Alicante 2022: PP y Cs exhiben 'chequera' y baja fiscalidad; la izquierda exige ayudas y Vox chirría

ALICANTE. El último debate sobre el estado de la ciudad de Alicante del mandato, celebrado este viernes, reprodujo la habitual confrontación entre los dos bloques del espectro político (el centro-derecha y el centro-izquierda) en otro toma y daca entre el balance de gestión del que quiso presumir el bipartito (PP y Cs), y las críticas por la supuesta falta de ella, que le recriminaron PSOE, Unides Podem EU y Compromís. Hasta ahí, ninguna novedad, más allá del plan de medidas fiscales esbozado por el alcalde, Luis Barcala, en la intervención con la que cerró el debate, que sumó un episodio más en la carrera por la rebaja de impuestos emprendida en el conjunto de las administraciones como supuesta solución al estallido de la nueva crisis económica (inflación, costes energéticos, etc). 

No obstante, esta vez, hubo al menos otros dos elementos hasta cierto punto inéditos que dejan a los dos ejes en una posición incómoda, de cierta incertidumbre, ante los resultados que puedan deparar las elecciones municipales (y autonómicas) de 2023. El primero de esos protagonistas no invitados fue el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) trazado por el Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos) con una dotación tan exigua para la provincia de Alicante que ha llevado de algún modo a alzar la voz a los representantes de ambos partidos en la Comunitat, Ximo Puig incluido. 

Lo cierto es que la coincidencia de la presentación de los PGE (que no son definitivos, pues quedan pendientes de la presentación de enmiendas) con la celebración del pleno jugó una mala pasada a los tres partidos de la izquierda. Una vez más, tuvieron que escuchar a Barcala, a la vicealcaldesa y portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, y a su homóloga del PP, Mari Carmen de España, repitiendo la cantinela de la falta (real) de inversiones del Estado en la provincia y en la ciudad. Los tres hicieron coro también para extender el reproche a la Generalitat, con el recuerdo de inversiones anunciadas de forma reiterada pero que no han llegado a ejecutarse, como la conexión del tranvía entre Luceros y Renfe (ahora en fase de redacción de su proyecto de ejecución, con la pretensión de que pueda licitarse a principios de 2023), entre otros.

En realidad, el balance provisional de los PGE proporcionó la percha perfecta para que los representantes del bipartito volviesen a ponerse en uno de sus papeles favoritos: el de hacer oposición frente al Gobierno y el Consell para reclamar la ejecución de infraestructuras pendientes. Así, recurrieron a la retahíla habitual para recordar que no se ha construido ningún centro de salud, ni ningún colegio en la ciudad desde la formación del primer Consell del Botànic, en 2015. Eso sí, no mencionaron los problemas de liquidez que PSPV y Compromís heredaron al llegar a la Generalitat, ni las trabas en tramitación de la gestión del suelo para esos consultorios, o el retraso en la asunción de la delegación de competencias que conlleva el Plan Edificant, en los que PP y Cs también tuvieron algo que decir, aunque contasen con la complicidad del departamento de Intervención.

Sea como fuere, los representantes del bipartito no dudaron en contraponer esa carencia de inversiones estatales y autonómicas con el despliegue de hasta 120 proyectos trazados por el Ayuntamiento para "transformar la ciudad" con la reurbanización de calles "en todos los barrios" mediante la planificación y puesta en marcha de obras por valor de 80 millones. Una vez más, PP y Cs tiraron del plan renove que planificaron en el arranque del mandato y que ahora comienza a plasmarse en actuaciones concretas con el desarrollo de varias obras simultáneas. Incluso Barcala se vio en la obligación de pedir disculpas y comprensión a la ciudadanía por las molestias que puedan generarse durante la realización de esos trabajos financiados "con fondos propios y sin ayuda estatal o autonómica", aunque gran parte de ellos sí cuentan con aportaciones de fondos europeos.

En todo caso, erraron los representantes de la oposición en sus respectivos planteamientos cuando trataron de recriminar al bipartito la parálisis en la gestión y la falta de actuaciones en los barrios -en gran medida como consecuencia del retraso en la aprobación de los presupuestos municipales que habría desembocado en bajos índices de ejecución de inversiones hasta ahora- cuando al mismo tiempo le reprocharon que se tuviese a la ciudad "abierta en canal" por la ejecución de varias obras a la vez. O una cosa o la otra, vino a contestarles De España. 

Atención al ciudadano y servicios públicos

Barcala, Sánchez y De España también aludieron en sus respectivas intervenciones a las políticas puestas en marcha por el equipo de gobierno para prestar asistencia a los ciudadanos en situación de dificultades, tras dos años de pandemia y, ahora, en plena crisis inflacionista y de incremento de los costes energéticos. PP y Cs se pusieron la venda antes de la herida, a sabiendas de que gran parte de los reproches de la izquierda atacarían sobre ese flanco, y no dudaron en descargar una ensalada de datos (con la posición de ventaja y la presunción de veracidad que se le atribuye al gobernante por manejar la información de primera mano) para demostrar con hechos la labor desarrollada en Acción Social, mediante la tramitación de 66.000 expedientes de atención a ciudadanos en distintas situaciones de dificultad, según recalcaron. También sacaron pecho de la aprobación de la ordenanza de convivencia cívica como instrumento para atajar comportamientos inadecuados o conflictos como el ruido o el botellón, pese a que las quejas en relación a esos dos problemas no hayan cesado en zonas como el Centro, el Casco Antiguo o Playa de San Juan.

Y, entre otros elementos centrales, como el apoyo a la promoción turística (con la dinamización del Castillo de Santa Bárbara tras ceder su gestión a Esatur, o la apuesta de MSC por situar sus embarques en la ciudad, como puntas de lanza), o la apuesta por la diversificación del tejido productivo a través de iniciativas como la estrategia Alicante Futura y la oficina de captación de inversiones, Alia, se arrogaron la regulación de las principales contratas por las que se prestan los servicios públicos de limpieza viaria y recogida de la basura, el transporte público en autobús, el mantenimiento de zonas verdes o la limpieza de colegios y edificios públicos, después de haberse visto forzados a acordar prórrogas en varios de ellos. 

En todo caso, comprometieron mejoras en sus futuros resultados gracias a las nuevas condiciones previstas en los concursos de las que PSOE, Unides Podem EU y Compromís volvieron a mostrarse recelosos, tras incidir en que el balance del servicio de limpieza sigue siendo deficitario, por mucho que encuestas como la de OSUR (que antes aceptaban como válidas, según señaló Barcala) apunten una mejoría en la percepción de los ciudadanos.

Los millones en el banco

Ahora bien, PP y Cs apenas tuvieron capacidad de defensa (o al menos no lo demostraron) cuando los portavoces de PSOE, Unides Podem EU y Compromís (Miguel Millana, Xavier López y Natxo Bellido), les reprocharon que el ayuntamiento amasase más de 100 millones de remanentes en los bancos y no se habilitasen mecanismos para fomentar la creación de empleo y que contribuyesen a paliar las situaciones de dificultad de los colectivos vulnerables tras haber atravesado dos años de crisis económica por la covid, ahora prorrogada por los efectos de la invasión de Ucrania. 

Así, Millana -que debutó en su primer debate sobre el estado de la ciudad como portavoz tras el relevo de Paco Sanguino- volvió a incidir en la conveniencia de que se habilitase el fondo de participación en empresas que el PSOE ya propuso en 2020 para contribuir a paliar sus dificultades económicas. López planteó la necesidad de que se impulsase la construcción de vivienda social para paliar las necesidades habitacionales de la población vulnerable. Y Bellido reprochó que las convocatorias de ayuda puestas en marcha hasta ahora hayan contemplado fondos insuficientes y que, además, se hayan quedado sin conceder en un alto porcentaje por los problemas que presentaban sus bases.

En esta línea, los tres coincidieron en lamentar que PP y Cs insistan en presentar "una ciudad irreal", como señaló Bellido, en la que se reitera la presentación de proyectos y planes que no se han puesto en marcha o que carecen de dotación de presupuesto, con alusiones al Plan de Inclusión Social, al segundo Plan de la Zona Norte o la Agenda Urbana 2030, por citar algunos ejemplos. Así, los tres insistieron en subrayar la "falta de credibilidad" del equipo de gobierno en alusión a sus "incumplimientos".

De igual modo, al margen de criticar lo que tildaron de cesiones ante Vox como la aprobación de la ordenanza de convivencia cívica, Millana, López y Bellido también afearon al bipartito la puesta en marcha de rebajas fiscales lineales, sin progresividad "para que contribuya más quien más puede", lo que habría conllevado la pérdida de ingresos por 21 millones "a cambio de que cada alicantino se ahorre la cantidad de 10 euros", según Millana. O que se hubiese optado por "adelgazar la administración" con las consiguientes consecuencias de inejecución presupuestaria, de falta de agentes de Policía, o de funcionarios que puedan tramitar la asistencia social requerida por la ciudadanía.

Junto a ello, los tres líderes de la izquierda no olvidaron en cargar contra PP y Cs por "haber excluido la posibilidad de la participación ciudadana", al no contar con las Juntas de Distrito o con las asociaciones de vecinos para que pudiesen tomar parte de las decisiones que afectan a la ciudad. Eso es lo que, según Millana, habría forzado al bipartito a rectificar en actuaciones como la implantación de la zona azul en Carolinas o en la reformulación del proyecto para implantar un carril bus en la avenida de Aguilera o en dejar en suspenso la propuesta de transferencia de la gestión de los impuestos a Suma. Según dijo, esa situación de falta de diálogo también se habría visto en el diseño de algunos de los proyectos de reurbanización de plazas y calles, como la remodelación de la Plaza Nueva, aunque el mismo alcalde subrayó que se había presentado y consensuado con vecinos y comerciantes.

Con todo, frente a esa batería de reproches solo destacaron dos respuestas concretas por parte del equipo de gobierno. Primero, la que facilitó De España respecto a la dotación presupuestaria del Plan de Inclusión Social: "Ese plan conlleva actuaciones por 25 millones cada año", dijo. Y segundo, Barcala respondió a Millana que él sabía perfectamente que su propuesta de creación de un fondo de participación empresarial, dotado con 20 millones, no era viable ante la naturaleza del tejido productivo local, formado por pymes y autónomos, "como ya le han explicado los técnicos, aunque usted sigue insistiendo en ello, sin formular ninguna otra propuesta que resulte viable". De hecho, dijo estar decepcionado por los planteamientos expuestos por el conjunto de la oposición (especialmente por el PSOE). En contraposición, quiso detenerse para expresar su agradecimiento a cada uno de los concejales del equipo de gobierno por el trabajo desarrollado y "las ganas de seguir trabajando por la ciudad". 

Esas fueron sus últimas palabras en una sesión en la que PP y Cs pasaron de puntillas sobre otras promesas previas anticipadas en el primer debate sobre el estado de la ciudad del mandato y que todavía no se han desarrollado (de hecho, todo apunta que no estarán listos como mínimo hasta finales del próximo), como la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (del que ahora se acaba de contratar seis de los siete informes preliminares necesarios) o la construcción de un centro de congresos, ahora previsto entre los muelles 7 y 9 del Puerto de Alicante, en el que ya se han cerrado las bases para la convocatoria del concurso que permitirá seleccionar su anteproyecto, a la espera de que en la Diputación se pulse el botón estratégicamente oportuno para publicarla.

Cambio climático y seguridad

Frente a ese cruce dialéctico entre PP y Cs y el eje progresista, el segundo elemento inédito que deparó la sesión fue el desbarre -más acentuado de lo normal- en los planteamientos defendidos por Vox, que chirrió al poner el foco en dos de los postulados ideológicos centrales del partido a escala nacional, como la negación del cambio climático y la vinculación de delincuencia e inmigración, tratando de llevarlos al terreno de juego local. Su portavoz, Mario Ortolá, dedicó su primer turno de palabra a acusar al bipartito de connivencia con la izquierda, y de haberse plegado a su imposición ideológica con el desarrollo de medidas como la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el centro, con la advertencia de que eso iba a suponer la restricción de la libertad de desplazamiento como sacrificio frente al supuesto cambio climático que insistió en negar. Como en otros plenos precedentes, Ortolá lanzó otro aviso dirigido especialmente al PP con miras a 2023 al asegurar que podrían contar con la colaboración de Vox en el futuro, siempre que no se plegasen a esas "planteamientos ideológicos" de los partidos de la izquierda y que se siguiese avanzando en la reducción de gasto superfluo, en áreas como Igualdad, Cooperación e Inmigración.

Y el segundo turno, lo enfocó en reclamar medios que reforzasen la seguridad de la ciudadanía tras enumerar una larga relación de sucesos protagonizados por ciudadanos extranjeros en los que vino a asociar la delincuencia con la inmigración, lo que motivó la protesta expresa de los representantes de Compromís, Unides Podem EU y Cs. El PSOE obvió referirse al respecto. Y en el PP, solo Barcala tuvo unas palabras en su intervención final dirigidas a Ortolá en las que se limitó a señalar que las medidas emprendidas para reducir emisiones contaminantes no eran por imposición, sino por convencimiento, al tiempo que le animó a plantear cuestiones y propuestas que tuviesen que ver con Alicante, en lugar de tirar del repositorio nacional de su partido.

La cuestión es que, en esas alusiones, no hubo un desmarque tajante. En realidad, no podía haberlo, cuando quedan cerca de ocho meses para las próximas elecciones municipales y nadie puede pronosticar cuál puede ser la correlación de fuerzas que depare el escrutinio definitivo tras el cierre de las urnas. Hasta ahora, los sondeos demoscópicos realizados a escala nacional y autonómica reseñan un claro retroceso electoral de Cs, que ahora suma cinco concejales en la corporación, y que los populares tampoco despuntan, tras mitigarse el efecto de renovación de su cúpula con Feijóo al frente. Así que está por ver si el PP puede acabar requiriendo de nuevos aliados para sumar, en el caso de que la ciudadanía vuelva a convertirlo en el partido más votado, pero no le confiera la mayoría necesaria para gobernar en solitario, como sucedió en 2019. 

Entre tanto, las encuestas tampoco estarían dando lugar a un exceso de optimismo en la bancada progresista, en un contexto nacional en el que ni PSOE ni Unidas Podemos gozan de buena salud, al pagar el descontento de la ciudadanía por la situación económica (lo de Compromís y el impacto de la dimisión de Oltra también es una incógnita), y en el que el voto local se ve condicionado por la tendencia general, sin que exista una conexión especial del electorado por los asuntos municipales (como ejemplo, el debate de este viernes concito a menos de 10 espectadores en el salón de plenos y a menos de 50 por streaming). Por el momento, en la parte final del pleno, varios de los concejales no dudaron en expresar su agradecimiento y reconocimiento a los técnicos municipales por el trabajo desarrollado y, algunas de las intervenciones, sonaron incluso a despedida ante un salón de plenos que podría pasar de tener seis colores políticos a cerca de la mitad a partir del próximo mes de mayo.