ALICANTE. Los seis grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante (PP, PSOE, Cs, Unides Podem EU, Compromís y Vox) se verán las caras finalmente este viernes, día 17 de enero, en la primera sesión de la comisión no permanente del pleno sobre el servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales. Se trata de la comisión que se acordó crear en el pleno del pasado mes de octubre con el propósito de analizar el cumplimiento del contrato ante las quejas formuladas por asociaciones de padres y madres de algunos centros y las denuncias de falta de medios y de horas de prestación trasladadas por los representantes de los operarios a cargo de la prestación. De hecho, esas denuncias llevaron a un particular a trasladar esas supuestas anomalías a la Fiscalía para que dilucidase si podían ser constitutivas de delito.
La convocatoria de la comisión llega cuatro meses después de que se alcanzase aquel acuerdo, en plena polémica suscitada por la decisión de trasladar a una de las inspectoras municipales encargada de evaluar la prestación en los centros educativos, que ha decidido acudir al juzgado frente a la decisión de su relevo.
Y llega también después de que Alicante Plaza informase sobre la existencia de hasta dos informes emitidos por técnicos encargados de la supervisión del contrato en los que se advertía de incumplimientos respecto a las obligaciones recogidas en el pliego de condiciones por parte de la empresa concesionaria: UTE Limpal, compuesta por Clece (filial de ACS) y Fissa. En concreto, en esos informes, fechados en marzo de 2019, se alertaba de la prestación de menos horas de limpieza de las previstas, aunque, según precisaron fuentes municipales, se evacuaron informes posteriores con una conclusión diferente, en los que se estimaba que no existía incumplimiento alguno.
Hasta el momento, se desconoce el alcance que puede tener el desarrollo de la comisión ni cómo se va a concretar la labor de fiscalización del servicio actual. No obstante, lo cierto es que ese trabajo de revisión se inicia a tres meses de que se extinga la concesión actual y justo cuando la Concejalía de Infraestructuras se prepara para volver a licitar el servicio.
Como publicó este diario, UTE Limpal se convirtió en adjudicataria de la prestación en julio de 2017 al presentar la oferta mejor valorada por los técnicos, pese a que no se acogió a la bonificación adicional promovida por el extinto tripartito: cuatro puntos adicionales por asumir el compromiso de subrogación de la plantilla anterior (unos 450 trabajadores que ya desempeñaron su función con la concesionaria anterior, Ortiz e Hijos). UTE Limpal no pudo asumir de manera efectiva la prestación de servicio hasta febrero de 2018, como consecuencia de la interposición de un recurso por parte de una de las empresas competidoras (FCC).
El contrato se adjudicó por 14,7 millones anuales por dos años de prestación que vencen en marzo de 2020. El concurso preveía dos posibles prórrogas de un año cada una. Sin embargo, el plazo de preaviso establecido para poder solicitar esa primera ampliación de contrato se ha superado sin que UTE Limpal haya mostrado interés por ejercitar esa posibilidad.
De hecho, la Concejalía de Infraestructuras que coordina el popular José Ramón González prevé convocar en las próximas semanas el nuevo concurso para agilizar la incorporación del futuro contratista. Por el momento, no han trascendido las condiciones específicas que se prevé incluir en esa nueva licitación. No obstante, fuentes municipales precisaron que una de las principales novedades será la ampliación del plazo de concesión hasta los cuatro años. Con ello, se pretendería favorecer una mayor concurrencia empresarial de compañías del sector que puedan sentirse atraídas por un contrato de mayor duración.
