El alcalde, Gabriel Echávarri, preside el pleno, en imagen de archivo. Foto: RAFA MOLINAEl alcalde asegura que el servicio se presta con 30 empleados menos que con la contrata anterior, también de Ortiz, y que estaría dispuesto a pagar para que se ampliase plantilla si hay consenso. El tripartito se divide en algunas votaciones tras la comisión de seguimiento del pacto en la que se abogó por mejorar la coordinación política y por normalizar las diferencias
ALICANTE. La limpieza urbana -otra vez la limpieza-, volvió a copar gran parte del protagonismo en el pleno ordinario de enero celebrado este jueves. Mejor dicho, la percepción de la falta de ella. En respuesta a una pregunta formulada por el portavoz adjunto de Ciudadanos (C's), Antonio Manresa, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (PSOE), tuvo que ampliar unas manifestaciones previas -formuladas en el transcurso de un pleno infantil, en diciembre- sobre la prestación del servicio para llegar a plantear un posible pacto político que permita reforzar el contrato, en manos de una UTE participada por una de las empresas del controvertido promotor Enrique Ortiz (financiador confeso del PPCV en el marco del caso Gürtel y a quien ya se ha propuesto procesar por el supuesto amaño del Plan General de Alicante que se investiga en una de las piezas desgajadas del caso Brugal).
En concreto, el primer edil indicó que, si existe el consenso suficiente por parte de los grupos políticos con representación municipal, él estaría dispuesto a ampliar pagos por ese contrato para que se cuente con el personal necesario que garantice la cobertura exigida. Es decir, más empleados, más horas de trabajo, más limpieza. Volvió a defender que él no es, precisamente, un defensor del pliego y del contrato actual, ya que en su papel de secretario general del PSOE en Alicante, lo recurrió en los juzgados. Pero recalcó que, en los tres años de vigencia de ese contrato, podría interpretarse que el problema ya no es sólo el de exigir que se cumpla en todos sus términos. "Entiendo que el PP lo exigió durante 18 meses y soy consciente de que el señor Víctor Domínguez [edil de Limpieza, de Guanyar], que es muy metódico, lo está haciendo; pero si aún así resulta que sigue percibiéndose que la ciudad no está limpia, entonces tenemos que pensar que es un problema del contrato", dijo. Así, señaló que, en la actualidad, el servicio se presta con 30 operarios menos de los que contaba antes de su última licitación.
A priori, la ampliación de los costes del contrato no parece una propuesta que cuente con el agrado de Guanyar. Fuentes del grupo consultadas por Alicante Plaza ya apuntaron a principios de enero, entre los motivos que habían generado la escalada de tensión en el seno del tripartito, que no les parecía conveniente que el alcalde plantease esa ampliación del contrato justo en el momento en el que se estaba presionando a la contrata para que cumpliese con todas sus obligaciones. Según las mismas fuentes, la contrata podría relajarse en sus funciones ante el anuncio de ese incremento de pagos. Así que apuntaron que sólo cabría plantear una mejora contractual una vez ejecutados sus compromisos al 100%.
¿Puede constituir un motivo de fricción sólo 24 horas después de la comisión de seguimiento del pacto? No tendría por qué. En esa reunión se trató de establecer que había que normalizar las discrepancias. Y en esta línea, también fue significativa la separación de voto entre PSOE y el bloque Guanyar-Compromís en dos propuestas. La primera, una declaración institucional del PP en la que se instaba al órgano competente a convocar elecciones para renovar cargos en los centros municipales de mayores. La edil de Acción Social, Julia Angulo, había defendido previamente que se había iniciado un nuevo proceso para fomentar la participación en ese sistema de elección, contando con los usuarios de los centros de mayores. Sin embargo, el PSOE se abstuvo y permitió que la propuesta de PP se aprobase. Según la edil de Infraestructuras, Gloria Vara (PSOE), su grupo tenía dudas sobre cómo se estaba aplicando los estatutos de los centros de mayores para promover esa renovación de cargos.
Y la segunda fue la declaración institucional presentada por Guanyar para instar al Gobierno de Honduras a proteger los Derechos Humanos sobre las formas de proceder de una empresa concesionaria para explotar una infraestructura hidroeléctrica. El PSOE también se abstuvo.
Hubo, además, otra votación en la que PSOE y Compromís dejaron solo a Guanyar en relación a un parque canino creado en el Parque de Lo Morant. PP y C's pactaron una declaración institucional conjunta (también se aliaron en otra para pedir la suspensión y corrección del Plan de Protección del Litoral, el Pativel) para exigir que la ubicación y alcance de ese parque se consensúe con las asociaciones vecinales y tanto PSOE como Compromís la apoyaron. Guanyar sostuvo que sí se había consultado con los vecinos.
Sea como fuere, la contrata de la limpieza viaria no fue la única que salió a colación a lo largo de la sesión. Ciudadanos, a través de su portavoz, Yaneth Giraldo, también cuestionó al tripartito sobre el retraso en la licitación de otros servicios públicos que se siguen prestando fuera de contrato y por las que ya se han pagado más de 13 millones de euros sin respaldo legal. Entre ellos, el de la limpieza de colegios y edificios públicos o el del mantenimiento del cementerio: los dos, precisamente, también asumidos en precario por empresas de Ortiz. La respuesta llegó en boca del portavoz del equipo de Gobierno. Natxo Bellido (Compromís) confirmó -como adelantó este diario- que el nuevo pliego del concurso de limpieza de edificios públicos se elevaría a aprobación de la Junta de Gobierno del próximo martes, en los plazos que se había anunciado (a lo largo del mes de enero). Sobre el mantenimiento del cementerio, dijo que el contrato se abordaría en la mesa de Contratación del próximo miércoles.
LA SESIÓN ESTUVO MARCADA POR LOS REPROCHES RECÍPROCOS POR LA FALTA DE TRABAJO ENTRE GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN
El pleno abordó, además, la polémica por la actividad de carga y descarga de graneles, también, tras otra pregunta formulada por C's, sobre las mediciones captadas por el sistema de control anunciado por la Concejalía de Medio Ambiente. El titular de esa concejalía, Víctor Domínguez, sostuvo que los trabajos de medición concertados con el Instituto Universitario de Ingeniería y Procesos Químicos de la UA concluyeron a finales de diciembre y que disponen de tres meses para emitir su informe de resultados. Horas antes del pleno, el alcalde, Gabriel Echávarri, había reclamado responsabilidad a los colectivos vecinales convocantes de la manifestación contra las molestias generadas por el movimiento de esos materiales prevista para este viernes y les había instado "a no usar a los niños" en esa manifestación. En declaraciones en Radio Alicante, sostuvo que "si alguien me demuestra que hay un sólo niño enfermo por la actividad de los graneles, ese día se clausura la actividad; hasta ahora todas las mediciones que se han llevado a cabo durante años demuestran que no se ha excedido el umbral límite de emisiones", dijo.
Por lo demás, en el pleno hasta se alcanzó un acuerdo unánime en relación a una propuesta presentada por el PP para instar a la Generalitat a crear una partida presupuestaria para ejecutar las obras pendientes del Plan Especial del Bulevar Norte. Eso sí, el tripartito en bloque les recordó que se trataba de un proyecto de 15 millones fechado en 2005 que el PP no llegó a ejecutar mientras destinaba otros 250 a la construcción de Ciudad de la Luz. Y que el único tramo que se llegó a construir, con motivo de la ejecución de la línea 2 del Tram, ha invalidado todo el proyecto porque, a juicio del edil de Movilidad, Fernando Marcos (PSOE), constituye "un cuello de botella".
La sesión estuvo marcada por los reproches sobre la falta de trabajo del gobierno y de la oposición. PP y C's acusaron al tripartito de no plantear propuestas y estar centrados en sus enfrentamientos internos. El alcalde y el portavoz del tripartito replicaron que la Ley concede a la Junta de Gobierno el poder de decisión para la mayoría de cuestiones y que el pleno es el momento de la oposición, para fiscalizar al tripartito. Echávarri insistió en que el equipo de gobierno, ya gobierna y no tiene que llevar propuestas para debatir al pleno. "Ustedes, que son 13 concejales, no han traído ninguna moción", dijo.
También hubo enfrentamiento por lo que respecta al contenido y ámbito de las declaraciones institucionales. Toda la oposición, incluidos los ediles no adscritos Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre, instaron a los socios del tripartito a plantear cuestiones que tienen que ver con los problemas de la ciudad "que es sobre los que tenemos competencias", según sostuvo Belmonte. La exedil de Acción Social, expulsada del tripartito y de Podemos tras la concesión directa de contratos menores a conocidos, centró buena parte de la atención política, ya que su voto puede resultar decisivo para el futuro de los presupuestos municipales, cuando lleguen al pleno. Este viernes votó en ocasiones junto al resto de la oposición y, en otras, junto al tripartito.
