El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una visita a las cocheras de Masatusa. Foto: Ayuntamiento de AlicanteALICANTE. El Ministerio de Justicia sale al quite del Ayuntamiento de Alicante y elimina otro obstáculo para que pueda licitarse el servicio de transporte público en autobús. Y no precisamente un escollo menor, ya que afecta al futuro de las cocheras adscritas al funcionamiento de la prestación. Las instalaciones, situadas en el barrio del Garbinet, pertenecen a Masatusa, la empresa a cargo del servicio desde 1969. Pero no ha sido hasta ahora cuando la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha avalado que su titularidad pase a manos del Ayuntamiento, en cumplimiento de la cláusula de reversión que figuraba en el contrato suscrito hace 52 años para cuando se produjese el vencimiento de su duración.
En concreto, en una resolución fechada el 5 de enero, la responsable de la dirección general, Sofía Puente, estima el recurso presentado por el equipo de gobierno (el bipartito compuesto por PP y Cs) y revoca la nota de calificación del Registro de la Propiedad de Alicante número 1 en la que se denegaba la inscripción del derecho de reversión de las fincas en las que se encuentran las cocheras a favor del Ayuntamiento en el momento en el que se produjese la extinción del contrato. O lo que es lo mismo: se ampara que las dependencias que sirven de sede central operativa del servicio queden asumidas por la administración para que puedan seguir utilizándose con ese fin.
En esta línea, la dirección general rebate el criterio esgrimido por el Registro de la Propiedad, por el que se rechazaba dejar constancia de la reversión de las cocheras en favor del Ayuntamiento con el argumento de que esas instalaciones se sitúan en "fincas que nunca fueron de su titularidad, sino de la empresa concesionaria". Lejos de eso, la resolución del ministerio ratifica que las fincas deben inscribirse a nombre del Ayuntamiento, puesto que en el propio pliego de condiciones del contrato suscrito con Masatusa se estableció que "terminado el plazo de la concesión revertirán al Ayuntamiento en perfecto estado de uso y funcionamiento la totalidad de las obras, vehículos, instalaciones y servicios adscritos a la concesión, es decir todos los elementos materiales de la explotación, los cuales pasarán a ser de exclusiva propiedad municipal sin que puedan ser retirados por el concesionario en beneficio de su patrimonio particular ninguno de los bienes necesarios para la debida continuidad del servicio".
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública estima el recurso municipal y corrige el criterio del Registro de la Propiedad para que las instalaciones sí puedan inscribirse a nombre del Ayuntamiento
Esa cláusula afecta, en consecuencia, tanto a la flota de autobuses como a las instalaciones que sirven para la realización de trabajos de limpieza y mantenimiento de esos vehículos, al margen de actuar como zona de estacionamiento fuera del horario establecido para la prestación. De no obtenerse la disponibilidad de esas dependencias, el Ayuntamiento debería incluir la disposición de otro emplazamiento capaz de cumplir esas mismas funciones en el nuevo pliego de condiciones del concurso. Eso sí, en ese caso, resultaría necesario aumentar el precio de la licitación para incorporar el coste asociado a ese nuevo requisito, con el consiguiente encarecimiento para las arcas municipales. Hasta ahora, ese coste no se había contemplado entre las obligaciones de los licitadores interesados en la concesión precisamente porque se contaba con utilizar las actuales dependencias.
Con la decisión adoptada ahora por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ese contratiempo queda disipado, lo que permite que el equipo de gobierno pueda avanzar en la redacción del nuevo pliego de condiciones sin tener que introducir nuevas modificaciones. Como ya ha informado Alicante Plaza, se prevé que la convocatoria del concurso pueda quedar aprobada entre finales de marzo y principios de mayo, por un precio estimado de 186 millones por diez años de duración, después de asumir los últimos cambios relacionados con el incremento de los costes salariales de los conductores (pactado en convenio el pasado diciembre), y con la separación del servicio de venta de títulos, que se licitará mediante un concurso independiente, con un coste adicional de 2,3 millones.
