Elche Parque Empresarial / PEPE OLIVARESELCHE. Las cosas de palacio van despacio. Y en el caso del urbanismo, todavía más. A ello hay que sumar los recursos y posibles impugnaciones de los procedimientos importantes, como es el caso de la ampliación de Elche Parque Empresarial. Si bien en el pasado mes de junio se adjudicaba definitivamente a la alicantina Cainur (Consultores Asociados Ingeniería y Urbanismo, SLP) el proyecto de reparcelación y urbanización del nuevo sector E-49, de casi 600.000 metros cuadrados, ahora el Tribunal de Contratos ha suspendido cautelarmente el proceso. Una de las aspirantes ha presentado un recurso especial. El ansiado encargo después de años y años de largos trámites tuvo lugar por 516.282,13 euros. Con un plazo de doce meses para entregarlo y poder licitar ya la entrada de la maquinaria para urbanizar el sector. Pero habrá que esperar algo más. Una de las cuatro firmas que se habían presentado, Grupo Dayhe Development & Investment, ha presentado un recurso especial que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha aceptado.
Como en todos los procedimientos, ha suspendido cautelarmente el proceso, ha requerido documentación a Pimesa, empresa municipal que promueve la actuación, y ha dado trámite de audiencia al resto de contratistas por si quieren también alegar. Así que se espera que pueda dar la respuesta en unos dos meses, que es más o menos lo que está tardando en fallar sobre estos procesos. Eso sí, con agosto de por medio. En cualquier caso, desde fuentes municipales entienden que no habrá mayor problema para seguir adelante, aunque el mero estudio de la situación ya retrasa el procedimiento para ampliar el Parque Empresarial más aún. De la adjudicación que se aprobó en junio, ahora hay que esperar dos meses al menos a que Cainur pueda empezar la redacción de la actuación.
En este sentido, el valenciano Grupo Dayhe ha vertebrado su recurso desde tres puntos. Primero alegan que sobre la forma de adjudicación, ya que aluden a que se han enterado del resultado al final del proceso, algo que permitiría la ley, según fuentes municipales, en lugar de que se vaya informando públicamente de cada apertura de sobres, como hace el Ayuntamiento, por ejemplo. Asimismo, también han recurrido contra la puntuación obtenida en dos de los aspectos que se valoraban en el apartado de valoración por parte de los técnicos de Pimesa. Es decir, la valoración 'subjetiva'.
Como último punto, en el de juicios que se puntaban automáticamente, se pedía desde el medio municipal certificados de buena ejecución y un documento que acreditara que el trabajo de otras reparcelaciones como la que se exige se había realizado y añadir el nombre del técnico. Sin embargo, la puntuación en este ámbito no ha sido la máxima porque la empresa presentó declaraciones responsables sobre actuaciones que están realizando actualmente, pero no finalizadas. Algo por lo que los técnicos de Pimesa les han penalizado en la puntuación. Además de que no habrían vinculado al técnico encargado.
El medio municipal, promotor de la actuación, respondía al aviso del recurso especial, contestando a la firma valenciana, que todo lo había valorado correctamente y que está debidametne justificado de acuerdo a los pliegos de condiciones. Así se lo ha transmitido también al TACRC, que ahora tendrá que estudiar la documentación para decidir qué decisión toma. La firma valenciana fue la segunda clasificada con 76,55 puntos frente a los 85,44 de la alicantina Cainur. Ahora que el proceso está paralizado, tan solo queda esperar para que se reactive el procedimiento.
