ALICANTE. Luis Barcala (1962) cruza la primera mitad del mandato 2023-2027 y suma siete años desde su llegada a la Alcaldía de la segunda ciudad de la Comunitat con un equipo de gobierno en situación de minoría (cuenta con 14 concejales en una corporación de 29 ediles) que le obliga a recurrir a acuerdos puntuales con otras formaciones políticas para superar votaciones complejas. En la mayoría de ocasiones, esas alianzas se han venido fraguando con Vox, que ahora vuelve a presionar con el cumplimiento de sus compromisos, cuando el ayuntamiento queda forzado a aprobar un Plan Económico Fiscal -lo que se conoce coloquialmente como un plan de ajuste- tras haber superado el límite de gasto en el ejercicio de 2024.
En esta primera parte de la conversación con Plaza, el primer edil habla de la situación presupuestaria, de la ejecución de inversiones, del refuerzo de personal que resulta necesario para acelerar la gestión urbanística y la inspección de obras, de las medidas al alcance del ayuntamiento para tratar de solucionar el problema de la vivienda, y del futuro del proyecto de instalación de una planta de almacenaje de carburantes en el Puerto, que genera rechazo social desde el momento en el que se amparó su encaje en la terminal de mercancías, en el año 2019.
-En su propio balance de ecuador del mandato aseguró que ya se había cumplido más de la mitad del programa electoral. ¿Cuál cree que es la decisión o gestión más importante que se ha llevado a cabo hasta ahora?
-Son dos. Una: dar continuidad a la transformación urbana con las inversiones en espacios púbicos. Hablo del parque de San Blas, el de El Palmeral, Estación Central del Tram, el impulso del colegio de La Almadraba, las instalaciones deportivas... Y dos: el compromiso con abordar el problema de la vivienda, que es un problema general y nacional, pero que se da también en Alicante. Hemos cedido suelo a la Generalitat para la promoción de vivienda pública. Y hemos impulsado la promoción por parte del ayuntamiento y hemos puesto en marcha la rehabilitación de vivienda pública.
-Una breve mirada al futuro, respecto a los dos años que restan de mandato. ¿Qué va a ser lo prioritario?
-Lo prioritario en estos momentos sigue siendo el impulso de la vivienda y sobre todo el respaldo a los jóvenes en empleo, en vivienda y en generación de oportunidades. La inauguración del Centro 14 nos va a servir de trampolín. Los programas de promoción de vivienda municipal, como el de San Gabriel, que van dirigidos, precisamente a los jóvenes. También, con el bono de natalidad, el bono de alquiler... Son algunas de las iniciativas que van en esa línea.
-La realidad es que hay muchos ‘incendios’ por sofocar. Empecemos por los depósitos del Puerto. El proyecto sigue sujeto a la concesión de licencia de obra: un trámite en el que se han encontrado discordancias en superficies que la empresa dice haber aclarado. ¿Qué medidas se contemplan para evitar su instalación, al margen del recurso al Constitucional?
-Ya planteamos que todos y cada uno de los trámites iban a ser objeto de una revisión exhaustiva, y por tanto, que nadie dé por supuesto que tiene una licencia o que va a obtenerla, si no se cumplen escrupulosamente todas las medidas. De igual modo, ya dije que su desarrollo tendría que ser por orden judicial, porque por voluntad del Ayuntamiento, no vamos a permitir su instalación. Y en eso está alineada la Generalitat y el Puerto. La ciudad y los ciudadanos no quieren los macrodepósitos. Si nadie los quiere, no habrá macrodepósitos. Hemos tenido conocimiento de que, además, existen problemas judicializados entre la concesionaria y la solicitante de la instalación de los depósitos, por impagos o por otro tipo de razones, lo cual complica muchísimo que ese proyecto termine viendo la luz.
Lo prioritario en estos momentos sigue siendo el impulso de la vivienda y sobre todo el respaldo a los jóvenes en empleo, en vivienda y en generación de oportunidades
-En cualquier caso, si la empresa cumple, en último término habrá que concederle la licencia. De lo contrario, se estaría incurriendo en prevaricación.
-El Ayuntamiento tiene trazada su estrategia. El camino por recorrer para que en un futuro a muy largo plazo pudiera obtenerse cualquier tipo de licencia que permitera la instalación de los macrodepósitos es tan complejo y tan largo que mi previsión es que nunca se producirá. Pero, además, como ayuntamiento, vamos a defender siempre, en toda circunstancia, la no instalación de los macrodepósitos en el Puerto de Alicante.
-¿Se prevé abrir la vía de la negociación con la empresa, con opciones como el pago de una indemnización?
-No. Así de claro. Lo dije hace muchos meses. Si la empresa manifestase de forma expresa la renuncia total a la instalación de macrodepósitos en el Puerto, eso permitiría que al menos pudiéramos sentarnos. Pero sin esa premisa, no hay negociación posible.
-¿No puede haber un contacto previo para hablar de esa premisa y conocer posturas?
-Si no hay previamente ese movimiento, si no existe la voluntad expresa e irrevocable de la instalación de los macrodepósitos, no. No, por una sencilla razón: porque ningún derecho a indemnización alguna se ha generado a favor de esa empresa. Ninguno. Ni siquiera en el procedimiento que ha sido ya resuelto, se pidió por parte de la empresa el reconocimiento de ese derecho. Y como no se pidió, no se tiene.
-XC Business, que promueve esos depósitos, sí ha advertido en varias ocasiones con una demanda de responsabilidad patrimonial, así como con el inicio de acciones penales. Justo lo que también acaba de anunciar el grupo Baraka respecto a su proyecto de hotel en el Ideal. ¿Qué tiene que decir al respecto y qué pasa con la licencia de ese segundo proyecto?
-Son absolutos brindis al sol. Y de hecho vamos a tomar cartas en el asunto. Si la gente cree que puede amenazar impunemente, se equivoca. Se equivoca la empresa de los macrodepósitos, y se equivoca el grupo Baraka cuando hace esas mismas amenazas. Estamos trabajando sobre la cuestión de su licencia.
-Sin salir del urbanismo. ¿Habrá propuesta de demolición definitiva respecto al exceso de edificabilidad del hospital de Vistahermosa, al margen de la sanción económica ya anunciada, o quedará regularizada por completo con la modificación del Plan Parcial ahora en trámite?
-Eso es una decisión técnica, que los técnicos están tramitando. Es decir, no hay decisiones políticas cuando estamos hablando de la legalidad urbanística. Son los técnicos los que estudian y proponen las medidas a adoptar. Y lo que haremos será adoptar las medidas que los técnicos justifiquen.
-Pero ya se ha anunciado que se impondría una sanción.
-Habrá sanción, si los técnicos lo proponen. Eso es lo que vamos a aplicar. Tenemos dos expedientes: uno de restablecimiento de la legalidad urbanística, que es el que puede implicar o no la demolición, y el otro es el de la sanción. Es que la irregularidad se ha cometido. En los dos expedientes, se adoptará la propuesta que realicen los técnicos. Si hay una propuesta sancionadora, se sancionará, y si hay una propuesta de restablecimiento...
-¿Y no es contradictorio que se acuerde una sanción y que, en paralelo, se esté tramitando una modificación urbanística que regulariza esa irregularidad?
-En absoluto. No hay contradicción cuando es la propia ley la que lo permite. La que indica que es el procedimiento a seguir. Esa normativa no es municipal. Es la Lotup.
-Otro caso: el expediente por las obras de la sede de la Cámara de Comercio, pendiente de que se resuelvan sus alegaciones. ¿Si el pasado septiembre se detectó que no podían desarrollarse con una declaración responsable, por qué no se decretó su paralización entonces?
-La fecha exacta no la conozco. Lo que sí sé es que los técnicos han actuado conforme a la normativa vigente, en una obra que no se está realizando en suelo municipal, que se está realizando en el Puerto, cuyo inicio se hizo por una declaración responsable que, en el momento en el que se revisó -que no es algo automático- y se detectó que no podía responder a una declaración responsable, fue requerida la Cámara para presentar el proyecto correspondiente. Se resolverá exactamente como dictaminen los técnicos municipales. Repito lo mismo que en la respuesta anterior: no hay decisiones políticas, únicamente decisiones técnicas.
-De todos modos, el presupuesto de esas dos obras es abultado: 48 y 3 millones respectivamente. ¿No se debió haber ejercido una mayor supervisión durante su desarrollo?
-Una de las conclusiones que estamos sacando de este tipo de circunstancias es la necesidad de refuerzo, precisamente, en urbanismo, de todo el equipo, para que los tiempos de revisión de los expedientes se aceleren con incorporación de inspección. Sí, esto ha puesto de manifiesto que hay veces en las que estamos actuando no con la velocidad que sería necesaria.
-Lo cierto es que, desde que es alcalde, se ha anunciado en varias ocasiones el refuerzo de personal en Urbanismo, y ahora se vuelve a prometer más medios con un departamento de inspección. ¿En qué va a consistir ese refuerzo y qué recursos se pretende designar?
-En primer lugar, una jefatura específica para reforzar todo el departamento de licencias, con al menos dos técnicos auxiliares administrativos e incrementar el número de técnicos para la inspección. El número definitivo estará en función de las posibilidades que haya de ir incrementando y reforzando el equipo.
-También se ha alegado la falta de inspectores como motivo del retraso para la asunción de competencias sancionadoras sobre pisos turísticos. ¿Con cuántos se pretende contar para esa función, y hacia dónde se orienta la regulación específica que justificó la aplicación de la moratoria para nuevas licencias?
-Se está diseñando la oferta pública de empleo para ir incorporando todo el personal necesario, dado que el interventor no permite cubrir mediante interinidad.
Una de las conclusiones que estamos sacando de este tipo de circunstancias [hospital de Vistahermosa, sede de la Cámara de Comercio] es la necesidad de refuerzo, precisamente, en urbanismo, de todo el equipo, para que los tiempos de revisión de los expedientes se aceleren con incorporación de inspección
-¿Y cómo quedará la regulación de las Viviendas de Uso Turístico? Ya se ha anticipado una especie de zonificación con cargas máximas...
-Queremos establecer por zonas aquellos niveles que entendamos de máxima capacidad, de tal manera que no haya desequilibrios a nivel de apartamentos turísticos, con zonas saturadas y otras en las que no haya ningún tipo de oferta. Queremos que esté equilibrado, con el fin de garantizar en todo caso los derechos del residente.
-¿Tendremos Plan General Estructural este mandato y ordenación para el plan del Parque Central?
-Sí. Respecto al Plan General Estructural se están cumpliendo plazos. Se ha terminado el proceso de participación pública y se está trabajando para la redacción de la propuesta. Y respecto al Parque Central, no tardaremos mucho en anunciar el resultado de todos los trabajos y negociaciones que se han venido realizando durante los dos últimos años.
-Hablemos de política de vivienda. Ya conocemos las previsiones del Plan Vive y los proyectos de El Portón, San Gabriel y San Blas, además del cheque vivienda, que ya ha mencionado. ¿Qué otras medidas se pretende implantar en estos dos próximos años para favorecer una rebaja de precios y para facilitar el acceso a un inmueble?
-En primer lugar, con el Plan Vive, hemos cedido a la Generalitat cinco solares en los que se va a ejecutar vivienda social. Esos son de promoción privada, pero con precio asequible. A eso hay que añadir la reserva del parque de vivienda a promover en los dos nuevos barrios que ya están en marcha, Lomas del Garbinet y Nueva Albufera, más los futuros desarrollos que se van a realizar. Esa reserva de parque de viviendas (de protección pública) que se promuevan en ambos nuevos barrios alcanza el 40%. Y a ello hay que añadir las que promueve directamente el ayuntamiento, en San Gabriel, en El Portón y en San Blas, además de una permuta que estamos tramitando, y que, hasta que no se consume, no se puede dar a conocer.
-Sobre presupuestos. Vemos que, entre las inversiones, se repiten una y otra vez varios proyectos arrastrados de otros mandatos, y otros nuevos, como el de la Ciudad de la Música en las harineras, no han registrado avances conocidos. ¿Hay forma de mejorar el porcentaje de ejecución?
-Sí, lo que pasa es que el porcentaje de ejecución va en función de que la inversión completa -bien porque es con fondos europeos o fondos externos, o bien porque son con fondos a cargo de financiación externa, con préstamo- tiene que figurar completa en el primer ejercicio, lo cual no significa que se deba ejecutar de forma íntegra en el primer ejercicio. Eso lo que nos lleva es a que parte de la ejecución que teóricamente estaba prevista en el presupuesto, no se ejecute. Pero es que no estaba prevista que se ejecutara en su integridad, al 100%, en ese ejercicio. Por eso [esas inversiones] continúan incluyéndose en ejercicios posteriores. Aun así, vamos mejorando progresivamente el porcentaje de ejecución. Si miramos la ejecución global del presupuesto, que supera el 80%... Tenemos que ver que el presupuesto asciende a 360 millones de los cuales hemos ejecutado del orden de los 340.
-Sí, pero lo que la ciudadanía puede apreciar son las mejoras en la ciudad, no el gasto en personal, que cubre cerca de la mitad del presupuesto.
-Todo hay que pagarlo, todo es ejecución.
-Se acaba de iniciar la tramitación de un Plan Económico Fiscal por la superación de la regla del gasto para el que se compromete no aplicar nuevas rebajas fiscales, lo que ya ha motivado el rechazo de Vox y del resto de grupos políticos, aunque en su caso, por otros motivos. ¿Se prevé alguna modificación para facilitar que se apruebe ese plan?
-Sí, estamos ahora mismo trabajando para que el plan incluya la rebaja fiscal que teníamos pactada con Vox.
-Si se incluye esa rebaja fiscal, ¿habrá incremento de ingresos por otra parte?
-Claro.
-¿De qué tipo?
-Se está trabajando en este momento.
Estamos revisando el protocolo de funcionamiento, de control de la ejecución presupuestaria para que no se produzca ese desfase en el seguimiento de esa ejecución que pueda llevarnos a poner en riesgo el cumplimiento de la regla de gasto
-En ese plan ya se habla del previsible incremento de ingresos por el nuevo contrato de la ORA, un 152% por el estacionamiento, y un 20% por los arrastres. ¿Cómo se conjuga eso con la promesa de que más de 2.500 de las 3.000 nuevas plazas serán de zona naranja gratuita?
-Porque la zona naranja es gratuita para el residente, pero no para el no residente. Queremos garantizar al residente del barrio que en su barrio aparca gratis. Pero para el que no es del barrio, que aparca esporádicamente, no tiene por qué ser gratis. Garantizamos que los residentes tienen aparcamiento en su barrio, y si alguien de fuera, viene y aparca tiene un coste. La diferencia es que en la zona azul pagan todos.
-El incumplimiento de la regla de gasto queda constatado en el informe de liquidación presupuestaria en el que también se apunta a dos posibles casos de fraccionamiento de contratos. ¿Existió ese troceo de contratos?
-Quiero decirlo con rotundidad: en ninguno de los dos casos hay fraccionamiento de contrato. He encargado dos informes que lo dejan absolutamente claro y tengo que lamentar que a veces se hagan afirmaciones, bien por falta de información de quien las hace, o por falta de conocimiento de lo que se está hablando, puedan inducir a pensar que se han cometido irregularidades. Las niego radicalmente. No solo no ha existido fraccionamiento de contrato, sino que tal como se exponen ambos supuestos, no responden a la realidad en absoluto.
-Ese incumplimiento de la regla de gasto ha vuelto a plantear el debate sobre la eficiencia de los coordinadores y los directores generales de los que la izquierda dice que cobran sueldos de ministro. ¿Qué papel están desempeñando?
-La oposición utiliza la figura del nivel directivo de una forma demagógica. No tienen nada que ver respecto al control de la ejecución presupuestaria. Ninguno está nombrado para eso. El papel que están desempeñando coordinadores y directores generales es el impulso de los proyectos, desde la reestructuración del propio ayuntamiento, de la reordenación de servicios o de los protocolos de funcionamiento, o el impulso del PGE -y ahí están los resultados- o el control de proyectos y obras -ahí están los resultados- o el impulso de las áreas empresariales, de la transformación estructural del tejido productivo y el empleo -y ahí están los datos-. Eso es pura demagogia. Pero sí que es cierto que estamos revisando el protocolo de funcionamiento, de control de la ejecución presupuestaria para que no se produzca ese desfase en el seguimiento de esa ejecución que pueda llevarnos a poner en riesgo el cumplimiento de la regla de gasto.
