ALICANTE. El proyecto promovido por la empresa XC Business para instalar una planta de almacenaje de carburantes en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante sigue inmerso en la incertidumbre. La tramitación de las autorizaciones necesarias para su construcción suma ahora otra circunstancia que podría complicar su viabilidad, al margen del desenlace que pueda tener el recurso de amparo presentado por el Ayuntamiento ante el Tribunal Constitucional (TC) frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) por la que se le reconoce el derecho a la licencia ambiental por silencio administrativo positivo, o de que persista el límite de distancia respecto a núcleo habitado que se introdujo en la disposición adicional décima de la Ley de Calidad Ambiental durante la pasada legislatura (cuya vigencia todavía no ha quedado despejada por la Conselleria de Medio Ambiente).

Esa nueva circunstancia que añade complejidad al futuro del proyecto consiste en la existencia de un descuadre en sus superficies que se habría puesto de manifiesto, precisamente, en el acuerdo de concesión de su licencia ambiental. Es decir, el decreto emitido por la Concejalía de Urbanismo por el que el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), dio cumplimiento al mandato del alto tribunal autonómico, justo cuando vencía el plazo límite para hacerlo. 

En ese acuerdo, fechado el pasado 10 de marzo, se reconocía a XC Business la concesión de ese primer permiso (la licencia ambiental) en base a la superficie de 17.900 metros cuadrados que se reflejaba en el proyecto registrado por la compañía en febrero de 2013, en la primera fase de la tramitación de su propuesta. Con todo, esas dimensiones excederían de la superficie de la que realmente dispondría para poder desarrollar la implantación de esos silos, toda vez que, en realidad, solo dispondría del derecho de uso de una parcela de 14.500 metros cuadrados.

Así se desprende de un último cruce de comunicaciones registrado entre el Ayuntamiento de Alicante y la Autoridad Portuaria respecto a las condiciones del proyecto, a cuenta del análisis sobre la concesión de su licencia de obra. Esto es, la segunda autorización indispensable para que XC Business pueda promover la construcción de sus seis silos de almacenaje de carburante.

Según pudo constatar este diario, la Concejalía de Urbanismo emplazó a la Autoridad Portuaria el pasado 14 de marzo (días después de haber firmado el decreto de concesión de licencia ambiental) a determinar cuál es el tamaño preciso de la superficie en la que se desarrollaría la planta de XC Business, toda vez que, según se arguye, se habría observado una disparidad de tamaños entre el proyecto de actividad y el proyecto de obra.

En concreto, en ese oficio, se apunta que "el proyecto de actividad presentado ante el Ayuntamiento que ha obtenido la licencia ambiental por silencio administrativo positivo declarado por sentencia firme, es de fecha 7 de febrero de 2013 y sobre una parcela de 17.900 metros cuadrados". Y se añade que "no obstante, el dictamen ambiental emitido en fecha 8 de julio de 2016" por el propio ayuntamiento "se refiere a una parcela industrial de 21.500 metros cuadrados, al constar tal superficie en el proyecto de obra". Es decir, el proyecto que se estaría revisando ahora para resolver si procede concederle el permiso de construcción.

Certificación de superficie

Ante esa disparidad de datos, Urbanismo emplaza a la Autoridad Portuaria a resolver sus propias dudas. Así, le requiere para que certifique "los metros cuadrados de parcela definitivamente autorizados para la cesión por la concesionaria a XC Business 90 S.L. con los efectos que ello puede tener a los efectos de la licencia ambiental obtenida por silencio positivo declarado por el TSJCV sobre el proyecto de 7 de febrero de 2013, en una parcela de 17.900 metros cuadrados, y a los efectos de la tramitación en curso de la licencia de obra con un proyecto sobre una parcela de 21.500 metros cuadrados".

Con todo, la respuesta conferida por la Autoridad Portuaria, lejos de aportar claridad, amplía las dudas en tanto que aporta una tercera cifra que no coincide con ninguna de las dos manejadas por el Ayuntamiento. En esa contestación, se apunta que el tamaño de parcela que Terminales Marítimas del Sureste (la concesionaria de la terminal de mercancías) habría cedido a XC Business es de 14.500 metros cuadrados. "Se deja constancia a los oportunos efectos que en el 'Contrato de Cesión de uso de superficies, instalaciones y equipamientos' de fecha 11 de julio de 2018 y presentado a esta APA, la concesionaria TMS cede a XC Business 90, SL un derecho de uso 'sobre una parcela de 14.500 metros cuadrados'", expone el escrito, firmado por el presidente del Puerto, Luis Rodríguez, en respuesta al requerimiento municipal. Y recalca que: "De cuanto antecede, puede deducirse que tales superficies que constan en los proyectos (Básico y de Ejecución) así como en el Contrato de Cesión de uso aportados por la concesionaria TMS para la modificación de la concesión, no se corresponden con las superficies que ustedes indican y refieren en su oficio que aquí se cumplimenta".

Ese cruce de comunicaciones confirmaría que, hasta el momento, se ha estado revisando el proyecto de XC Business, y dándole curso a su tramitación, sin conocer sus dimensiones reales. Se trataría, teóricamente, de una anomalía propiciada a partir de la documentación aportada por XC Business con datos discrepantes, que ni el Ayuntamiento ni la Autoridad Portuaria se habrían ocupado de cotejar hasta ahora. Así, está por ver qué consecuencias administrativas podría tener esa disparidad de superficies, toda vez que se habría concedido ya la licencia ambiental en base a un dato equivocado. En todo caso, todo parece indicar que esa indefinición detectada podría utilizarse como argumento para frenar la concesión de la licencia de obra solicitada. Al menos, hasta que se aclare cuál es la superficie real definitiva que se requiere para el desarrollo del proyecto, para lo que debería formularse un hipotético requerimiento a XC Business con el fin de que precise las dimensiones de su propuesta.

¿Qué efecto tendría ese nuevo requerimiento? Como mínimo, que el Ayuntamiento pudiese ganar tiempo antes de resolver sobre la concesión de ese segundo permiso. Esa circunstancia, además, expondría el expediente al vencimiento del plazo máximo para su resolución (en principio, de seis meses) y a que se pudiese declarar su rechazo por silencio administrativo negativo. Es decir, justo lo que sucedió con la solicitud sobre el permiso ambiental, que se ha acabado concediendo cerca de tres años después, por mandato del TSJ.