FOTO PEPE OLIVARESELCHE. Había expectación en el comienzo de la vista oral del denominado caso de los uniformes de la Policía Local de Santa Pola, por que desde este lunes se juzga en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, las supuestas irregularidades en la contratación de la uniformidad de la Policía Local entre 2011 y 2015. Era de esperar que las defensas presentaran varias cuestiones de supuesta vulneración de derechos fundamentales hacia los acusados, pero a la primera, el juicio ha quedado suspendido.
Y es que la defensa del jefe de la Policía Local de Santa Pola, José Miguel Zaragoza, y el oficial Roque Alemañ, ha recusado a dos de los jueces del tribual por supuesta parcialidad supuestamente mostrada en autos que resolvieron a lo largo de la instrucción. Los magistrados recusados son José Teófilo Jiménez Morago -presidente de la propia sección séptima- y Juan Francisco Saravia Aguilar.
El letrado José Pedro González ha esgrimido dos autos, de 2020, redactados por los magistrados citados, en la que resolvían cuestiones de la instrucción con un lenguaje que deja entrever falta de imparcialidad en sus resoluciones. En concreto, José Pedro González ha llegado a decir que los magistrados habían llegado a "tomar postura", se entiende, que en contra de los acusados, con afirmaciones que dan por hecho determinadas decisiones.
A la petición de González se han adherido las otras tres defensas: la de los ex concejales Antonio Pérez Huerta y Andrés García Baile y el de los integrantes de la empresa Uniformes Riera. Se ha producido un receso de 30 minutos para que el fiscal se pronunciara, pero finalmente, la vista ha quedado suspendida hasta que el tribunal delibere sobre la cuestión planteada. De esta manera, el calendario, que comenzaba el próximo lunes 25 de septiembre hasta marzo de 2024, queda todo en el aire a la espera de que se resuelva esta primera cuestión de posible vulneración de los derechos fundamentales, que al parecer no será la primera.
Hay que recordar que la Audiencia juzga las posibles irregularidades en la compra de material para la Policía Local de Santa Pola, fundamentalmente, uniformes entre 2011 y 2015, a raíz de las pesquisas llevadas a cabo en su día por la Udef. Entre los acusados están el actual intendente de la Policía Local, José Miguel Zaragoza; el oficial Roque Miguel Alemañ; el agente Alfonso Aracil y a los ex concejales Antonio Pérez Huerta y Andrés García Baile. Los otros acusados son los responsables de las empresas Uniformes Riera La Fiscalía pide penas que oscilan entre los tres y cuatros años de prisión y varios años la inhabilitación por los delitos continuados de prevaricación, fraude y malversación.
