La subida de sueldos provoca la primera división en el centro derecha de Alicante: validada pese a Vox

ALICANTE. La propuesta de incremento retributivo planteada por el alcalde de Alicante, Luis Barcala, para el conjunto de los 29 concejales de la corporación supera el filtro político en el salón de plenos con el aval de los grupos que conforman el eje progresista. El aumento general del 14,4% para los regidores con competencias de gobierno y del 9,2% para los ediles de la oposición respecto a los emolumentos establecidos en 2019 (aunque de entre un 10% y un 5% respectivamente tras las sucesivas actualizaciones acordadas en los últimos cuatro años) ha prosperado gracias al respaldo de los 14 representantes del PP y los 8 del PSOE. 

Esos votos ya garantizaban sobradamente la mayoría absoluta necesaria para que el acuerdo saliese adelante. Con todo, también ha contado con la abstención de los dos grupos políticos que resultan peor parados en la distribución, Compromís y Esquerra Unida Podem, en la medida en que les priva de la asignación de sueldos en régimen de dedicación exclusiva. Así, sus dos portavoces, Rafa Mas y Manolo Copé, percibirán una dedicación parcial, aunque incrementada por su función específica como líderes de sus respectivas formaciones.

Los cuatro ediles de Vox, por su parte, han mantenido la posición anticipada en la fase de negociaciones y ha ejercido su voto en contra en lo que supone una primera escenificación de división o de diferenciación política respecto al PP del nuevo mandato municipal, que coincide, además, con el inicio de la campaña de las elecciones generales del próximo 23 de julio. 

Así, en último término, la disparidad en en esas posiciones políticas ha supuesto el primer divorcio en el bloque de centro-derecha después de cuatro primeros años de convivencia en la corporación en los que las dos formaciones han mantenido posiciones similares en la mayor parte de las decisiones: básicamente, todas salvo las relacionadas con los proyectos de mejora peatonal y calmado del tráfico de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), lo que incluye la propuesta de presupuestos de 2023 que no llegó a someterse a votación por falta de respaldo mayoritario, o las conclusiones sobre la comisión de fiscalización de la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales.

Por partes. La encargada de defender la propuesta de revisión de retribuciones ha sido la portavoz del PP, Mari Carmen de España, quien ha justificado la decisión en la necesidad de "dignificar" el ejercicio de la política y de evitar las diferencias existentes respecto a los emolumentos ya vigentes en los ayuntamientos de València y Castellón, superiores a los establecidos en Alicante hasta ahora. Además, ha mantenido que el planteamiento de mejora económica se extiende al conjunto de los concejales de la corporación, de acuerdo con el compromiso de "generosidad y de diálogo" manifestado por Barcala en el discurso de investidura. 

En esta línea, ha instado al conjunto de los grupos de la oposición, y en especial a los ediles de Vox, a dejar de lado posiciones electoralistas o demagógicas que, según ha asegurado, les equiparaba a los planteamientos defendidos por Podemos, para solicitar su voto a favor del acuerdo. Al margen de ello, ha anticipado que el reparto de retribuciones queda sujeto a posibles modificaciones en el momento en el que se pueda liberar una de las 14 dedicaciones exclusivas repartidas a los ediles del PP con la toma de posesión de la edil de Infraestructuras, Cristina García, como diputada provincial. Al respecto, ha anticipado que esa dedicación exclusiva quedaría reasignada al siguiente grupo político en términos de representatividad que ahora no dispondría de ese sueldo completo. Es decir, Compromís. Además, ha emplazado al PSOE a plantear esa misma posición en cuanto se produzca la incorporación de su edil Raúl Ruiz en la institución provincial.

En el turno de intervenciones de los grupos opositores, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha considerado que el acuerdo supone "un mal precedente" tras incidir en que el reparto que conlleva deja a su grupo (así como al de Compromís) sin sueldos en régimen de dedicación exclusiva, en base a una proporcionalidad respecto a los resultados electorales que ha considerado mal aplicada. Así ha señalado que los ediles del PP, con un 40% de los votos, va a disponer del 56% de los recursos económicos disponibles, mientras que su grupo, con el 5% de los votos contará con el 2,8% de esos recursos. En este sentido, ha incidido en que todos los grupos políticos deberían contar con los recursos suficientes para poder trabajar en la mejora de la ciudad y ha incidido en que, en su caso, tendrá que multiplicarse para poder participar en todas las comisiones y foros de trabajo sin disponer de un sueldo en dedicación exclusiva. Así, ha detallado que, al término del mandato, esa diferenciación supondrá que perciba hasta 64.000 euros menos que el resto de portavoces de la oposición.

El PP se compromete a reasignar una de sus dedicaciones exclusivas a Compromís en el momento en el que su edil Cristina García tome posesión como diputada provincial

Al tiempo, también ha remarcado que "la situación económica actual es complicada" por lo que ha considerado que habría sido más razonable que se promoviese un incremento similar al que se está planteando en las negociaciones colectivas, de entorno al 3%, en lugar de una propuesta que suponga un 10% de incremento efectivo respecto a las retribuciones de 2023.

En segundo lugar, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha abundado en las dificultades que supone que los dos representantes de su grupo (él y la edil Sara Llobell) tengan que participar en más de 40 mesas de trabajo, por lo que ha coincidido con De España al considerar necesario que se dignifique la política con la asignación de retribuciones adecuadas. Así, ha instado al PP a procurar, como mínimo, la disposición de recursos económicos y materiales necesarios para los grupos de la oposición, en lo que se incluye las plazas para disponer de asesores, sin caer en discursos demagógicos, y ha apremiado al primer edil a cumplir su palabra al respecto.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, por su parte, ha sostenido que el incremento retributivo de los concejales "no es una prioridad en este momento", marcado por la crisis inflacionista y cuando muchas familias "tienen que decidir entre llenar la nevera o llenar el depósito", ha expuesto. Así, ha negado que la posición de su partido esté influenciada por el contexto electoral y ha apuntado que, de hecho, "el discurso que viene manteniendo el señor Feijóo es el de que estamos en una situación crítica", por lo que ha incidido en que no resulta procedente "aumentar el gasto público" para justificar su voto en contra.

Falta de regulación

Por último, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha abogado por no hacer demagogia y ha defendido que el debate sobre la asignación de retribuciones de los cargos públicos debe afrontarse desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con una regulación específica ajustada a criterios como la población o el presupuesto municipal que maneje cada administración, para atajar las polémicas que suelen plantearse cada cuatro años, al existir solo unas directrices con límites máximos fijados a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada año. Con todo, ha asegurado que el PSOE sería coherente en su planteamiento, para acabar votando a favor.

Con el acuerdo refrendado en pleno, el alcalde pasará a percibir un sueldo bruto anual de 82.519,51 euros y los 13 concejales del PP percibirán 67.637,26. Los portavoces de los grupos de la oposición que dispongan de dedicación exclusiva cobrarán 64.562,84, mientras que el resto de ediles opositores que dispongan de un sueldo completo, cobrarán 57.519,63. Los concejales que cuenten con un sueldo en régimen de dedicación parcial, dispondrán de un salario de 43.149,65 euros. Con todo, los portavoces municipales que estén en esa situación cobrarán un plus adicional que elevará esa cifra hasta los 48.422,13 euros.

Por lo demás, en el pleno también se ha refrendado la propuesta de configuración de comisiones municipales permanentes y el régimen de sesiones plenarias, que se continuarán celebrando a las 9:30 horas del último jueves de cada mes. En ese caso, los acuerdos han quedado aprobados por unanimidad.