ORIHUELA. La Vega Baja tendrá que asumir el macrovertedero de residuos proyectado hace más de una década en Albatera y en un contexto totalmente diferente al de entonces. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del TSJ de abril de 2019 y ha ratificado que la UTE formada por las empresa Cespa-Enrique Ortiz como empresa adjudicataria del plan zonal de residuos de la Vega Baja, y por lo tanto como constructor y gestor del vertedero comarcal. Así lo han confirmado varios alcaldes después de que la presidenta del consorcio comarcal, la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, del PP, lo comentara en una reunión este miércoles. El Supremo ha inadmitido el recurso del consorcio y por tanto, da plena validez al fallo original del TSJ, que en su día ya declara contrario a derecho y deja sin efecto el acuerdo de la junta de gobierno del Consorcio de la Vega Baja, que en 2015 rescindió el contrato (formalizado en 2013, con Luisa Pastor como presidenta de la Diputación y del consorcio) e incautó la garantía depositada por la UTE, al no haber comenzado aún las obras de la planta. Ahora el consorcio tiene hacer frente a la ejecución un plan que se aprobó hace casi 12 años, o indemnizar al adjudicatario, en caso de que no quiera seguir el plan aprobado y ratificado por el Supremo.
En su auto de inadmisión, el Supremo considera que las alegaciones presentadas por el consorcio y los por los ayuntamientos de Albatera, Cox y Granja no son relevantes ni determinantes en ninguna de las infracciones denunciadas. Sobre todo, la inadmisión recae en el argumento que hacen los recurrentes sobre el adjudicatario, Cespa-Ortiz, no dispone de los terrenos para ejecutar el vertedero, a lo que el Supremo replica que tal argumento "no se compadece con los hechos ni las calificaciones jurídicas efectuadas en las sentencia anteriores", como la del TSJ. También sobre los cambios urbanísticos llevados a cabo por Cox y Granja para impedir las plantas de transferencias, el alto tribunal alega que "no puede reducirse a esa cuestión los recursos planteados"; es decir, "se trataría de complejas circunstancias fácticas (sic)".
Hay que recordar que la adjudicación de este proyecto, que supone la construcción de un vertedero comarcal, generó una de las piezas del caso Brugal, y que está a la espera de que si se determina la apertura de juicio verbal. El contrato está bajo sospecha desde que estalló el caso Brugal con la detención del expresidente de la Diputación de Alicante Joaquín Ripoll (PP), acusado por la Fiscalía Anticorrupción de varios delitos relacionados con un presunto trato de favor a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en la adjudicación del citado plan. En el caso del industrial oriolano (Fenoll), se considera que pudo participar en el presunto amaño del contrato después de haber comprado el suelo en el que se decidió trasladar la planta de tratamiento tras su adjudicación inicial.
El hecho de que el fallo trascendiera este miércoles ha sentado muy mal a los alcaldes de la Vega Baja, pues la resolución del fallo es del pasado mes de marzo. Además del consorcio comarcal, que ahora preside el PP, otros ayuntamientos como Cox, Granja de Rocamora y Albatera también presentaron recurso y, al parecer, también ha sido desestimado. Con posterioridad, estos tres ayuntamientos han presentado un incidente de nulidad ante el propio TSJ de la Comunitat Valenciana.
En conclusión, la inadmisión del recurso del consorcio supone cumplir el plan aprobado en 2009 e instalar la planta en el término municipal de Albatera. En un principio, la planta iba a instalarse en la pedanía de Torremendo, en Orihuela, pero una sentencia judicial inhabilitó ese terreno, por lo que la UTE aportó como alternativa el suelo de Albatera, que siempre se ha opuesto a albergar la planta comarcal de gestión residuos.
Desde entonces, el consorcio comarcal, en el anterior mandato, optó por hacer marcha y construir, con fondos públicos, las plantas de transferencias que deben dar servicio a ese vertedero comarcal. Una de las plantas ya está casi acabada en Dolores (fue ejecutada por Vaersa); la otra, está proyectada en Orihuela. Inicialmente, los municipios de Cox y Granja iban a albergar las soluciones transitorias, pero modificaron sus planeamientos para evitar su emplazamiento.
Ahora se da la circunstancia de que el proyecto que se aplicará es el presentado inicialmente en 2009, que contempla una marcrovertedero para toda la comarca; sin embargo, el actual Plan de Residuos de la Comunitat Valenciana, con sus últimos cambios aprobados por la Generalitat, apuesta por varias plantas en una comarca y con un tamaño más pequeño; es decir, más plantas, pero distribuidas en el territorio.
Además, la UTE Cespa-Ortiz deberá ejecutar el plan con instalaciones ya construidas, como la planta de transferencia de Dolores, que ha sido sufragada por la empresa pública Vaersa.
