ALICANTE. El antiguo complejo industrial de la refinería de La Británica continuará estando a disposición del Ayuntamiento de Alicante en las mismas condiciones planteadas hasta ahora, sin que se tenga constancia de ninguna situación que entrañe riesgo para su uso público. Así lo confirmaron este lunes portavoces del Ministerio de Hacienda en Alicante, a consulta de este diario, tras incidir en que no se tiene por acreditada la existencia de gas radón ni de ningún otro elemento asociado a la actividad original de las galerías, al margen de la referencia señalada en una tesis doctoral realizada dentro del programa de Doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible del Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante (IUACA), en el año 2017.
Ese fue el estudio al que aludieron tanto la edil de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, como el alcalde, Luis Barcala, en el transcurso del pleno ordinario de febrero, el pasado jueves, en respuesta a una pregunta formulada por el grupo municipal de Compromís sobre cuándo se preveía completar los últimos trámites requeridos por el Ministerio para que pudiese completarse la cesión del conjunto patrimonial al Ayuntamiento. Gómez y Barcala señalaron que el equipo de gobierno estaba interesado en asumir la gestión de La Británica siempre que, antes, se garantizase que reunía condiciones de seguridad y que fuese el ministerio -como titular de la práctica totalidad de las parcelas en las que se asientan las instalaciones- quien regularizase la inscripción registral de los terrenos, a la vista de que existe al menos una parcela adscrita a un particular desde finales del siglo XIX, sin transferir esa responsabilidad al Ayuntamiento.
Portavoces del Ministerio de Hacienda señalaron al respecto que en los más de siete años transcurridos desde que se inició el proceso de solicitud de cesión de uso del complejo ni el Ayuntamiento, ni ninguna otra instancia ha planteado la existencia de hipotéticos elementos de riesgo que requiriesen una posible actuación de descontaminación, de los que el propio ministerio no tiene conocimiento oficial. De hecho, según las mismas fuentes, nunca se ha llegado a analizar la posible presencia de elementos de riesgo como el gas radón, puesto que no se ha elevado ninguna petición formal para que se elaborase un informe sobre ello.
Por lo pronto, en la tesis doctoral ya referida, bajo el título de La calidad del aire en la arquitectura histórica y civil de la ciudad de Alicante. El radón como elemento constructivo, se apuntaba la presencia de "alto contenido de gas radón" tanto en las galerías de La Británica como en el túnel subterráneo del tranvía que cruza la Serra Grossa, tras analizar lugares de la arquitectura histórica y civil de la ciudad de Alicante, que, en su mayor parte, "están en contacto con el terreno".
Así se señala en el extracto informativo de la tesis publicado entonces, en el que se detalla que las zonas objeto de estudio en fueron las zonas del núcleo urbano en las que se encuentran los Refugios de la Guerra Civil Española, el Castillo de Santa Bárbara, el polvorín de la Ereta, el túnel ferroviario Marq-Castillo, los depósitos de la Británica y el túnel ferroviario de Alicante norte, en servicio desde finales de 2018.
Entre las conclusiones de la tesis reseñadas en el mismo extracto se apunta que "en las mediciones realizadas en los Refugios, Polvorín, túnel del Monte Benacantil y Castillo de Santa Bárbara, los resultados fueron óptimos o susceptibles de supervisión en la mayoría de casos, exceptuando alguno puntual". Y respecto a los depósitos de la antigua refinería y el túnel de la Serra Grossa -en el momento del estudio, todavía en fase de obras-, se apunta que esa concentración de gas se resolvería "con una mejor ventilación" que, necesariamente, tendría que ser "una ventilación forzada" al no existir oberturas suficientes para que se produjese de forma natural.
Sea como fuere, portavoces del Ministerio de Hacienda y Patrimonio en Alicante señalaron que tampoco se tendría constancia de la existencia de restos de combustible en la antigua refinería y que, igualmente, nadie los habría referido hasta ahora desde que se produjo el registro de la solicitud de cesión de uso, en el año 2016. Esa petición se planteó bajo el mandato del tripartito formado por PSOE, Guanyar y Compromís y se ha mantenido en trámite hasta el pasado mandato, bajo el gobierno del bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs).
De hecho, fue en esa última etapa en la que se completó el proceso administrativo ajustado a los requisitos del ministerio, cuando se elevó la propuesta de Plan Director de Uso en el que se concretaba el destino que se pretendía dar a las instalaciones, en el supuesto de que se aprobase su puesta a disposición municipal.
Fue en respuesta a la remisión de ese Plan Director, en julio de 2022, cuando el ministerio comunicó la aceptación de la solicitud de cesión, siempre y cuando el Ayuntamiento asumiese el trámite ya citado de regularización de la inscripción registral de los terrenos. Un trámite que no se ha cumplimentado desde entonces.
Al respecto, las mismas fuentes apuntaron que la delegación de ese trámite al solicitante de la cesión del bien sería el proceso apuntado por la Abogacía del Estado, previa consulta del ministerio, sin que -al menos por el momento- se contemple la posibilidad de que sea Patrimonio quien asuma la regulación registral, después de que no se haya localizado a los herederos del propietario al que se atribuye un porcentaje mínimo del conjunto de los terrenos.