Uno de los autobuses de la red de transporte público de Alicante.ALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por 9 concejales del Partido Popular (PP) y 5 de Ciudadanos (Cs), planea un cambio de dirección para dotar al servicio de transporte urbano de Alicante de todas las coberturas y garantías legales exigibles ante la extinción de su contrato concesional, este mismo mes de junio. Fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza precisaron que los departamentos de Transportes, Movilidad y Contratación están ultimando la elaboración de estudios jurídicos para conceder una prórroga de carácter excepcional por una duración todavía indeterminada, mientras se acaba de despejar cuál va a ser su futuro.
El operador de la red de autobuses desde hace 50 años es la empresa Masatusa, del grupo Vectalia. En el momento en el que se adjudicó la concesión, no se contempló la posibilidad de acordar posibles prórrogas. Sin embargo, según las mismas fuentes, existen supuestos legales y variada jurisprudencia que avalaría la extensión de la duración del contrato ya vencido, bajo determinados supuestos concretos y solo por una duración limitada.
En concreto, en la última reforma de la Ley de Contratación del Sector Público se contempla la opción de extender la vigencia de un contrato caducado en otros 9 meses adicionales siempre que se justifique que el nuevo proceso de adjudicación se ha demorado por incidencias imprevistas; que se acredite que existen razones de interés público para continuar con la prestación y no interrumpirla; que se certifique que no se modifican las condiciones del contrato original durante esa prórroga; y que se haya anunciado la nueva licitación con una antelación mínima de tres meses antes de que se haya producido la extinción del contrato inicial.
Lo cierto es que, en el caso del contrato del servicio de transporte urbano de Alicante, no se cumplen en sentido estricto toda esa relación de requisitos. El desvío respecto a esa situación típica más evidente sería el de la inexistencia de convocatoria de la nueva licitación. El Ayuntamiento de Alicante todavía no ha convocado el concurso sobre el nuevo contrato. Sigue a la espera de la entrega del trabajo de consultoría externa encargado para conocer qué modelo de contratación resulta más indicado y qué parámetros se deben tener en cuenta en la redacción del nuevo pliego.
El bipartito PP-Cs trata de evitar la prestación del servicio de tanta trascendencia sin la cobertura legal de una concesión en vigor, dado que no se contempla la posibilidad de interrumpir su funcionamiento
Como ya ha informado este diario, el proceso para contratar la redacción de ese estudio de asesoría externa arrancó en junio de 2018, con un presupuesto de 121.000 euros (IVA incluido). Sin embargo, la adjudicación de su encargo se vio retrasada en diciembre con la renuncia de la UTE que había sido preseleccionada como mejor clasificada, después de que informase de la existencia de vínculos de una de las consultoras que la integraban con la concesionaria actual.
Ese atasco quedó resuelto en enero, con la adjudicación definitiva a la segunda UTE que había obtenido una mayor puntuación: la formada por Broseta abogados S.L.P-Ingartek Consulting S.L. Con todo, según precisaron fuentes municipales, su labor todavía no ha concluido por lo que sigue sin poder concretarse cuando se producirá esa nueva licitación y bajo qué características.
No obstante, todo parece indicar que la concesión de ese plazo adicional podría quedar justificado siempre que el acuerdo estuviese convenientemente motivado y fundamentado. Y ese es el empeño que estaría centrando ahora los esfuerzos de los técnicos y los responsables políticos de las tres concejalías citadas.
El objetivo es evitar que un contrato de tanta trascendencia y coste económico como el del transporte urbano (en el presupuesto de 2019, se provee una partida de 17 millones para sufragarlo) se preste en precario y quede sujeto al pago de facturas (certificaciones) mensuales sin la cobertura legal que proporciona una concesión en vigor, mediante la fórmula de los llamados expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito. Se trata del sistema que se aplica para todos aquellos gastos no presupuestados, como sucede con todo aquel servicio que carezca de contrato en vigor (no se puede preveer un pago por un servicio concesionado que en teoría no se presta porque ha dejado de existir).
