Edificios de la Avenida de JubalcoyELCHE. En enero de 2021, el Juzgado de Primera Instancia, nº 8 de Elche condenó al medio municipal Pimesa a abonar 280.051,47 euros tras una demanda interpuesta por vía civil por la Comunidad de Propietarios de los seis edificios de la promoción de 144 viviendas ubicada en la calle Josefina Manresa-Avenida de Jubalcoy. Los vecinos de la promoción, formada por seis torres de Vivienda de Protección Oficial (VPO), fueron a los juzgados por unos defectos constructivos en la fachada. Aunque la Comunidad solicitó una cantidad cercana a los 900.000 euros, el tribunal solo la estimó parcialmente. Eso sí, ahora la mercantil pública ha puesto una demanda a la contratista, Constructora San José, para que esta le pague la cantidad que Pimesa abonó a los vecinos.
En retrospectiva, hace unos años aparecieron un serie de fisuras en las fachadas de los inmuebles, algo que el medio municipal atribuye al ladrillo caravista, de moda en la época del boom inmobiliario, y al que se le dilatan las juntas por el calor, lo que supone tener que rejuntar. Aunque en una de las torres se reparó, la sociedad fue condenada en sentencia firme, como promotora de las edificaciones, teniendo que pagar 280.051,47 euros por indemnización por daños y perjuicios. A lo que sumar 20.470,61 euros por los intereses devengados hasta el pago de la indemnización 3 de febrero de 2021.
Una cantidad que se abonó al contado y que ahora exige a la contratista que se encargó de levantar los inmuebles. De hecho, paralelamente a la sentencia, tan solo unos día después, el Consejo de Administración del 25 de enero de 2021, acordó interponer demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción de repetición —una facultad para exigir a un tercero la responsabilidad asumida en primera persona— contra los agentes intervinientes en la citada edificación, "por su responsabilidad en los defectos constructivos existentes". Se exigió a todos, desde la constructora hasta los arquitectos que diseñaron el inmueble.
Un pleito que aún no se ha celebrado y por el que ahora el juzgado tendrá que analizar los escritos que han enviado las partes demandadas, para dilucidar quién fue el responsable último de estas deficiencias. La promotora municipal, que se excusó ante los vecinos al no haber levantado directamente el edificio, sino un contratista, abonó la correspondiente indemnización a la Comunidad porque esta exigía un resarcimiento económico. Con esa cantidad es con la que tenían que reparar los desperfectos. Si hubieran demandado al medio del Ayuntamiento la reparación, el proceso se hubiera demorado porque hubiera supuesto tener que sacar a concurrencia pública estos trabajos.
Asimismo, cabe apuntar a que la sociedad tiene otro caso similar activo tras otra sentencia en la que fue condenada en firme a la reparación. Si bien la anterior Comunidad de Propietarios exigía un resarcimiento económico, en este edificio también de VPO de Pimesa se exigía la rehabilitación de balcones y fachada. Ahora han contratado a un arquitecto para que redacte el proyecto de la actuación, aunque aún está por ver con los vecinos si finalmente lo ejecuta la mercantil, porque habría que licitar, o prefieren el pago de la actuación. Eso sí, cuando esté la obra de reparación finalizada y se conozca el coste, la empresa hará lo mismo: demandar a la constructora y agentes implicados para que sean ellos quienes asuman la responsabilidad por los problemas. Por este motivo, la sociedad tiene provisiones de ejercicios pasados de más de 390.000 euros para este tipo de situaciones.
