ALICANTE. El concurso de anteproyectos convocado por la Diputación Provincial para seleccionar el diseño del futuro centro de congresos de Alicante se enfrenta a otro contratiempo hasta cierto punto previsible ante la intensa concurrencia de participantes registrados. El proceso queda ahora temporalmente en manos del órgano del Ministerio de Hacienda competente sobre la resolución de impugnaciones en materia de contratación pública, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), después de que uno de los gabinetes de arquitectura que presentó oferta haya recurrido su exclusión del concurso.
El TACRC no solo ha admitido a trámite esa impugnación, sino que también ha acordado la suspensión cautelar del procedimiento hasta analizar los motivos en los que se fundamenta dicho recurso para concretar si debe ser estimado. Y en consecuencia, si procede que la propuesta del gabinete recurrente sea readmitida para ser evaluada por el jurado de expertos que pilota las evaluaciones de los 121 proyectos admitidos a cierre de plazo. La paralización se justifica, así, en la medida en que la exclusión del proyecto presentado por el gabinete recurrente supondría un perjuicio "de difícil o imposible reparación" en el supuesto de que concluyese el procedimiento de estudio de las ofertas admitidas y se fallase el resultado del concurso, sin tener en cuenta la propuesta del gabinete responsable de la impugnación.
En principio, la resolución del tribunal no debería demorarse más allá de entre dos y tres meses, al ser ese plazo el habitual para resolver sobre recursos análogos. En todo caso, está por ver si ese aplazamiento puede tener o no alguna implicación sobre los tiempos previstos para la baremación de las ofertas. Hasta ahora, la Diputación había acordado una prórroga para la emisión del fallo del concurso hasta el 30 de abril dada la complejidad a la que se enfrenta el jurado para tener que revisar y valorar el conjunto de los proyectos que optan a definir el edificio. Así se acordó en una resolución conocida el pasado mes de noviembre, como informó este diario.
En esa resolución fue, precisamente, en la que también se concretó la exclusión de quince ofertas presentadas por otros tantos gabinetes o despachos de arquitectura aspirantes que no cumplían las bases de la convocatoria en sentido estricto. En concreto se aludía a tres causas de inadmisión: la imposibilidad de descifrar la documentación presentada, al haberse registrado de manera parcial a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público; su registro únicamente en paneles en repositorio, sin haberse presentado a través de dicha plataforma; e, igualmente, su registro en soporte físico, sin pasar por la misma plataforma, como se establecía en la base 13 del concurso.
A partir de esa primera criba, quedaron fuera las propuestas de registro anónimo (para garantizar la igualdad de todos los aspirantes) que partían con los siguientes lemas: Polifem, puerto de Alicante, 8X552, Rorcual, 48754dara, 6 caixes, aaa, ABCDE, ACCCConcurso Centro de Congresos de Alicante, IE23C, mmcercos, Ojo De Alicante, Parque de congresos, Tarde de sol paz de aldea y BWV. Por el momento, no ha trascendido cuál de esas 15 propuestas inadmitidas es la que habría presentado recurso ante el TACRC, con la intención de seguir optando a un contrato para el que se establece una contraprestación económica millonaria.
En concreto, como ya ha informado este diario, el diseño que finalmente resulte elegido obtendrá un premio inicial de 188.900 euros (impuestos incluidos) que se elevarán hasta los 6.771.303,56 (sin impuestos) tras la adjudicación del encargo de redacción de proyecto de ejecución y dirección de obra, a través de un procedimiento negociado sin publicidad. El importe de ese contrato ascenderá, en realidad, a más de 8,1 millones (8.193.277,31 euros) tras la aplicación del 21% de IVA. Además, se establece un segundo premio de 72.600 euros; otros 48.400 para el tercero; y de 18.150 para un primer y un segundo accésit, respectivamente.
La propuesta que resulte seleccionada por el jurado de expertos tendrá un plazo de seis meses para la redacción del proyecto de ejecución, de modo que será a partir de entonces cuando pueda convocarse el concurso para la contratación de sus obras, en el último tramo de este año, en un proyecto en el que también se incluye la construcción del nuevo centro operativo de Suma (el organismo tributario de la Diputación). El cumplimiento de esos plazos habrían llevado al actual Consell, compuesto por PP y Vox, a no proveer ninguna partida específica concreta para poner en marcha esa licitación en los presupuestos autonómicos de 2024, según concretó el propio presidente, Carlos Mazón, en respuesta a las críticas formuladas por los partidos opositores al respecto.
Con esa programación, los trabajos propiamente dichos podrían iniciarse en la primera mitad de 2025, lo que sí exigiría que se dotase de fondos para su cobertura en las cuentas de ese próximo ejercicio. Como se ha venido informando hasta ahora, el presupuesto estimado para su construcción asciende a 50 millones en el caso del edificio del centro de congresos y de otros 15 para las instalaciones de Suma, en una financiación que debería quedar asumida por la institución provincial en dos tercios y por el Ayuntamiento de Alicante, en el tercio restante, a la espera de que pueda contarse también con posibles aportaciones de la Generalitat.
En todo caso, ese cronograma debería ir acompasado de la materialización de un acuerdo de naturaleza urbanística que resulta imprescindible como requisito previo. Se trata de la modificación del Plan Especial del Puerto de Alicante (PEPA) para dar encaje a la construcción de la nueva infraestructura turística. En principio, esa variación solo podrá acometerse en el momento en el que se haya elegido la propuesta ganadora y se disponga de las delimitaciones concretas sobre las características (volúmenes, superficie de ocupación de suelo, etc) del conjunto de edificios propuestos, a construir entre las explanadas de los muelles 7 y 9 del Puerto.
Por el momento, la Autoridad Portuaria ya ha promovido la modificación de las Determinaciones de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) con los parámetros básicos identificados en las bases del concurso para amparar el desarrollo de esos inmuebles, en un trámite que ahora estaría pendiente de validación por parte de Puertos del Estado.
Esos parámetros iniciales ya son conocidos. El edificio destinado a albergar el centro de congresos deberá incluir un área de exposición a modo de vestíbulo de 2.000 metros cuadrados, otra zona de registro, guardarropía y oficinas gestión de otros 800 metros; un auditorio con un aforo mínimo de 2.000 personas de unos 3.500 metros; otro auditorio para 500 personas de 1.200 metros y un tercer auditorio concebido como sala de conferencias con capacidad para 300 personas de otros 600 metros.
Además, se debe dar cabida a despachos para los ponentes en un espacio de 200 metros, una sala VIP con la misma superficie, hasta ocho salas de comisión sobre 400 metros, un salón multiusos para 300 personas sobre 600 metros y una sala de prensa de 200 metros. Todo se extenderá sobre una superficie máxima de 18.000 metros cuadrados.
Por lo que respecta al centro operativo de Suma, se establece que deberá contemplarse un área de oficinas para 150 personas sobre un área de 3.000 metros, otra zona para la atención online para 65 personas sobre 400 metros y despachos dirección con capacidad para 20 personas de 400 metros. Todo en una superficie máxima de 5.000 metros cuadrados. Por último, se incorpora como tercer requisito la provisión de un aparcamiento para unas 300 plazas sobre una superficie máxima de 7.000 metros cuadrados.
Por último, las bases del proceso también concretan que la superficie máxima edificable, incluidos los espacios bajo rasante será de 30.000 metros cuadrados, y se detalla que podrá optarse por diseñar uno o varios inmuebles interconectados siempre que se garantice la accesibilidad peatonal, que esos edificios no suponen una barrera física para recorrer todo su perímetro.