ALICANTE. La crisis del sector bancario, los procesos de concentración de bancos y cajas de ahorros, y los propios planes de eficiencia de las entidades han dejado a un buen número de municipios de España sin oficina de entidad alguna, y en algunos casos incluso sin un simple cajero automático. El 48% de los pueblos del país no tiene banco, después de que entre 2008 y 2016 cerrasen 17.000 oficinas, o lo que es lo mismo, el 35% de la red que existía antes de la crisis.
En la Comunitat Valenciana hay 164 municipios sin oficina, una situación que afecta al 1,2% de la población. El problema, es cierto, es mucho más acusado en autonomías como Castilla y León, donde son más de 1.700 municipios y el 14% de sus vecinos los que no tienen una oficina bancaria en su localidad a la que dirigirse. No obstante, en la Comunitat han cerrado el 42% de las oficinas que había antes de la crisis, según los datos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
En el caso de la provincia de Alicante, son 40 poblaciones, después de que hace unos meses la localidad de Benilloba (770 almas), próxima a Cocentaina, viera cómo el Banco Sabadell cerraba la única oficina que funcionaba en el municipio en base a criterios de eficiencia. El perfil de los municipios sin banco es siempre el mismo: pueblos eminentemente rurales, con solo unos cientos de habitantes, y en algunos casos mal comunicados con el primer pueblo donde sí hay banco o cajero al que acudir.
La mayoría de estas poblaciones se localizan en la comarca de l'Alcoià-Comtat, la zona de la provincia donde más abundan este tipo de municipios. Según los datos del IVF, la mitad de los municipios sin oficina de la provincia, 21, se encuentran en esta comarca del interior norte de Alicante. La Marina Alta acoge otros diez, cinco la Marina Baixa, dos el Alto Vinalopó, uno en Vinalopó Medio y otro la Vega Baja. De los 40 municipios sin banco, solo cuatro superan los 1.000 habitantes. El más grande, Beneixama (1.700), que sí que cuenta con un cajero desplazado del Banco Sabadell.
Trece de estos municipios tienen más de 500 habitantes, y la mitad, veinte, superan los 300. Sin embargo, los costes de mantener una oficina en estos enclaves parecen superar a los beneficios que obtendrían las entidades por su funcionamiento, lo que explica que hayan desaparecido. Además, todo indica que el proceso de concentración bancaria y de cierre de oficinas va a seguir acentuándose en los próximos años, según los expertos. En 2016, Alicante fue la provincia de la Comunitat que más oficinas perdió en términos porcentuales (-6,27%), al pasar de las 1.116 oficinas de 2015 hasta las 1.046 del último día de 2016. Sin embargo, en lo que a los últimos ocho años se refiere es la que menos oficinas ha perdido de las tres (-39,75%).
En la Vega Baja, el único pueblo que no tiene oficina es Daya Vieja. En el Vinalopó Medio, es Hondón de los Frailes, y en el Alto Vinalopó a la ya citada Beneixama se suma Camp de Mirra. En la Marina Baixa la lista se amplía: Beniardà, Benifato, Bolulla, Castell de Guadalest y Confrides (muchas de estas poblaciones reciben miles de turistas al año que llegan en excursiones de un día desde otras poblaciones, especialmente Benidorm).
En la Marina Alta llegamos a diez: Benigembla, Benimeli, Llíber, Murla, el Rafol d'Almúnia, Sanet i Negrals, Tormos, la Vall d'Alcalà, la Vall de Laguar y la Vall d'Ebo. Y el problema se agrava en l'Alcoià-Comtat: Agres, Alcocer de Planes, Alcoleja, Almudaina, l'Alqueria d'Asnar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Benillup, Benimasot, Quatretondeta, Facheca, Famorca, Gaianes, l'Orxa, Millena, Planes, Tollos, Benifallim y Penáguila. Muchas de ellas tenían al menos una oficina de alguna caja rural, o de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo, antes de la crisis. Hoy, solo cinco disfrutan de un cajero desplazado del Sabadell: Alcoleja, Beniarrés, Benilloba, Planes y Penáguila.
De esta forma, según los datos del IVF, hay en total 34 localidades de la provincia que no tienen ni oficina ni cajero desplazado. En aquellos casos en los que sí hay al menos un dispensador automático de dinero en efectivo, suele ser a través de un acuerdo entre el Ayuntamiento y la entidad que lo suministra (habitualmente el Banco Sabadell), por el cual los gastos de alojamiento de la máquina y consumo energético suelen correr de cuenta del Consistorio. Otras entidades, como Bankia, ponen en funcionamiento un 'ofibus' que visita este tipo de municipios. El servicio funciona en Castellón y Valencia, donde la entidad heredera de Bancaja tiene un mayor volumen de clientes, pero no en Alicante.
El IVF ha propuesto a las diputaciones un plan conjunto para dotar de, al menos, un cajero automático a los pequeños municipios sin oficina bancaria. Un cajero que se alojaría en el propio Ayuntamiento o en un local municipal, y cuyo mantenimiento se pagaría a medias entre el banco del Consell y las instituciones provinciales. La aportación conjunta de las diputaciones se calcula entre 300.000 y 500.000 euros. En el caso de la provincia de Valencia, el plan conjunto está a punto de dar sus frutos con la instalación de las primeras máquinas. Sin embargo, en la de Alicante no ha habido acuerdo con la Diputación, y los municipios están sin cajero. Ambos tienen concepciones diferentes de afrontar el problema: el de IVF es el comentado; la Diputación sostiene que deberían ser las entidades bancarias con más volumen de negocio con la propia entidad quienes deberían sufragar el servicio bancario. La cuestión es que unos por otros, la casa sin cajero.
