El edificio de oficinas de Ciudad de la Luz, una de los emplazamientos centrales del llamado Distrito Digital. Foto: EVA MÁÑEZALICANTE. La puesta en marcha del llamado Distrito Digital, con la llegada escalonada de Indra y Accenture y de otras 60 empresas que ya se han sumado a la primera fase del proyecto, obliga a la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) a redoblar la búsqueda de espacios suficientes para poder ubicar a sus trabajadores, al margen de las sedes ya conocidas: el edificio de oficinas y el centro de estudios de Ciudad de la Luz y la planta baja de la terminal de cruceros del Puerto de Alicante.
Fuentes de la sociedad pública confirmaron a Alicante Plaza que en esos tres emplazamientos se dispone de capacidad para alojar a cerca de mil personas, lo que resultaría suficiente a corto y medio plazo para cubrir las necesidades de la primera oleada. Así, el centro de estudios podría acoger a 300 personas; el edificio de oficinas, otras 400; y la terminal de cruceros (en la que se prevé el desembarco de Accenture), otros 300. Sin embargo, se teme no poder atender la demanda de las empresas ya asentadas o de las nuevas que puedan incorporarse de forma progresiva a un año vista, en función de la respuesta que se ha provocado con la primera convocatoria de incentivos. En concreto, la prioridad es encontrar hueco para cerca de otros 500 trabajadores que podrían sumarse al proyecto en ese plazo.
Como avanzó este diario, el rastreo de locales en alquiler se activó el pasado mes de diciembre. Desde ese momento, se sondearon posibilidades como la del edificio del centro de negocios de la Casa del Mar. Y el proceso se ha ampliado después hasta el término municipal de Elche, con el impulso del proyecto Elche Campus Tecnológico. El perímetro de la búsqueda se circunscribe, en principio, a las dos ciudades de mayor densidad demográfica de la provincia, aunque, según fuentes de la SPTCV, no se descartan otras posibles ubicaciones.
En ese contexto, según confirmó el propio director general de la sociedad pública, Antonio Rodes, se ha producido una visita al centro comercial Panoramis, ahora en la última fase de su compra por parte de Medimotors Gestión, para "estudiar posibilidades". "Hemos pedido planos del edificio para evaluar opciones y valorar qué capacidad tendría, de qué recursos se dispondría, qué reformas resultarían necesarias y cuánto costarían en el caso de que fuese viable para el proyecto", apuntó. "Sólo entonces estaríamos en condiciones de negociar y podríamos valorar el precio que de alquiler que nos planteen, así que, de momento, no hay nada", explicó.
Lo cierto es que la posibilidad de reconvertir el edificio en un centro para la innovación ya se ha planteado abiertamente en el contexto del debate político. De hecho, fue una iniciativa defendida por el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante en el transcurso del seminario "La gobernanza en las relaciones puerto-ciudad" organizado por la Asociación por la Colaboración entre Puertos y Ciudades (RETO).
Hasta ahora, en el marco de la subasta del edificio de Panoramis (con motivo del proceso de liquidación de su concesionaria actual, Marina de Poniente), la propuesta oficiosa que se venía barajando para dar uso al complejo -propiedad del Puerto de Alicante- era su relanzamiento como centro comercial con una renovada oferta de restauración. Según las fuentes consultadas, esa era la base de la propuesta de Medimotors y del grupo hotelero de Muro, Vilaplana Pérez Hermanos, que acabó retirando su oferta en la última fase del proceso, tras una larga disputa sobre los requisitos de la convocatoria.
El paso atrás de Vilaplana Pérez facilitó que la administración concursal emitiese un informe favorable a la adjudicación de Panoramis a Medimotors, del empresario y expresidente del Hércules Juan Carlos Ramírez (socio del controvertido promotor Enrique Ortiz), como la única vía posible para recuperar parte de la deuda arrastrada por Marina de Poniente (una sociedad ya solo controlada por Ortiz, después de que se produjese la desvinculación de Vectalia). Medimotors planteó una oferta de 1,9 millones por el complejo, pese a que el agujero contraído por Marina de Poniente con la Autoridad Portuaria, con entidades de crédito y con el resto de acreedores superaba los 5 millones.
