El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, en el pleno ordinario de septiembre.ALICANTE. El relato de la tramitación del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante se obstina en repetirse para el bipartito que conforman Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) y, una vez más, vuelve a peligrar la posibilidad de que llegue a aprobarse en plazo, antes de que concluya el ejercicio, para que pueda entrar en vigor en enero de 2023. Consecuencia: menos tiempo para poder ejecutar esas previsiones económicas, como ha venido sucediendo tanto en este mandato, como en el anterior, bajo el gobierno del extinto tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís).
Lo cierto es que los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal ya han iniciado el diseño de esa planificación económica con la recopilación solo de los proyectos prioritarios que hayan quedado pendientes a lo largo del mandato y que no estén ya previstos en el calendario de proyectos con financiación plurianual. Así, como informó este diario, en esta ocasión se habría tratado de partir de lo general, ya concertado y admitido, a lo específico, con el fin de agilizar tiempos.
No obstante, el proceso no puede avanzar ahora tras emerger otros dos contratiempos hasta cierto modo sobrevenidos, como sucedió con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) por la que se suspendió el cobro de las plusvalías y se obligó a revisar sus métodos de cálculo, según fuentes del bipartito consultadas. El primero de esos factores imprevistos es el aumento de costes energéticos, sin que exista todavía una previsión aproximada válida del incremento al que se tendrá que hacer frente para pagar consumos de luz.
Como otros ayuntamientos de la provincia, el de Alicante está sujeto al acuerdo marco de compra centralizada de electricidad que pilota la Diputación Provincial, que se habría renovado ahora con Iberdrola y para el que se estima un incremento del 70% para los dos próximos años, como también informó este diario. Con todo, el área de Economía y Hacienda municipal no dispondría todavía de una cifra con la que poder cerrar una provisión presupuestaria para sufragar el suministro. En todo caso, se espera que se vaya a pagar más del doble por ese concepto, a la vista de los datos que ya están dando a conocer instituciones como la misma Universidad de Alicante (UA), en la que la factura del mes de julio habría aumentado un 45,62% respecto al mismo mes de 2021, pese a que el consumo se habría conseguido reducir en un 18%.
El segundo factor que estaría lastrando la confección del presupuesto tiene que ver con la revisión de las retribuciones de los funcionarios al quedar pendiente de la actualización del IPC que apruebe el Gobierno central. No es un dato menor si se tiene en cuenta que el capítulo 1 de los presupuestos, destinado a los gastos de personal, ascendió a 113 millones: más del 36% del volumen de las cuentas de 2022, cuando se alcanzó la cifra récord de 313 millones.
En principio, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ya ha dado a conocer las primeras previsiones al respecto, después de que haya trascendido la propuesta de incremento del 3,5% (un 1,5% más de lo acordado) para este 2022, que se preveía trasladar a la mesa de negociación de la función pública, este miércoles, que tendría que regularizarse ahora. Además, para 2023 se habría planteado otro incremento del 2,5% que sería del 2% en el año 2024, según ha difundido el diario El País, por ejemplo. Sin embargo, esas cifras siguen sin ser definitivas ni tener carácter oficial, por lo que persiste la incertidumbre también en ese parámetro.
Así, a las puertas del mes de octubre, no se vislumbra ningún avance para que pueda impulsarse la tramitación del nuevo proyecto de presupuestos con el que PP y Cs pretenden volver a solicitar la confianza de la ciudadanía ante las elecciones municipales de mayo de 2023. Esa planificación económica, todavía en pañales también por lo que respecta a la criba política de los nuevos proyectos a incorporar, debe superar también el filtro de los informes de fiscalización del área de Intervención, con lo que -salvo que se despejen las incógnitas pendientes y se acelere la selección de inversiones- todo parece indicar que, una vez más, las cuentas no estarán validadas por el pleno antes de enero.
