ALICANTE. Los empresarios hosteleros asentados en el Casco Antiguo de Alicante no dan su brazo a torcer ante la implantación de las limitaciones de horarios y de disponibilidad de veladores que conlleva la aplicación de la Zona Acústica Saturada (ZAS) aprobada por el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), el pasado noviembre. Propietarios de los establecimientos afectados por esas restricciones han registrado ya al menos cinco recursos contencioso-administrativos frente al acuerdo de aprobación definitiva de esa ZAS, después de que distintas resoluciones judiciales hayan rechazado la suspensión cautelar de su aprobación inicial, acordada en octubre.

La primera de esas impugnaciones ha quedado asumida ya por la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante, Plaza número 1. Los otros cuatro recursos similares posteriores habrían recaído en otros juzgados en los que no se habría producido ningún avance adicional, con la previsión de que el conjunto de los procedimientos puedan quedar acumulados en un único juzgado. 

Por lo pronto, al menos en el primer recurso -que tendría una tramitación más avanzada-, los empresarios plantean una extensa práctica de prueba en la que tratan de poner el foco en las mediciones sonométricas en las que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), fundamentó la necesidad de implantar esas medidas correctivas respecto a los negocios hosteleros con el fin de favorecer el descanso vecinal. En concreto, se solicita al juzgado que requiera al Ayuntamiento para que aporte las mediciones y los informes elaborados por la consultora especializada Cecor, así como el acuerdo de su contratación.

Además, también se pide al juzgado que se precise la duración en la que se prolongaron esas mediciones y que se llame a declarar al técnico que elaboró los informes de conclusiones alcanzadas respecto a los registros captados en esas mediciones para que se concrete si se planteó la necesidad de implantar restricciones de actividad a la hostelería, entre otros puntos. 

En realidad, esas sonometrías serían el elemento más controvertido sobre el que los empresarios han apuntado desde que se produjo el acuerdo de implantación de las primeras restricciones, como medida cautelar, en febrero de 2025. Entonces, se aprobaron medidas tanto para el Casco Antiguo como para el Centro Traddicional, como la suspensión de la concesión de nuevas licencias de apertura para locales con ambientación musical, la limitación de la superficie destinada a la instalación de veladores (terrazas) y el refuerzo del control policial para velar por el cumplimiento de los horarios autorizados.

Además, también se acordó el adelanto del momento de cierre para el conjunto de los negocios hosteleros: a las 00:30 horas, de domingo a jueves, y a la 1:00 los viernes y sábados. En el caso de las discotecas, ese límite se extendía hasta la 1:00 horas de domingo a jueves y hasta las 3:00 los viernes y sábados. Y, por último, como primer avance, también se estableció que las "tiendas de conveniencia" y los establecimientos destinados a venta de pastelería y repostería, pan, platos preparados, comidas para llevar, prensa o bebidas, entre otros, no podían permanecer abiertos al público en la franja horaria comprendida entre las 00:30 horas y las 7:00 horas.

Estudios "desfasados"

Desde el principio, los hosteleros defendieron que esas sonometrías encargadas por el Ayuntamiento estaban desfasadas y que no reproducían una imagen fiel de la realidad actual en el perímetro de calles incluidas en la ZAS del Casco Antiguo. Es decir, la Plaza Quijano y en las calles Virgen de Belén, San Agustín y Montengón. Además, también argumentaron que la elección de esas calles había sido arbitraria y que tampoco se había producido una comunicación oficial respecto a la implantación de esas restricciones, que acabaron consolidando el adelanto de la hora de cierre de forma permanente durante todo el año, la suspensión de la concesión de nuevas licencias de apertura para locales con ambientación musical y la limitación de la superficie destinada a la instalación de terrazas (que quedó reducida al 50% tanto en metros como en número de veladores), además del refuerzo del control policial para velar por el cumplimiento de los horarios autorizados. 

De esa suspensión de permisos se exceptuó "las solicitudes de cambio de tipo de actividad para un mismo local de la zona ZAS siempre que el cambio consista en pasar de actividades" como salas de fiestas, discotecas, salas de baile o pubs y karaokes a actividades como restaurantes, café, bar o cafeterías. De igual modo, se incluyó el compromiso de revisión de "todas las licencias municipales e instrumentos de intervención administrativa de las actividades e instalaciones del correspondiente ámbito territorial de las ZAS, con el objetivo de hacer cumplir los condicionantes establecidos para la reducción progresiva de los niveles de recepción sonora y alcanzar los objetivos de calidad sonora establecidos para las mismas".

Eso sí, también se concretó que el ayuntamiento revisaría los niveles sonoros registrados en el perímetro de la ZAS al cabo de un año con una nueva batida de mediciones para evaluar resultados y analizar si correspondía mantener las restricciones en vigor, levantarlas o, en su caso, implementar otras nuevas. No obstante, los hosteleros argumentan que ya habría transcurrido un año desde que se implantaron las medidas cautelares y no consta que se hubiese contratado la realización de nuevas sonometrías: otro argumento más que se habría recogido en sus impugnaciones con el fin de conseguir que la justicia revocase la aplicación de la ZAS.

Quejas y sanciones

La tramitación de esos recursos llega en un contexto en el que los residentes del Casco Antiguo acaban de reiterar sus quejas por la continuidad de problemas de ruido en el barrio, más allá de las 3:30 horas de la madrugada, a pesar de la vigencia de la declaración de la ZAS aprobada hace cuatro meses, como informó este diario. Por lo pronto, el equipo de gobierno, del PP, ya ha respondido a esas quejas para precisar las últimas cifras recopiladas respecto a las denuncias por infracciones registradas en las últimos meses.

En concreto, se habrían acumulado 198 expedientes, según precisó este viernes el alcalde, Luis Barcala, en una entrevista concedida a Radio Alicante Cadena Ser, en la que también aseguró que esas denuncias se elevarían a la Generalitat como administración competente para acordar posibles sanciones. Además, dijo que se prevé comenzar a acordar cierres de los establecimientos en los casos en los que se registren infracciones reiterativas. En esta línea, fuentes municipales concretaron este sábado, a través de un comunicado, que se ha instruido expedientes sobre ocho locales y que a tres de ellos se les ha concedido un plazo de 15 días para presentar documentación relativa al limitador de sonido que, de no presentarse, derivará en la suspensión de la actividad.