Un momento de una de las marchas reivindicativas convocadas por la Plataforma por un Puerto Sostenible frente al proyecto de los depósitos. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Las asociaciones de vecinos de los barrios de la zona sur de Alicante, agrupados, a su vez, en la Plataforma por un Puerto Sostenible (PPS) junto a colectivos conservacionistas y otras entidades sociales, se preparan para reactivar la batalla legal frente al proyecto promovido por la empresa XC Business 90 para instalar una planta de almacenaje de combustibles en la terminal de mercancías del Puerto.
Así lo confirmaron este martes portavoces de la PPS consultadas por Alicante Plaza que concretaron que ya se han registrado distintas solicitudes de personación en el expediente de tramitación de la licencia de obra del proyecto por parte de las asociaciones de vecinos Gran Vía Sur-Puerto, San Gabriel, Benalúa o Parque del Mar, por ejemplo, con el fin de completar la información disponible sobre la propuesta para precisar el inicio de acciones legales frente a su desarrollo.
Todo, a pesar de que, como informó este diario, el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ya cerró el pasado julio una primera línea argumental de rechazo a la instalación de los tanques de almacenaje (hasta un total de 20, en tres fases distintas) al desestimar el contencioso interpuesto por la Asociación de Consumidores José María Mena frente al acuerdo adoptado por el consejo de la Autoridad Portuaria en 2019, por el que se aprobó la modificación de la concesión de la terminal de mercancías de la que dispone TMS con la que se dio encaje a los depósitos.
En concreto, en esa resolución, el alto tribunal autonómico tumbó el recurso de la asociación al considerar que carecía de legitimidad para impugnar el acuerdo del consejo del Puerto, toda vez que se trataba de una entidad dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores, lo que no guardaba ninguna relación con la cesión de terrenos para la ejecución del proyecto planteado por XC Business.
Sea como fuere, las distintas asociaciones de residentes persisten en su objetivo de atacar las supuestas carencias o riesgos que presentaría la implantación de los depósitos con la pretensión de lograr que los juzgados acabasen frustrando su ejecución, como ya sucedió en 2012, en el caso precedente del proyecto promovido por Biodiésel Alicante para instalar una planta de producción de ese tipo de carburante en la misma terminal de mercancías.
En ese momento, fue el Tribunal Supremo (TS) el que avaló la sentencia previa dictada por el TSJCV en 2010 en la que se estimaba el recurso presentado por la agrupación local de Esquerra Unida (EU), tras certificar que el consejo de la Autoridad Portuaria había aprobado en 2006 una modificación de la concesión de TMS en favor de Biodiésel Alicante para el desarrollo de una actividad que no estaba prevista de partida entre las condiciones por las que se aprobó esa concesión. Y, además, subrayaba que ese acuerdo suponía un incremento del 10% respecto a la superficie incluida en esa concesión.
En concreto, la sentencia del TS apuntaba que "las instalaciones otorgadas en la concesión administrativa debían destinarse preceptivamente al tráfico de graneles sólidos, mercancía general, convencional o en contenedor, pasajeros y vehículos en régimen de pesaje, y a cualquier otro tráfico siempre que sea compatible con el entorno; pero no comprendía el establecimiento de una planta de biodiésel". Y añadía que: "Por tanto, tras la autorización de la cesión, la concesión litigiosa ya no fue la misma, pues a los usos inicialmente autorizados se le añadió el establecimiento de una planta industrial y el desarrollo en la misma de actividades de recepción y transformación de aceites vegetales, y esto sí que comportó un cambio de su objeto [al margen de que también se produjera un incremento de la superficie a ocupar o del volumen a aprovechar]".
Recreación virtual de la planta de almacenaje de XC Business con su desarrollo en tres fases.A la postre, esa resolución evitó el desarrollo del proyecto, lo que propició que se abandonase el proyecto y que la empresa promotora acabase en liquidación, como informó este diario. Lo cierto es que, por el momento, no existe ninguna certeza de que la argumentación con la que el TSJCV y el TS anularon la modificación de la concesión portuaria para encajar la planta de Biodiésel Alicante pueda tener aplicación sobre el proyecto de XC Business 90, toda vez que no entrañaría el desarrollo de ninguna actividad industrial, sino el almacenaje de mercancías: en este caso, combustible.
Con todo, la PPS y las asociaciones de residentes estarían estudiando otras vías de impugnación como la supuesta vulneración del convenio entre administraciones suscrito en 1995 por el que se produjo el traslado de las instalaciones de Campsa en el Puerto de Alicante hasta la partida de Els Reiets, en el Bacarot, o sobre el presunto fraude al que, a su juicio, se daría lugar con la tramitación del proyecto en tres fases distintas con el propósito de eludir el requisito de evaluación ambiental.
Además, también se estaría sondeando la posibilidad de recurrir frente a la exclusión de esa evaluación, en el caso de que el Ayuntamiento acabe concediendo la licencia de obra solicitada, en la medida en que los colectivos de residentes no comparten las conclusiones alcanzadas en dos informes evacuados por el servicio de evaluación ambiental de la Conselleria de Transición Ecológica y de la Abogacía de la Generalitat entre finales de 2020 y mayo de 2021 en los que se exime al proyecto de ese filtro ambiental. En esta línea, también se pretende recurrir frente a la validación del plan de emergencias aportado por XC Business en el supuesto de que la Conselleria de Justicia e Interior emitiese un informe favorable al respecto.
Entre tanto, como también ha informado este diario, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), evitó tener que pronunciarse abiertamente sobre la viabilidad del proyecto en el transcurso del pleno ordinario de enero, este martes, al bloquear el debate de una declaración institucional registrada por Compromís en la que se planteaba que se expresase un nuevo acuerdo de rechazo institucional a los depósitos como el que ya se manifestó en 2019.
Los populares sumaron el apoyo de los cuatro concejales de Vox para impedir que esa iniciativa política llegase a discutirse, con lo que los dos partidos eludieron tener que posicionarse de nuevo respecto a su viabilidad, y se ahorraron que los grupos del eje progresista (PSOE, Compromís y Esquerra Unida Podem) invocasen al Consell (compuesto precisamente por PP y Vox) para que arbitrase medidas frente a la implantación de la planta de almacenaje, como preveía la declaración institucional, en la que también se aludía a la intervención del Gobierno central (PSOE-Sumar) en el mismo sentido.
