Los titulares que leemos cada vez que se hace balance turístico suelen resaltar los mismos aspectos: altas cifras de ocupación y evolución al alza de los precios de las habitaciones. Las conclusiones más rápidas para los lectores son que el turismo va como un tiro y los empresarios ganan cada vez más. De manera casi inmediata muchas personas, algunas de ellas interesadamente, concluyen que los turistas hacen ricos a unos cuantos a costa de generar incomodidades al resto de la ciudadanía y, consecuentemente, es necesario frenar al turismo.
La realidad, como casi siempre, necesita explicaciones, análisis más profundos y, sobre todo, menos demagogia. Por descontado que los impactos positivos del turismo no son solo los que llegan por la vía de la facturación directa, pero además es que traducir una subida de tarifas en un incremento proporcional de los beneficios empresariales supone olvidar los costes de producción y dar por buenas conclusiones sesgadas. Si nos fijamos en los costes que soporta el turismo, los últimos años se han caracterizado por una elevada inflación, el incremento sostenido de los costes salariales, una energía con altos precios y unas obligaciones regulatorias cada vez mayores. Por no hablar de la necesidad de invertir en renovar y adaptar la oferta de alojamiento a las exigencias de los viajeros para poder competir con garantías en el mercado turístico global. La realidad final es que el beneficio bruto operativo no es tan lustroso como se presumía, sino que, como resaltan algunas investigaciones, en el mejor de los casos consigue equipararse al registrado en la era prepandemia.
La otra variable incómoda, el volumen de turistas que disfruta nuestros destinos, también requiere algunas precisiones. Para verlo claro, un caso muy cercano. Según cifras del INE, en agosto de 2025 la ciudad de Alicante recibió 208.466 turistas, que permanecieron 9 días de media en el destino. Necesitaron, por tanto, 60.500 plazas para alojarse. Sin embargo, la oferta de plazas en hoteles y apartamentos reglados apenas alcanza las 23.000. Las 37.500 plazas restantes fueron o bien oferta comercial al margen de la regulación o bien casas de familiares y amigos.
Si pretendemos reducir el número de turistas con quienes nos cruzamos poniendo el dedo acusador de la masificación sobre las empresas que operan con licencia, crean empleo estable y legal, pagan impuestos y cumplen con los requisitos normativos de calidad, seguridad o sostenibilidad, acabaremos denostando al sector responsable de al menos el 19,0 % del PIB y el 17,4 % del empleo de la provincia de Alicante, al tiempo que dejamos campar a sus anchas a quienes no aportan nada al sostenimiento del Estado de bienestar, viven en la economía sumergida y deterioran gravemente el prestigio de nuestros destinos.
Por otra parte, hacer descansar sobre el turismo las deficiencias de planificación y gestión de los servicios públicos estratégicos —que no están a la altura de lo esperable y alimentan la turismofobia— es una fantástica manera de escurrir el bulto y encender la insensata polarización en la que parecemos instalados.
Desde APHA lo tenemos claro. Necesitamos una regulación inteligente, firme y centrada en perseguir el fraude, no en asfixiar a quien opera dentro de la ley. La provincia de Alicante requiere seguridad jurídica, gestión pública avanzada y reconocimiento institucional y social para su principal sector económico. Apostamos por una gobernanza turística basada en el rigor y la colaboración entre actores, premiar e incentivar lo que genera impacto positivo y acabar con las prácticas que deterioran la competencia leal y operan al margen de la regulación.
Luis Castillo es presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante
