ALICANTE. Un informe elaborado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Alicante encuentra un posible resquicio de naturaleza legal que podría dificultar el desarrollo de la planta para el almacenaje de combustibles promovida por la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto de Alicante.
En dicho dictamen, elaborado a petición de la Concejalía de Urbanismo, se concluye que, a la vista de las características del proyecto, y -sobre todo- del momento en el que XC Business completó el trámite de presentación de toda la documentación requerida para la obtención de licencia municipal (finales de 2018), la empresa estaría legalmente obligada a obtener una declaración de impacto ambiental favorable, lo que complica todavía más la tramitación administrativa del proyecto. Así, en último término, será la Conselleria de Transición Ecológica la que evalúe si la propuesta empresarial es viable tras resolver si ese estudio de impacto ambiental supera los requisitos exigidos.
La trascendencia de la elaboración de ese informe de impacto radica, entre otros puntos, en que la empresa promotora deberá aportar un estudio de localizaciones alternativas para el desarrollo del proyecto, en el que se valoren sus respectivas ventajas e inconvenientes para construir las instalaciones de almacenaje de combustible, en las que se incluye la construcción de seis macrodepósitos.
La clave de ese estudio de alternativas es que XC Business deberá valorar las condiciones de cada uno de esos emplazamientos y justificar motivadamente, en su caso, por qué se propone situar esos macrodepósitos precisamente sobre suelo portuario (en la terminal de mercancías que gestiona TMS en régimen de concesión) en lugar de en cualquier otra de esas posibles ubicaciones que pueda considerar en ese estudio. Así, Transición Ecológica tendrá que certificar si, efectivamente, el emplazamiento del Puerto es el más indicado entre todos los lugares alternativos que la empresa debe plantear ahora.
Fuentes consultadas por este diario precisaron que el departamento que coordina Mireia Mollà ya conoce las conclusiones del informe jurídico municipal. En principio, se prevé que dicho documento pueda ser analizado por los técnicos de las dos administraciones en la comisión mixta creada de manera específica para estudiar la propuesta de XC Business y resolver si se debe concedérsele licencia, después de que el Ayuntamiento ya haya rechazado la concesión del permiso solicitado por dicha compañía tras alegar silencio administrativo positivo.
Por lo pronto, como ha adelantado Alicante Plaza, la promotora de los depósitos ya ha decidido emprender acciones legales frente al Ayuntamiento por la desestimación de ese permiso, mediante el registro de un contencioso-administrativo en el que trata de que sea un juez quien le reconozca su derecho a disponer de esa autorización.