y las trabajadoras están más contentos, ¿qué nos impide volver a presentar esta municipalización?", lanza la pregunta. La propuesta para el año 2021 -la cual presentará el equipo de gobierno cuando los informes necesarios estén listos- arroja un ahorro para el Ayuntamiento de 119.000 euros, lo que supone un ahorro por hora de 2,43 euros con respecto al proyecto de limpieza de 2016.
En cuanto a las intervenciones de los representantes de los distintos grupos políticos, todos han resaltado la ocultación de esta sentencia desde julio de 2020. Por su parte, Ignacio Ferreiro (Podemos), se ha mostrado a favor de remunicipalizar los servicios, pero evidencia que "con su actitud de desinformación, el señor alcalde está poniendo en riesgo la propuesta de gestión de la empresa y, con ello, la estabilidad laboral de las trabajadoras del servicio de limpieza. Y, por otro lado, corremos el riesgo de que los partidos de derechas voten por la privatización del servicio".
En este sentido, la portavoz de VOX, Gema Aleman, ha indicado que "no se trata de ideologías, pues estaremos a favor de todo lo que sea beneficioso para los ciudadanos". Misma postura que ha querido trasladar, desde el PP, Manuel Aracil, quien ha asegurado que su formación votaría "a favor o, como máximo, nos abstendremos, porque no estamos en contra de la situación ni tenemos nada contra ustedes ni, mucho menos, de los trabajadores".
Como representante del socio en el gobierno del PSOE, Ciudadanos, Santiago Román ha recordado que fue su grupo quien "destapó esta ocultación" al pregunta por el asunto en el pleno de septiembre y ha centrado la cuestión de esta sesión plenaria extraordinaria: "Aquí no vamos a debatir si PYCSA tiene que continuar o no; sobre eso no hay dudas. Lo que se debate es que ha habido una sentencia contraria al Ayuntamiento y a la empresa municipal y no nos hemos enterado de nada, cuando el bofetón a ambos ha sido evidente", sostiene. Además, ha afirmado que "si el 16 de julio hubiese hecho una convocatoria a los grupos municipales, seguro que hubiera contado con el apoyo de todos en beneficio a los empleados y empleadas de la empresa municipal y de la encomienda de gestión el servicio".
Por su parte, el portavoz de Compromís, Sergio Agueitos, ha abogado por "resolver esta situación lo antes posible y dar garantías a las personas que están trabajando y al Ayuntamiento, que es quien recibe los servicios de esta contrata". Mientras que es Pablo Celdrán (PSOE), como responsable de Transparencia, quien considera que "este ayuntamiento es modélico en la misma y seguiremos trabajando por mejorarla, tanto para los grupos políticos como para la ciudadanía".
