ALICANTE. El pleno del Consell del Gobierno valenciano ha ratificado el preacuerdo alcanzado, ahora casi 10 meses después, entre el ayuntamiento oriolano y la Generalitat para el alquiler y uso de los juzgados de la ciudad, que construyó el consistorio hace 12 años y que ha disfrutado la Conselleria de Justicia. El acuerdo tiene una otra vertiente: y es que la Generalitat cederá a su vez al consistorio el edificio de los antiguos juzgados para uso público municipal.
Como se acordara en diciembre de 2016, sobre el edificio de los nuevos Juzgados se va a formalizar un contrato de arrendamiento, que tendrá una vigencia máxima de 10 años. El importe de este arrendamiento se ha fijado en 75.000 euros anuales durante los cinco primeros años y 125.000 euros anuales del sexto al décimo año. Además, las partes acuerdan una opción de compra sobre este inmueble a favor de la Generalitat, que podrá ejercer esta opción antes de finalizar el periodo máximo de arrendamiento.
El inmueble se ha valorado en 4.766.532 euros, precio al que se le descontarán los importes que en el momento de la compra venta la Generalitat ya haya aportado en concepto de arrendamiento.
Por su parte, el Ayuntamiento de Orihuela se compromete, en caso de que las necesidades de prestación del servicio por parte de la Generalitat así lo requieran, a la búsqueda de soluciones patrimoniales -de suelo- que permitan la ampliación de las actuales dependencias de los nuevos juzgados, mediante la adquisición del solar colindante a este inmueble, que será cedido gratuitamente a la Generalitat para que ésta proceda, en su caso, a la ampliación necesaria.
En este caso, la Generalitat se compromete a construir la ampliación del actual Palacio de Justicia o a la construcción del edificio del nuevo Palacio de Justicia en el plazo de 5 años, a contar desde la aceptación de la cesión de los terrenos.
Por último, el convenio aprobado también contempla la cesión gratuita al Ayuntamiento de Orihuela del edificio ubicado en la calle Palmeral, propiedad de la Generalitat, pero usado por el ayuntamiento, donde se realizan en la actualidad actividades formativas para la promoción del empleo.
Con la firma de este acuerdo se pone fin a una situación lastrada desde hace doce años, clarificando la propiedad y uso de diferentes inmuebles.
Se trata de una situación heredada, similar a otros casos sobre los que también está trabajando la Dirección General de Patrimonio, como por ejemplo la Casa Natalicia Miguel Hernández o la regularización del expediente patrimonial de la Universidad Miguel Hernández, donde se ubica el Museo Didáctico de Ciencias.
El convenio aprobado por el Consell refuerza la política de la Dirección General de Patrimonio de cero inmuebles sin uso, así como la de cooperación institucional, siempre a favor de la ciudadanía.
