Teresa Belmonte, alcaldesa de Bigastro y presidenta del Consorcio de gestión de residuos de la Vega Baja. Foto: APALICANTE. Después de que se conociera que el Tribunal Supremo inadmitiera el recurso del consorcio de residuos de la Vega Baja y confirmara que la UTE Cespa-Ortiz es la adjudicataria del plan zonal de residuos de la comarca, el PSOE ha salido para denunciar lo que han calificado como "trato humillante" por parte de Teresa Belmonte (PP), alcaldesa de Bigrastro y presidenta del consorcio al ocultar desde marzo el fallo del Supremo.
Este miércoles, Belmonte comentó en una reunión el fallo del TS, una resolución que se remonta a marzo y que no trasladó al resto de miembros del consorcio hasta esta semana. El tribunal confirmaba de esta manera la sentencia del TSJ de abril de 2019 y ratificaba que la UTE de la que forma parte el empresario alicantino Enrique Ortiz era la adjudicataria como constructora y gestora del vertedero comarcal.
Este fallo deja sin validez la decisión que en 2015 adoptó la junta de gobierno del consorcio para rescindir el contrato formalizado en 2013, siendo presidenta del mismo órgano y de la Diputación, Luisa Pastor (PP). Con esa misma decisión se incautó la garantía depositada por la UTE, a razón de no haber comenzado aún las obras de la planta. Con este fallo, el consorcio tiene que hacer frente a la ejecución del plan de macrovertedero en la Vega Baja o indemnizar al adjudicatario.
Los alcaldes del PSOE en la comarca se han mostrado en un comunicado muy molestos con el hecho de que, según señalan, Belmonte tuviera conocimiento del fallo del tribunal desde marzo y no lo trasladara hasta tres meses después. Denuncian un "trato maleducado, alejado de cualquier atisbo de lealtad institucional y casi vejatorio". Ponen el foco también en que aseguran que la presidenta del consorcio "haya admitido en sede parlamentaria su participación en múltiples reuniones informales con empresas implicadas en el procedimiento".
Aseguran además que las empresas involucradas y la presidenta del consorcio están preparando un plan de gestión "del que ninguno de los alcaldes tenemos conocimiento sobre su contenido, sus pretensiones ni objetivos". "Le recordamos a Belmonte que estaremos atentos y vigilantes para que el proyecto final sea adecuado [...] No vamos a tolerar que se presente como algo inevitable y sin posibilidad de mejora" añade el PSOE en el comunicado.
El fallo del tribunal supone cumplir con el plan aprobado en 2009. Esto es, instalar la planta de residuos en el término municipal de Albatera, después de que una sentencia judicial inhabilitara la primera opción que era instalarla en la pedanía oriolana de Torremendo. Una cuestión que derivó en una de las piezas del caso Brugal. Sin embargo, ese plan aprobado y ahora ratificado judicialmente contraviene el actual Plan de Residuos de la Comunitat Valenciana que apuesta por varias plantas de menor tamaño en distintos puntos de la comarca. En Dolores está a punto de finalizar las obras -financiadas por la Generalitat- de una planta de transferencia.
Alerta el PSOE que el contrato que debieran asumir los Ayuntamientos es "inasumible" y denuncian que el presidente de la Diputación, Carlos Mazón y la presidenta del consorcio "están cocinando el futuro de los residuos de la Vega Baja".
