El gerente del Patronato Municipal de Vivienda, Gaspar Mayor, y la exedil responsable del área, Julia Angulo.ALICANTE. La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante ha rechazado este viernes, con los votos en bloque de la oposición (PSOE, Guanyar, Ciudadanos, Compromís y el edil no adscrito Fernando Sepulcre), la aprobación del pago de unas obras adjudicadas por el Patronato Municipal de la Vivienda en el año 2017 por un importe de 56.758 euros, a la vista de las dudas sobre la corrección del expediente manifestadas por todos los concejales opositores representados en dicha comisión. Máxime, a la vista de un informe elaborado por el interventor municipal en el que alertaba de la existencia de un posible fraccionamiento de contratos, a través de tres adjudicaciones distintas, que pudo subsanarse con una corrección posterior sobre los importes de los trabajos.
Dicha correción, acordada por el propio Patronato bajo la gerencia de Gaspar Mayor como máximo responsable técnico, se acordó durante su ejecución, después de los contratos se hubiesen adjudicado. Con la modificación, instigada en parte por el propio interventor municipal que advirtió sobre la necesidad de que los contratos se agrupasen en una única adjudicación, se trataba de que las obras no superasen el importe límite de 50.000 euros (sin IVA) que prevé como máximo la Ley de Contratos del Sector Público para que se puedan encargar obras de manera directa, sin que sea necesario convocar un concurso público.
Las obras objeto de la controversia corresponden a trabajos con los que se pretendía adecuar un local propiedad del Patronato de Vivienda como sede alternativa de los funcionarios de la Concejalía de Juventud, después de que un informe de Prevención de Riesgos Laborales detectase deficiencias en materia de seguridad en el edificio del Centro 14: su sede original. Dichos trabajos, según han informado fuentes municipales a través de un comunicado, se iniciaron en 2017 cuando la gestión del Patronato de Vivienda (un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento) recaía bajo la responsabilidad del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) y cuando la titular del área de Vivienda era la edil Julia Angulo (Guanyar).
El concejal de Hacienda, el popular Carlos Castillo, ha lamentado, al término de la comisión, que no se pudiera entrar en el fondo del asunto, una vez que el expediente fue aprobado el jueves "por unanimidad en la mesa de contratación del Patronato de Vivienda en el que están representados todos los grupos políticos".
Así, ha insistido en que "el equipo de Gobierno lo único que quiere es pagar al proveedor para evitar que el asunto vaya por la vía judicial y se obligue a abonar las obras al Ayuntamiento con intereses y costas". En esta línea, Castillo ha añadido que volverán a convocar la Comisión de Hacienda antes de la celebración del pleno ordinario del próximo jueves para estudiar el expediente previamente y dar a conocer los informes "del gerente, del interventor y del secretario que coinciden en que se paguen las obras" para no incurrir en un supuesto de enriquecimiento injusto (los trabajos están efectivamente realizados y deben ser abonados).
En cualquier caso, Castillo ha abierto la puerta a que se adopten otro tipo de decisiones, como el inicio de acciones legales, después de que el equipo de Gobierno analice el expediente y "vea si se derivan otras iniciativas relacionadas con la gestión del expediente" durante el mandato del tripartito.
La propuesta de acuerdo ha generado reacciones de todos los grupos políticos. La portavoz del grupo municipal socialista, Eva Montesinos, ha pedido la comparecencia de los ediles Israel Cortés y Julia Angulo para explicar el posible fraccionamiento de contratos realizado en el Patronato. "Las reglas del juego son las mismas para todos y si, como todo parece indicar, se ha producido un fraccionamiento, alguien tendrá que asumir la responsabilidad", ha explicado.
Los socialistas explican que el informe elaborado por el interventor sobre como se realizaron las obras de adecuación de un local municipal por 59.249 euros plantea serias dudas sobre la forma de gestionarlas. "Las afirmaciones realizadas por el interventor en el expediente son mucho más duras que las existentes en el Caso Comercio. De hecho, no tienen nada que ver, por lo que creemos que aquí se deben asumir responsabilidades", ha reiterado Montesinos.
Así, ha solicitado la comparecencia del actual responsable del Patronato Municipal de la Vivienda, Israel Cortés, porque su firma avala la respuesta en la que la Gerencia del Patronato defiende sus actuaciones, así como la de la exresponsable del Patronato, Julia Angulo, ya que era la máxima responsable del órgano autónomo cuando se iniciaron las obras. "Creemos necesario que ambos ediles explique en Pleno cómo se ha llegado a esta situación y si la situación es tan grave como refleja el informe de intervención", ha concluido Montesinos. En cualquier caso, para evitar el daño a terceros, los socialistas consideran necesario autorizar el pago en reconocimiento extrajudicial de crédito de las obras realizadas. "No se puede perjudicar a empresas por un error ajeno", ha apostillado.
El portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha señalado que las dudas derivan de la existencia del "duro informe de Intervención que cuestiona los contratos realizados". "Nuestro voto en contra de la urgencia se justifica en que ha sido este viernes cuando se nos ha enviado el expediente, por lo que casi no hemos podido revisarlo. Estamos de acuerdo en que se paguen los trabajos realizados para acondicionar un local del Patronato para la concejalía de Juventud tras un informe del SPEIS que urgía su traslado, y así lo manifestamos el jueves en la junta del Patronato, pero ha sido este viernes cuando hemos tenido acceso al expediente completo", ha señalado. En esta línea, en declaraciones a Alicante Plaza, ha señalado que, en todo caso, el propio gerente del Patronato, Gaspar Mayor, había pedido disculpas por el error en la Junta celebrada el jueves y había detallado que, aunque los contratos se adjudicaron de manera directa, sin concurso, se pidieron cuatro presupuestos distintos para la contratación de las obras y otros dos para la instalación de la plataforma elevadora.
La exedil de Vivienda por Guanyar, Julia Angulo, ha apuntado al respecto que su participación en la contratación de esas obras se limitó a la aprobación del gasto con cargo al presupuesto para que se ejecutasen las obras. Después, ha añadido, no adoptó ninguna otra decisión al respecto, ya que, en noviembre de 2017 se produjo el abandono de Guanyar a sus competencias de Gobierno.
La portavoz municipal de Cs, Yaneth Giraldo, ha señalado que "el contrato gestionado por el Patronato de la Vivienda para la remodelación del Centro 14 genera severas dudas y nos traslada al 'caso Comercio', el mismo que se encuentra ahora en vía judicial por un presunto fraccionamiento ilegal de la contratación". La portavoz de Cs ha subrayado que "los informes del expediente generan unas dudas que el equipo de Gobierno debe aclarar, y hacer todo lo posible por cortar de forma taxativa cualquier tipo de irregularidad". Para ello, "solicitaremos que se convoque de forma urgente la Comisión de Vigilancia de la Contratación". La portavoz de Cs ha matizado en este contexto que "hemos votado en contra de la urgencia para debatir este asunto en la Comisión de Hacienda al entender que no ha habido tiempo suficiente para analizar a fondo el expediente, lo que no quiere decir que no reconozcamos el derecho de las empresas a cobrar por el trabajo realizado". "Lo que tiene que hacer el equipo de Gobierno es llevar este reconocimiento extrajudicial de crédito a una nueva comisión de Hacienda antes del pleno", ha concluido Giraldo.
Por último, el portavoz municipal de Compromís, Natxo Bellido, ha señalado que "hemos votado en contra de la urgencia del punto del reconocimiento extrajudicial de las facturas del Patronato de la Vivienda, porque necesitamos más tiempo para estudiar unos informes, que en el caso de la intervención municipal, son durísimos al respecto de la tramitación administrativa que se ha seguido". "Somos conscientes de que habrá que pagar estas facturas, pero también que este tema necesita que se abra una investigación y que nos genera muchas dudas y preocupaciones, sobre la regularidad del procedimiento. Al respecto, y más allá del trabajo y responsabilidad de los técnicos del Patronato -que debe aclararse-, es preciso que los responsables políticos anteriores y actual del Patronato puedan dar las explicaciones oportunas sobre este asunto, y su grado de conocimiento y responsabilidad en como se ha tramitado este expediente de obra", ha apostillado.
