ALICANTE. La Fiscalía de Alicante da carpetazo a las diligencias de investigación abiertas en relación con el exasesor del PP Jorge Crespo, que optaba con una empresa de la que era socio a una contrata municipal que se había licitado antes de ser contratado. Como contó Alicante Plaza, Crespo retiró a su empresa del concurso al trascender la polémica, mientras que el equipo de gobierno que preside Luis Barcala lo cesó en su puesto de confianza el pasado mes de julio.
El exasesor fue cesado por el alcalde después de que presentase su dimisión al confirmarse que pudo haber incurrido en un supuesto de incompatibilidad, ya que mantenía un porcentaje de participación superior al permitido en la empresa con la que había concurrido al concurso sobre el contrato de mantenimiento de las zonas ajardinadas de las escuelas infantiles municipales.
En Fiscalía todavía se siguen cursando diligencias de investigación relacionadas con la contratación de otro asesor vinculado a la edil no adscrita, Nerea Belmonte, también ya destituido, en las que se trata de dilucidar si su incorporación al Ayuntamiento pudo tener alguna relación con el voto de la ex concejal de Guanyar en el pleno de elección del popular Luis Barcala como nuevo alcalde en sustitución del socialista Gabriel Echávarri. En Fiscalía también sigue en curso otra investigación paralela sobre el supuesto intento de compra de Belmonte que ella y su amiga personal, la exedil del PP Elsa Martínez, atribuyeron al exsenador socialista Ángel Franco durante su declaración ante el fiscal Anticorrupción. Franco declaró como investigado este miércoles y negó rotundamente esas acusaciones.
La comunicación del archivo de las diligencias sobre la contratacion de Crespo ha sido confirmada por el alcalde en una comparecencia pública en la que ha mostrado su satisfacción porque "se vayan aclarando las cosas". Por su parte, fuentes del grupo socialista han señalado que el fiscal sí considera que en la contratación del asesor pudieron apreciarse incompatibilidades pero que, en todo caso, debían dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa. En concreto, según las mismas fuentes, la resolución detalla que: "Tiene razón la denunciante en que la posesión de un 25 por ciento de las participaciones de una empresa que contrate con el sector público infringe lo dispuesto en el artículo 12.1 d) de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que impide detentar más del 10%, pero esta infracción que podría acarrear consecuencias de tipo administrativo no es por si sola constitutiva de infracción penal".
El PSOE no ha valorado todavía si optará por emprender esa vía. En cualquier caso, su portavoz municipal, Eva Montesinos, sí ha apuntado que "para nosotros lo verdaderamente grave es la imagen que da el Ayuntamiento con asesores que tienen contratos municipales o con unos asesores que acaban trabajando para tránsfugas". "Sólo podemos reiterar que ya es hora de que el señor Barcala deje de enfangar el Ayuntamiento", ha señalado.
