Los ediles que forman parte de la comisión de fiscalización del contrato.ALICANTE. La quinta sesión de la comisión de fiscalización sobre la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales comienza a perfilar la adopción de medidas que permitan penalizar a la UTE concesionaria del servicio: la alianza empresarial formada por Clece y Fissa. En concreto, los grupos de la oposición han solicitado la emisión de un informe jurídico en el que se determine si el Ayuntamiento está capacitado para retener la fianza depositada por la UTE en cuanto asumió la prestación, en febrero de 2018, con el propósito de poder establecer hipotéticas penalizaciones. La suma aportada entonces ascendió a 712.748 euros. Es decir, prácticamente el importe de una certificación mensual. En principio, la propuesta también ha contado con el respaldo del equipo de Gobierno, el bipartito compuesto por PP y Cs.
La petición se ha acordado a la vista del testimonio ofrecido por el funcionario que ejerció como primer responsable del contrato, Jesús Rubio, en su segunda comparecencia ante la comisión, que se ha producido este lunes a petición propia. En resumen, a lo largo de tres horas, Rubio ha desvelado dos circunstancias básicas que no puso de manifiesto en su primera declaración ante los ediles que conforman la comisión, hace un mes. En primer lugar, ha asegurado que su labor como responsable del contrato quedó coartada a partir del verano de 2018 por la intervención del jefe del Servicio de Infraestructuras, Javier Maestre, y del concejal que entonces asumía las competencias sobre la materia, el popular Israel Cortés (ahora fuera de la corporación municipal). Según Rubio (que ha apoyado sus manifestaciones mediante la entrega de copia de varias comunicaciones cruzadas entre él y los responsables de UTE Limpal, y entre él y Maestre y Cortés), el funcionario y el político mantuvieron contactos con la empresa concesionaria sobre los términos en los que debía desempeñar el servicio sin que él tuviese conocimiento e interfirieron en sus funciones para darle "un balón de oxígeno al contratista y creando un canal de comunicación oficioso". A partir de entonces, según ha explicado, se sintió desautorizado y todos sus intentos para exigir el cumplimiento del contrato fueron en vano.
Y en segundo término, Rubio ha apuntado que, como mínimo, el presunto incumplimiento del pliego de condiciones por parte de UTE Limpal se evidenció a partir de dos cuestiones objetivas, sin entrar a evaluar la calidad del servicio, ni las actas de la inspectora municipal, ni las quejas formuladas desde los propios centros escolares sobre las deficiencias en la limpieza. ¿Cuáles son esas dos faltas básicas? Primero, no haber mantenido el 100% de la plantilla durante los meses de verano (julio, agosto y septiembre), como establece el pliego, para poder hacer frente a los servicios ordinarios y a la limpieza extraordinaria (también prevista en el pliego) de los centros escolares en periodo no lectivo. Y segundo, no haber aportado los sistemas de control presencial de los trabajadores para poder analizar las horas de servicio prestadas, pese a que también se trataba de un requisito del pliego y de uno de los compromisos adquiridos por UTE Limpal en su propia oferta.
En esta línea, ha reiterado que esa circunstancia fue la que le llevó a tomar la determinación de plantear el inicio de un procedimiento sancionador por una falta grave, de modo que elevó una propuesta al órgano gestor (la propia Concejalía de Infraestructuras) para que se confeccionase la correspondiente memoria y propuesta de acuerdo para que fuese considerada por la Junta de Gobierno (el órgano de contratación competente para establecer las sanciones). Esa propuesta se formuló a finales de marzo aunque ha dicho desconocer qué recorrido tuvo porque fue cesado y apartado de su función como responsable del contrato a principios de abril. Además, ha precisado que también había preparado una segunda propuesta sancionadora por un incumplimiento "muy grave" por la reiteración del conjunto de faltas en la prestación del servicio que había ido acumulando.
A partir de esas explicaciones, los grupos políticos han acordado solicitar la emisión del citado informe jurídico sobre la posibilidad de retener la fianza a UTE Limpal y, al tiempo, han pedido la comparecencia de los concejales que han asumido competencias sobre el área de Infraestructuras desde que UTE Limpal se hizo cargo del servicio. Se trataría de la exedil socialista Gloria Vara, del exconcejal popular Israel Cortés y, por último, del actual responsable del departamento, el también popular José Ramón González, que participa en la comisión como su presidente. En principio, los tres deberían asistir a la próxima sesión de la comisión, señalada para el lunes 9 de marzo. Con todo, González habría precisado que solo comparecería para responder las preguntas que se le formulasen si también lo hacían sus dos predecesores: Vara y Cortés.
Al margen de cuál sea la respuesta que faciliten Vara, Cortés y González a esa petición de comparecencia, lo cierto es que el relato ofrecido por Rubio ha llevado a los grupos que ejercen labores de oposición (PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox) a apuntar ya la posible existencia de incumplimientos claros en la labor desarrollada por UTE Limpal.
En concreto, Rubio ha detallado -con abundante soporte documental sobre la información que había ido acumulando como responsable de la ejecución del contrato- que los responsables de UTE Limpal presentaron una programación de contrataciones de verano en la que solo se planteaba cubrir el 28% de la plantilla durante el mes de julio y el 72% en agosto. Según Rubio, él se negó a aceptar esa programación, aunque ha apuntado que Cortés y Maestre le citaron para mantener una reunión y le plantearon que debía ser "flexible" con ese requisito, ya que UTE Limpal se encontraba en una situación en la que los trabajadores habían planteado un conflicto colectivo.
Rubio ha sostenido, además, que él mismo se encargó de realizar una visita de inspección de los centros escolares tras el verano, cuando se debía haber realizado la limpieza en profundidad establecida en el pliego, y pudo comprobar numerosos incumplimientos que también le habían trasladado desde los centros escolares.
Según sus explicaciones, ya en septiembre de 2018, realizó una simulación para abonar a UTE Limpal la cantidad de 395.000 euros, en lugar de los 718.000 euros que correspondían cada mes en concepto de la certificación mensual del servicio. Sin embargo, ha apuntado que finalmente no llegó a aplicar esa minoración por no tener seguridad jurídica, solicitando la apertura de un expediente de averiguación de hechos. En ese momento, cuando recibió la última documentación reclamada a UTE Limpal, él sí accedió a firmar las certificaciones de los meses de verano que no había firmado hasta ese momento. No obstante, también ha señalado que, finalmente, ese expediente de averiguación se cerró en marzo sin que tuviese ninguna consecuencia.
El exresponsable del contrato sostiene que el interventor devolvió la certificación de marzo después de que él pusiese reparos a su pago al no poder comprobar que UTE Limpal cumpliese con todas sus obligaciones como las horas de servicio previstas
En todo caso, ha apuntado que, en marzo de 2019, él si trató de promover ese primer expediente sancionador, al tiempo que autorizó el pago de la certificación en la que expresaba una serie de reparos para su abono relacionados con las obligaciones del pliego que él no había podido comprobar al carecer de las herramientas necesarias (el sistema de control presencial de los trabajadores de la UTE necesario para evaluar las horas de trabajo prestadas). Según ha indicado, el 11 de abril de 2019 le fue remitido un informe de fiscalización por parte del interventor por el que se devolvía la factura y se pedía la subsanación de esos reparos. Sin embargo, ha señalado que él ya no pudo saber qué pasó con esos reparos puesto que fue cesado cuatro días después. En esta línea, también ha sostenido que tampoco sabe si la propuesta de acuerdo sobre el expediente sancionador llegó a elevarse a la Junta de Gobierno.
Por último, a preguntas del portavoz de Vox, Mario Ortolá, Rubio ha sostenido que la Ley de Protección de Datos no suponía ningún obstáculo para que UTE Limpal instalase el sistema de control presencial al que quedaba obligado por contrato, ya que bastaba con informar a la Agencia de Protección de Datos que la información recopilada iba a tener uso solo a efectos de seguimiento de la prestación.
Además, a preguntas de la concejal socialista Llanos Cano, ante las discrepancia entre su declaración y la del jefe de Servicio, Javier Maestre, respecto a su cese como responsable del contrato, Rubio ha declarado que él no pidió ser cesado, pero sí dijo en una reunión celebrada con Israel Cortés en septiembre de 2018 que, ante las "presiones" que estaba sufriendo por parte de sus superiores jerárquicos para firmar los abonos, podían buscar "una persona sin escrúpulos o con menos escrúpulos para que os certifique".
Por su parte, el portavoz municipal del PSPV-PSOE, Paco Sanguino, ha apuntado, a través de un comunicado posterior al desarrollo de la comisión, que "tal como se ha evidenciado en la sesión de hoy el control de presencia es el medio habitual que utilizan en otros ayuntamientos para poder hacer un seguimiento y además es indispensable para hacer una fiscalización del contrato". A su juicio, "el hecho de que no hubiera control de presencia y de que tampoco hubiera un sistema de gestión de servicio, junto con que por parte de la concejalía no se ha dado ninguna credibilidad a la inspectora de limpieza ni a las quejas insistentes de los colegios, han provocado esta situación".
Por último, el presidente de la comisión y edil de Infraestructuras, González, ha apuntado -también a través de otro comunicado posterior- que la declaración de Rubio ha puesto de manifiesto que "no se realizó un estudio económico previo de la valoración de los nuevos servicios para esta contratación, y que sólo el coste del personal y la plantilla ya excedía en 250.000 euros más". En esta línea, se ha preguntado de modo retórico sobre "qué tipo de pliego se hizo para contratar un servicio público que no cubría ni los gastos totales del personal de la plantilla".
González ha insistido en que Rubio ha señalado que "el contrato con el coste de la plantilla era de 14.500.000 euros y se adjudico en 14.250.000 con una perdida de 250.000 euros del capítulo 1 de personal, y a esto había que sumarle los gastos de los medios materiales, los productos de limpieza y la nueva maquinaria, por lo que él pensó que se quedaría desierto".
