ALICANTE. La dificultad del acceso a la vivienda tiene un nuevo condicionante que es la capacidad de la red eléctrica. Un estudio de BBVA Research concluye que, en determinadas provincias, la infraestructura existente puede convertirse en un obstáculo para desarrollar nuevas promociones si no se acometen inversiones para ampliar el suministro. Alicante figura entre ellas y, según el informe, algunos de los principales desarrollos previstos en la provincia carecen de capacidad suficiente para conectarse a la red en su estado actual.
De este modo, analizan la situación de las siete provincias más pobladas de España -en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla, Málaga y Murcia, que concentran el 47% de la población- y concluye que la capacidad eléctrica disponible no siempre se encuentra donde existe una mayor demanda residencial. En muchos casos será necesario construir nuevas subestaciones y reforzar la red para ejecutar los desarrollos previstos.
En el caso de la provincia de Alicante, el informe identifica varios proyectos residenciales que dependen de esas inversiones. El ejemplo de mayor dimensión es el PAU 5 de Playa de San Juan, con unas 4.000 viviendas previstas, donde el análisis considera que la capacidad eléctrica disponible es insuficiente. La misma situación afecta a otros desarrollos de la ciudad, como Benalúa Sur (1.200 viviendas), Vistahermosa-Nou Nazareth (1.000) y San Blas (700), que también aparecen sin capacidad disponible en el mapa elaborado por el estudio. La situación no se limita a la capital alicantina y el el estudio incorpora también proyectos previstos en otras ciudades de la provincia. En Elche, el desarrollo analizado contempla unas 2.000 viviendas, mientras que la capacidad eléctrica disponible equivaldría a unas 1.024. En Torrevieja, una promoción prevista de 1.000 viviendas contaría con capacidad para abastecer alrededor de 435. Por su parte, Orihuela Costa, Benidorm y Mutxamel aparecen igualmente con desarrollos de unas 1.000 viviendas cuya ejecución requerirá reforzar la infraestructura eléctrica.
En este caso, cabe destacar que la mayor disponibilidad de capacidad no siempre coincide con los municipios donde existe mayor presión residencial. Según el informe, Beneixama es el municipio de la provincia con mayor capacidad potencial, equivalente a 2.546 viviendas, seguido de Alcoy (1.958), Villena (1.870), Rojales (1.853), Novelda (1.378), Cocentaina (1.194), Elche (1.024), Pilar de la Horadada (905), San Miguel de Salinas (464) y Torrevieja (435). Esta distribución evidencia, según BBVA Research, que disponer de capacidad agregada no garantiza que ésta se encuentre donde más vivienda se necesita.
Y es que, el análisis se enmarca en un contexto en el que España acumula un déficit estimado de 700.000 viviendas entre 2021 y 2025. El estudio sostiene que, aunque el país dispone de capacidad eléctrica suficiente en términos agregados, ésta está distribuida de forma desigual y no siempre coincide con las áreas donde se concentra la demanda residencial. Por ello, en varias provincias construir las viviendas necesarias para reducir ese déficit será complicado sin ampliar previamente la red eléctrica.
El informe también recuerda que el 88% de los nudos de distribución tienen menos de 1 MW de capacidad disponible, un umbral considerado insuficiente para conectar nuevos proyectos residenciales de tamaño medio. Además, prevé que la demanda eléctrica aumente alrededor de un 45% hasta 2030, impulsada por la electrificación de la vivienda, la industria, el transporte y los centros de datos, lo que incrementará la competencia por una capacidad que ya resulta limitada.
"Para evitar que la electricidad se convierta en un nuevo cuello de botella para la construcción de vivienda", el informe propone acelerar las inversiones en la red, mejorar la coordinación entre la planificación urbanística y la eléctrica, agilizar la liberación de capacidad no utilizada y desarrollar una infraestructura más flexiblepara que "la red deje de ser un condicionante para el desarrollo residencial" y pueda acompañar el crecimiento previsto de la demanda de vivienda.
