Sede en la calle SolarsELCHE. Desde que en 2021 el Consell decidiera instalar la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) en Elche (unas 20.000 alegales en el Camp d'Elx se estimó), son 300 los municipios adheridos a este organismo. Un organismo que precisamente se instaló en la ciudad ilicitana, en parte, por su elevada cifra de construcciones en suelo no urbanizable. En consonancia, a día de hoy es el lugar de toda la Comunitat Valenciana donde más expedientes abiertos hay de vivienda ilegal en suelo no urbanizable, la competencia de esta agencia. Cinco de ellos con resolución de demolición, aunque con distintas casuísticas.
En este sentido, cabe destacar que las labores de la AVPT son las de disciplina urbanística, no las de minimización —proceso por el cual varias actuaciones de saneamiento se puede regularizar una vivienda en este suelo—, que quedan en mano de los ayuntamientos, y en Elche la acogida es constante. La agencia aquí sí puede asesorar, pero aunque no sea legal y haya un expediente de demolición u otro, una vez regularizada a través de esa minimazación, ya no puede intervenir en esa disciplina. Genera unos derechos. Así, los municipios que han cedido estas competencias a la AVPT van enviando casos a esta, o incluso denuncias particulares, como han llegado desde el municipio ilicitano. Una vez se analiza el caso, la agencia abre procedimiento y según la fase, se pueden imponer actuaciones coercitivas como sanciones o en los casos más gravosos, órdenes de demolición.
Las situaciones habituales por lo general son dos: una en la que se ha construido sin la licencia de obra pertinente, que implica un procedimiento sancionador (multa por no haber solicitado esa licencia), aunque se puede conceder un plazo según las características (por ejemplo si ha construido una casa con el mínimo exigible, 10.000 metros cuadrados), pero precisamente suelen actuar sin licencia porque no cumplen con los requisitos. El otro caso, más habitual, es el de ampliaciones de viviendas u otro tipo de construcciones por los cuales la persona se ha excedido más allá de aquello para lo que se le concedió la licencia. Por ejemplo una ampliación mayor de la prevista.
Así pues, Elche es el municipio que más expedientes abiertos en suelo no urbanizable: 141, por delante de València, que tiene 138. De esos 141 casos, cinco han acabado definitivamente con resolución de demolición. De estos, dos han restaurado voluntariamente, es decir, han dado marcha atrás con esa parte 'ilegal'; en otro expediente se ha pedido licencia al Ayuntamiento para que autorice demolición y otros no han hecho nada aún. Como explica el director de la Agencia, el abogado ilicitano Santiago Gambín Candel, "cuando dictamos la orden de restauración obligamos al propietario a que ejecute, y si no lo hacemos nosotros subsidiariamente". Eso sí, después se le pasa la factura, que va por vía ejecutiva autonómica. Y en los que el propietario no lo hace voluntariamente, antes de llegar al derribo subsidiario, la ley establece multas coercitivas hasta un máximo de diez, de entre 600 y 3.000 euros —dependiendo de la obra—, hasta que restaure, o finalmente se ordene la demolición. "Pueden ser multas cada tres meses", indica como ejemplo.
Al final, explica Gambín, "la intención es conseguir que haya las mínimas infracciones posibles, educar para que no haya más actuaciones de este tipo". En otras palabras, concienciar y desplegar un régimen sancionador "para que compense más cumplir la ley que lo contrario". Desincentivar el incumplimiento. Lo cual ha sido bastante frecuente en el Camp d'Elx. Además, en Elche hay otros 21 procedimientos para resolver y acordar la demolición. Y el resto, hasta los 141, están en distintas fases del procedimiento de instrucción. "Cuando nos llegan los casos por la denuncia del Ayuntamiento hay que notificar, comprobar la situación, elaborar un informe...", señala el director de la AVPT. Para ello cuentan con una plantilla de 17 personas en Elche (más dos inspectores en València, uno en Alicante y otro en Castellón) que incluye a inspectores que visitan la obra para comprobar la irregularidad. "Tenemos algunos expedientes ya a punto de incoar, otras con requerimientos previos para que legalicen, y otras, las más recientes, cuyo trámite aún no ha empezado".
Santiago Gambín, en un foro de Alicante Plaza en Elche / Foto: PEPE OLIVARESEn el caso ilicitano por ejemplo no se ha iniciado ningún procedimiento sancionador. O al menos aún no se han tramitado ninguno. "Se ha empezado con los de restauración, que son los más urgentes y con una caducidad más cercana, y que ya estaban empezados, antes tramitados por la Dirección General de Vivienda". Este régimen sancionador, más grave, no empieza hasta que finaliza el anterior coercitivo de hasta diez multas. "Puede suponer hasta el 50% del valor de la obra, depende de varios factores, cuándo ha empezado esta, en qué punto está", esgrime Gambín, aunque también hay bonificaciones similares a las de tráfico, una reducción de la multa si por ejemplo se paga pronto.
En total son diez proyectos de demolición encargados a nivel autonómico, y vienen de proyectos más antiguos, en los que se están agotando las sanciones permitidas. Así, el modus operandi, a pesar de generar conciencia, es también de vez en cuando actuar de forma tajante. "La función es crear disiciplina donde no había ninguna, así que será inevitable de vez en cuando enseñar los dientes", indica el abogado ilicitano, incidiendo en que el objetivo final es "cambiar la tendencia, que se haga menos". Por ahora, y tras haber empezado hace escasos tres años, está dando resultado. "De lo que hemos tramitado, hay sobre un 40% de restauración, o sea que sí se está creando conciencia". Casi la mitad ya ha derribado esas ampliaciones u obras que no estaban bajo el paraguas de una licencia. En cualquier caso, y como es previsible, en mayor o menor medida esto genera conflictos con los particulares; con los denunciados. Hay procesos de alegaciones y vías judiciales con contenciosos. "Claro que hay conflictividad, en la mitad de los casos que se incoan más o menos. Otros muchos son casos muy evidentes y no recurren".
Por otra parte, la creación de la AVPT en Elche también tenía el sentido de descentralizar la administración autonómica, y después de la sede provisional en la calle Solars en la zona del Salvador, esta ya se está quedando pequeña. Buscan nueva ubicación para instalarse a finales de año. La Agencia se empezó a dotar de personal a lo largo de 2022 y ahora son 22 personas, 17 en Elche y el resto en las tres capitales. "La sede ya no puede acoger más gente físicamente", indica Gambín.
Ahora mismo están negociando con varios sitios. Se busca un candidato con más de 400 metros. Algo que sea relativamente céntrico, porque la Agencia tiene un programa plurianual de 5 años "y uno de los requisitos que fuera cercano a otras administraciones". La previsión es llegar a las 32 personas a final de 2024, así que se irán cubriendo plazas este año, hacen falta más tramitadores jurídicos. A priori será en un inmueble o local en alquiler, antes el criterio autonómico era comprar; ahora es el arrendamiento. Eso sí, de los que se habló en su día, el edificio de la ONCE, enfrente de donde están ahora, está descartado por la inversión necesaria.
