SANT JOAN D'ALACANT. El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha dado un nuevo paso más en el control que está efectuando sobre la gestión de la parcela de titularidad municipal en Nou Nazareth y va a establecer unos determinados baremos para la adquisición de estas viviendas. Estos baremos están fundamentados en los que se establecerán para el acceso a las 525 viviendas en régimen de alquiler del sector de L’Alqueria, que ya anunció el alcalde Santiago Román el pasado mes de septiembre.

Los interesados, además de cumplir con los criterios recogidos en la normativa autonómica, deberán demostrar arraigo con el municipio de Sant Joan que se baremará por Ayuntamiento y promotora:

- Empadronamiento en el municipio, donde a mayor antigüedad, mayor puntuación. Se establecerá asimismo una baremación para las personas que, no estando empadronadas en la actualidad, lo hayan estado en años anteriores.

- Localización del centro de trabajo en el municipio, aunque no estén empadronados. Si bien este requisito tendrá una puntuación menor que la de estar empadronados

- Presencia de una o más personas mayores de 65 años en la unidad de convivencia.

- Por cada persona con discapacidad igual o superior al 33% en la unidad de convivencia.

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha señalado que antes de que la promotora que finalmente desarrolle las viviendas y de que obtenga la calificación provisional para su comercialización por parte de la Conselleria de Vivienda, el Ayuntamiento habilitará un registro de demandantes de vivienda para que los interesados puedan transmitir desde una fecha concreta su interés por adquirir una de estas viviendas.

Román ha manifestado que “con todas estas medidas vamos a garantizar que, cuando comience realmente el proceso de adquisición de viviendas se cumplan los principios de seguridad jurídica, transparencia y arraigo. Nuestro compromiso sigue siendo que los santjoaners y les santjoaneres accedan a una vivienda protegida de su municipio”.

Cabe recordar que sigue abierto el plazo de audiencia legal otorgado a la promotora, tanto por el Servicio Territorial de Vivienda como por el Ayuntamiento de Sant Joan, para la presentación de alegaciones por la presunta comercialización irregular de viviendas denunciada por ambas administraciones.