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el polémico empresario continúa con el proceso de relevo generacional

Ortiz sitúa a sus tres hijos al frente de la 'joya de la corona' de Cívica: la empresa de contratas

1/05/2019 - 

ALICANTE. El controvertido constructor alicantino Enrique Ortiz continúa quemando etapas en su proceso de relevo generacional. Como ha contado Alicante Plaza, el empresario inició hace unos meses un goteo de relevos al frente de la multitud de sociedades que forman su entramado empresarial, con dos de sus hijos como protagonistas: Laura y Enrique Ortiz Carratalá. Sin embargo, en el caso de Cívica Construcciones y Contratas, la 'joya de la corona' de su holding, Ortiz ha decidido contar también con su hija menor, Elena Ortiz Carratalá.

Así consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de Alicante de este martes, que recoge el cese del constructor, procesado en el Caso Brugal, como administrador único de la mercantil, y la formación de un consejo de administración con sus tres hijos y Laura Ortiz como presidenta. Enrique Ortiz hijo y la propia presidenta ejercerán además como consejeros delegados mancomunados de la sociedad, que tiene al cuñado del constructor, Miguel Carratalá, como secretario.

La misma fórmula, con idéntica composición, es la que ha escogido Ortiz para plasmar su relevo generacional en otra de las sociedades que se dedican a prestar servicios a la administración: Cívica Servicios y Medio Ambiente. Las dos firmas de contratas del grupo contarán así a partir de ahora con un consejo de administración formado por todos los hijos del polémico empresario y su cuñado, mientras Ortiz da un voluntario paso al lado. La fórmula de administración escogida para estas dos mercantiles es algo distinta a la aplicada en marzo en Cívica Fomento Inmobiliario y Hormigones Tizor: en estos casos, Ortiz situó a sus dos hijos mayores como administradores solidarios.

Cívica Construcciones y Contratas es la empresa del entramado de Ortiz que participa en la UTE encargada de la limpieza viaria de Alicante, con un 30% de la sociedad, junto a FCC y Cespa, a partes iguales, y un 10% de Inusa (que a su vez está participada de nuevo de forma proporcional por las tres empresas socias de la UTE, con Cívica en minoría, y al frente de la cual ya estaba la hija mayor de Ortiz, tras su primer movimiento para el relevo generacional). En cuanto a Cívica Servicios y Medio Ambiente, se trata de una segunda gran pata del grupo encargada de gestionar también participaciones empresariales en concesiones municipales, como los aparcamientos.

6,1 millones de beneficio anual

Estas dos firmas, junto a Cívica Desarrollo y Gestión de Suelo, centrada en la promoción inmobiliaria, forman las tres patas del entramado que pende de la sociedad holding, Grupo Cívica Construcción y Servicios del Mediterráneo, el antiguo Grupo Ortiz, y que dirigen las participaciones del empresario en el resto de sociedades que ha ido creando a lo largo de los años. Cívica Construcciones y Contratas se anotó un beneficio de 3,6 millones de euros en 2017, mientras que Cívica Servicios y Medio Ambiente ganó 2,4 millones. Así consta en las últimas cuentas aprobadas por la sociedad holding, que recoge asimismo un beneficio de 95.000 euros para la empresa de gestión de suelo, Cívica Desarrollo y Gestión de Suelo. En total, 6,1 millones netos. A partir de ahora, todo este entramado estará dirigido por un consejo con Laura Ortiz al frente.

Como ha contado este diario, el empresario lleva tiempo queriendo 'jubilarse' y deseando apartarse de la primera línea. No solo se ha ido retirando progresivamente de la rama de negocio de las concesiones (siempre bajo sospecha por los casos de corrupción que han salpicado al empresario). También quiere que el protagonismo recaiga cada vez más sobre sus hijos y especialmente sobre su primogénita. El plan estratégico de Cívica pasa por centrarse en los próximos años en la promoción, como está haciendo en el PAU-2 o Vistahermosa en estos momentos.

El empresario llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable en el caso de la financiación del PPCV (una de las ramas del Caso Gürtel), al admitir que había realizado pagos irregulares al partido, y de esta forma no tener que entrar en la cárcel. Ahora se enfrenta al juicio por el amaño del PGOU, que se ha vuelto a aplazar por uno de los recursos de la exalcaldesa Sonia Castedo, con el problema de que una segunda condena de cárcel sí implicaría su entrada en prisión. No obstante, fuentes próximas desvinculan este movimiento del posible desenlace del juicio, que aún no tiene fecha de celebración, y lo vinculan simplemente al deseo de Ortiz de 'jubilarse'.

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