El Tribunal de Cuentas inicia una investigación sobre los pagos de 446.000 euros sin certificar del PP en la Diputación de Alicante 

ALICANTE. El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante ha desvelado este miércoles que el  Tribunal de Cuentas, en respuesta a la denuncia presentada por la coalición, ha emitido una diligencia de ordenación (consultar aquí) mediante la cual traslada a la Fiscalía del organismo que analice la comisión de posibles delitos o responsabilidad contable de técnicos de la administración y representantes del Partido Popular en la institución por las transferencias que hizo el grupo popular -por valor de 446.000 euros- a las cuentas del partido sin estar acreditada su justificación, según ha venido denunciado la coalición valencianista. Las irregularidades se circunscriben al periodo entre 2015 y 2019, con César Sánchez como presidente de la institución.

Con esta decisión, sostiene Compromís que "cae la coartada esgrimida por el PP en este mandato", que, según denuncian, "se ha negado a presentar las facturas -cerca demedio millón de euros de dinero público ingresado desde la Diputación al PP- que acreditan el cumplimiento de la ordenanza de la institución porque, según sus explicaciones, ya las había fiscalizado el Tribunal de Cuentas.

La denuncia fue presentada por el grupo Compromís el último mes de septiembre y evidencia una serie de irregularidades en los ingresos por valor de 446.781,53 euros de la Diputación al Partido Popular. El escrito apunta hacia tres grandes ejes donde se engloban las posibles irregularidades: incumplimiento del destino finalista de las dotaciones económicas a los grupos políticos, transferencia no ingresada en la organización provincial del partido y ausencia de la preceptiva fiscalización. 

La denuncia de Compromís desgrana la ingeniería contable y burocrática para evitar los controles pertinentes y desviar los recursos de la actividad institucional hacia los gastos ordinarios del Partido Popular. 

Transferencias sin acreditar

Según el relato de los hechos de Compromís, "el grupo popular multiplicó por cuatro las asignaciones a los grupos políticos al inicio del mandato de 2015. A partir de este momento el grupo popular de la Diputación aumenta las transferencias al Partido Popular sin acreditar en ningún momento el destino finalista de las mismas que exigía la ordenanza". 

Detalla la denuncia que en vez de aportar las facturas acreditativas de los ingresos, el grupo popular aportaba un certificado firmado por el entonces secretario provincial del partido Eduardo Dolón: "Dolón ejercía además de vicepresidente primero de la Diputación y de presidente de la comisión informativa de fiscalización de cuentas de los ingresos", denuncia la coalición.  Compromís apunta  ante el Tribunal cómo la gerente del partido, Yolanda Murcia, emitía nuevos certificados contradiciendo el destino los propios certificados de Dolón y asegurando que los fondos iban aparar a gastos no autorizadas por la ordenanza. 

Para "burlar" un posible recurso de la oposición que exigiera la acreditación mediante facturas se ha evitado en estos años cumplirlas bases de creación de la comisión de fiscalización de cuentas de la Diputación, que prevén se emita un informe para ser aprobado por el pleno como dictamen, según razona Compromís. 

"Además, gran parte de los ingresos se llevan a cabo entre el 25 y 31 de diciembre de forma sistemática", hecho que apunta, según la denuncia de Compromís, a que "los recursos no podían ser destinados a activos vinculados a la diputación dentro de la contabilidad del año y que se usaban para financiar el partido". 

Compromís recuerda que el Partido Popular denunció judicialmente el portavoz de la formación valencianista, Gerard Fullana, raíz de sus denuncias públicas sobres estas supuestas irregularidades.