Los informes sobre la privatización del autobús de Alicante plantean reforzar el control del servicio

ALICANTE. El futuro de la red de transporte público en autobús de Alicante debe pasar necesariamente por un refuerzo en la regulación de las condiciones del servicio que permitan practicar un control efectivo. Y ese control concierne tanto al coste económico como a la calidad de la prestación. Así lo concluyen todos los informes elaborados por consultoras privadas y por técnicos municipales para determinar cuál es el modelo de gestión más indicado, ante la extinción del contrato adjudicado a la empresa Masatusa (Grupo Vectalia) en 1969.

Lo cierto es que esa relación de estudios encargados durante los tres últimos años confluye en una misma dirección: recomiendan que el servicio público vuelva a externalizarse en régimen de concesión, frente a la posibilidad de que fuese asumido de manera directa por el Ayuntamiento. El conjunto de esos estudios incide en que la gestión indirecta ofrece mayores ventajas puesto que supone un menor coste y deriva "el riesgo y ventura" del servicio en el operador privado que se seleccione para su prestación. 

Entre esos informes figuran el elaborado por la consultora Ernst & Young (adjudicado en marzo de 2018 por un importe de 13.800 euros, sin IVA, y entregado en septiembre de ese año), en el que se subraya que "la gestión actual tiene, en términos generales, un nivel de eficiencia, calidad y coste para la economía, igual o mejor que la media nacional, y sobre todo, mejor que la gestión directa realizada en una ciudad equivalente" a Alicante. 

Además, dicho informe concreta que la apuesta por un modelo de gestión directa obligaría a introducir "significativas restricciones en la gestión presupuestaria municipal especialmente en los capítulos 1 y 6" relacionados con los gastos de personal y las inversiones, "así como en la capacidad de endeudamiento". En ese estudio se alude, también, a las limitaciones que afectaban al Ayuntamiento (en el momento de la elaboración de ese trabajo de consultoría) para poder crear una empresa municipal dedicada a la gestión del transporte, en alusión al Plan de Ajuste, pese a que en ese momento ya se había cancelado (quedó superado en julio de 2018).

No obstante, el resto de informes emitidos con posterioridad redundan en la misma conclusión y también recomiendan la gestión indirecta. El jefe de Servicio de Economía y Hacienda coincide en que la concesión es la opción "más conveniente al interés público" tras realizar un análisis comparativo sobre la eficiencia en la prestación del servicio, la estructura empresarial, los costes e ingresos.

El informe elaborado por la Asesoría Jurídica Municipal también subraya las dificultades administrativas que habría que superar para constituir una sociedad pública encargada de su gestión y reseña, además, el "desmantelamiento" de la estructura de relaciones que pudiese tener cualquier posible operador con sus proveedores "que el Ayuntamiento debería tener previstas sustituir". 

Y así lo comparten, igualmente, el jefe del departamento técnico de Transportes y el jefe de la Oficina Presupuestaria, quien añade que "dado que nos encontramos ante un servicio deficitario, sea cual fuere el modo de gestión elegido [...] la concesión permitirá a los responsables políticos y técnicos municipales fijar el nivel de cobertura económica del servicio mediante subvenciones. Esto es, se podrá determinar en qué cuantía se traslada el coste a los usuarios del servicio (mediante las tarifas) y qué cuantía del coste se asume contra los presupuestos generales de la ciudad (subvenciones)". 

Los estudios recomiendan que el pliego de condiciones regule cómo debe abordarse posibles revisiones de precios y medidas de control técnico y económico   

No obstante, dichos estudios también coinciden en que la opción de la gestión indirecta debe acompañarse de la definición una exhaustiva regulación para controlar la prestación del servicio, a través del pliego de condiciones. Así, estudios como el de Ernst & Young, apuntan que los pliegos "deben incorporar determinados aspectos a los que debería someterse" la futura empresa concesionaria "que permitan un efectivo seguimiento y dirección" del servicio por parte del Ayuntamiento. 

¿Qué elementos se recomienda regular? En concreto, se citan "aspectos técnicos, de calidad y económicos", hasta el punto de llegar a citar la conveniencia del "sometimiento a una auditoría anual", además de la determinación del "marco de las condiciones de revisión de precios, efectivas facultades de control técnico y económico y medidas para evaluar la calidad del servicio", así como "las condiciones en las que puedan realizarse modificaciones del contrato".

Como avanzó este diario, a la vista de todos esos informes, la propuesta de acuerdo que el bipartito en minoría compuesto por PP y Cs prevé elevar al pleno de febrero (previo dictamen de la comisión informativa de Servicios, este lunes) es la de plantear un modelo de gestión indirecta, lo que conlleva la licitación del servicio en régimen de concesión. Y salvo cambio de criterio, todo parece indicar que esa propuesta quedará aprobada, como mínimo, con el apoyo explícito o la abstención de Vox. Sus dos ediles ya se han posicionado en debates plenarios precedentes frente a la posibilidad de municipalizar la prestación de otros servicios, a sugerencia de las formaciones que componen el eje progresista. 

De hecho, en parte de esos debates, tanto Unides Podem EU como Compromís han venido incidiendo hasta ahora en que el final del contrato de concesión del autobús constituye una oportunidad para abrir el debate sobre la conveniencia o no de asumir su gestión directa, como sucede en otras ciudades. Sin embargo, salvo cambio de criterio, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ya avanzó este miércoles en declaraciones a Alicante Plaza que su formación apostará por el modelo de concesión, al considerar que la adjudicación de "un contrato mejora la prestación del servicio, la gestión y minimiza los costes". Además, en su opinión, también "garantiza la renovación de la flota". Eso sí, señaló que "debe elaborarse un pliego adecuado a las necesidades y suficientemente flexible para ir adecuándolo a las mejoras técnicas" que se presenten en el futuro.

Vox se decanta por apoyar la propuesta del bipartito a favor del modelo de gestión indirecta al creer que minimiza costes

Ni Unides Podem EU, ni Compromís compartirán esa posición. Sus respectivos portavoces, Xavier López y Natxo Bellido, incidieron también este miércoles en su apuesta por profundizar en los estudios sobre la municipalización del servicio. López avanzó que la posición de partida de su grupo sería la de votar en contra de la propuesta que promueva la gestión indirecta. Bellido, por su parte, denunció lo que consideró "la negación del bipartito de derechas de un debate real y honesto sobre el modelo de gestión del servicio de autobuses urbanos, mediante fórmula directa o concesional". 

A su juicio, "desde hace meses, y sin esperar a ver que decían los informes municipales pertinentes, se han reiterado declaraciones del concejal competente en la materia, negando la posibilidad de este debate y de abrir al Ayuntamiento hacia la gestión directa del servicio, tal y como pasa en muchas otras ciudades de tamaño semejante o superior a la ciudad de Alicante", añadió.

Además, reprochó al bipartito la ocultación de "un informe externo de finales del 2018, elaborado por la consultora Ernst & Young, del que no teníamos noticia a pesar de las preguntas realizadas por Compromís sobre ello". En todo caso, apuntó que "debemos señalar que el valor de este informe, después ratificado por un conjunto de informes municipales, hay que ponerlo en suspenso, ya que entre sus principales conclusiones hace referencia a una situación jurídica y económica del Ayuntamiento que ya no existe. Se ha pagado inexplicablemente por un informe que ya estaba obsoleto en sus conclusiones en el momento de su remisión al Ayuntamiento, finales de 2018, después de meses de haberse producido la votación plenaria para sacar al consistorio de las reglas de juego del Plan de Ajuste".

Por ello, consideró que "era imposible confiar en que la derecha de esta ciudad abriese una debate real y sincero sobre el modelo de gestión", puesto que "han preferido hurtar ese debate público y no dialogar con la oposición para ir informando de los pasos que se estaban siguiendo en este proceso, del que seguimos esperando la convocatoria de la comisión municipal que aprobamos en el último pleno municipal a propuesta de Compromís". 

Por ello, añadió que "desde Compromís esperamos que esta comisión se convoque pronto y se adjunte la documentación que vamos a solicitar, como por ejemplo el informe completo de la consultora Ernst & Young, así como la documentación, que ya obra en poder del gobierno municipal, sobre las dos primeras fases del Proyecto de Servicio que está elaborando otra asistencia técnica", en alusión a las consultoras Ingartek Consulting y Broseta Abogados.