ELCHE. El bipartito ilicitano vuelve a tener problemas con los contratos menores y con los posibles fraccionamiento de contratos, algunos de estos últimos, relativos a 2019, confirmados. La novedad en este caso es que el Partido Popular ha puesto el caso en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto diligencias admitiendo a trámite la denuncia de la formación por posible fraude y prevaricación. De 676 facturas entregadas, existen reparos de la Intervención, figura fiscalizadora municipal, por un valor de 961.169 euros en 2019 y 585.428 euros en 2020.
Para dar a conocer la noticia, los populares contaron con el vicesecretario de Comunicación Pablo Montesinos, que sobre el tema tan solo pidió que el alcalde Carlos González diera explicaciones en 24 horas. Por su parte, Pablo Ruz expuso los distintos casos de estos reparos, de estas anomalías que llevan instauradas en el Ayuntamiento durante años. En retrospectiva, en marzo de 2019 el entonces portavoz adjunto del partido, Vicente Granero, denunció pagos que no estaban claros en Cultura, advirtiendo de estos reparos. Un mes después, dejó entrever el propio edil que podía haber fraccionamiento de contratos.
Ruz puso de relieve algunos ejemplos sobre las cuestiones que no se han estado realizando de la forma adecuada, de los múltiples ejemplos a lo largo de los 324 folios de la denuncia, que van junto a los informes del actual Interventor municipal como de la anterior. De hecho, ambos han sido citados como testigos por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante para el próximo día 20 de este mes.
Pablo Montesinos y Pablo RuzComo dio a conocer este medio el año pasado, en 2019 sí hubo fraccionamientos de contratos, como fue el caso de la cabalgata de reyes, y así los planteaba la Interventora:
No cabe realizar un contrato menor para este servicio por un lado porque el importe total es de 27.569,13 euros, no cabe fraccionarlo en dos proveedores como se ha hecho. Por otro lado porque ya se hizo un contrato menor el año anterior. Además señalar que, en cualquier caso, el contrato menor se debe utilizar para atender prestaciones singulares u ocasionales, no repetitivas como es la Cabalgata de Reyes que se realiza todos los años.
Además, aquél año también se daba cuenta de proveedores que facturaron sin contrato, casos de servicios con facturación sin que existiera contrato durante tres años, servicios facturados que excedían el importe del contrato anual, que otros contratados debían ser contratados puesto que no era algo puntual sino que se facturaba mensualmente en eventos, llegando a 29.000 euros; servicios con contratos caducados que se tendrían que haber anulado... Además de la cabalgata, también se catalogó como fraccionamiento obras en la Carretera del León y en el departamento de Vía Pública. Asimismo, los reparos fueron a nivel general, en Deportes, en pluses de nocturnidad de la Policía Local, en contratos de suministros para el festival de Jazz, en Educación, Bienestar Social... A lo largo de sus informes, Intervención señalaba que la no planificación de los departamentos no es excusa para fraccionar el objeto de la actividad y eludir las normas de contratación.
En cualquier caso, la Intervención, como contó Alicante Plaza, reconocía la dificultad de determinar si eran contratos menores o no en algunos casos. Decía el año pasado que sobre 31 expedientes económicos por reparos en facturas, de un importe total de 699.685,97 euros, un total de 536.656,96 euros podrían haber tenido la calificación de contratos menores.
Por otra parte, como adelantó también este medio hace unos días, tras la liquidación del presupuesto de 2020, como ocurrió con el de 2019, la edil de Gestión Tributaria, Patricia Macià, mencionó los reparos que se habían detectado por parte de la Intervención. Y de nuevo, aunque esta vez con otro Interventor, este ha vuelto a mostrar sus dudas con posibles fraccionamientos. Si bien en 2019 sí se detectaron varios casos claros, esta vez se plantean como posibilidades, aunque no se pueden confirmar. En total, los reparos del pasado ejercicio fueron 28. Salvo dos reparos, vinculados a un incremento de complementos y cambios en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), los otros cuatro tipos de expedientes tienen que ver con casos de los que ya dio cuenta el interventor en anteriores informes. Vienen por ámbitos como el reconocimiento extrajudicial de créditos, gastos de servicios o suministros que estaban en trámite.
Eso sí, cabe resaltar que todos estos expedientes contaban con las características para validarlos: gasto propuesto por el órgano competente, crédito adecuado, conformidad de los responsables del servicio y una figura del departamento avalando la actuación. Además, se suelen resolver con el visto bueno de alcaldía, como fue el caso. También hay que mencionar que sobre los posibles fraccionamientos, tras la polémica de hace un par de años, se está intentando revertir la situación con pliegos de condiciones para este tipo de pagos o suministros pequeños y se ha logrado que parte de los trámites que antes faltaban o se hacían mal, se hayan corregido. Pero es una cuestión enquistada de hace años. De hecho, el Ejecutivo local lo reconocía en 2019. Y hay que añadir que el Ayuntamiento se adaptó a la transposición europea que permite pagos menores hasta 5.000 euros: antes eran 3.000.
También que el plan exigido por Intervención para mejorar este funcionamiento se está trabajando entre los coordinadores de Hacienda, Contratación y Recursos Humanos. Un ámbito que ya calentó el primer pleno de este año por cuestiones de contratos menores. En este sentido, más en perspectiva aún, es una situación enquistada que viene de lejos. La Sindicatura de Comptes informó de fraccionamiento de contratos y otras irregularidades en Elche en 2015 y 2016; es decir, en la etapa final del Partido Popular, encabezado por Mercedes Alonso, y con la nueva, con el tripartito, de PSPV, Compromís e Ilicitanos por Elche. De nuevo, contratos troceados o sin cobertura legal. Además, advertía de que el puesto del fiscalizador municipal, el Interventor, llevaba entonces 25 años sin cubrir por un funcionario de habilitación nacional; siendo accidental y no fijo. Ahora ya va camino de ser 30 años.
Sea como fuere, días antes de informar de que la Fiscalía va a investigar sobre esta cuestión, el PP también dejaba caer, aunque sin mencionarlo, que hay posibles irregularidades con un conflicto de intereses entre la edil de Gestión Tributaria y su hermano, arquitecto de profesión y colaborador en la empresa que se ha llevado el contrato para diseñar y dirigir la obra del Virgen de la Luz. Sin embargo, más allá de un vínculo, no hay ninguna prueba fehaciente de que hubiera un amaño o información privilegiada. No obstante, ya habían abonado el terreno para la noticia de la Fiscalía Anticorrupción, incluso con la presencia de Montesinos, que salvo el mensaje para el alcalde, habló de cuestiones nacionales, aprovechando el rebufo de las elecciones madrileñas y la candidatura de Carlos Mazón en el PPCV. Con las diligencias se cuelgan una medalla a su favor, será otro elemento con el que intentarán erosionar al bipartito de aquí a los dos años que quedan de legislatura.
Por su parte, quedará por ver si hay algún tipo de posible condena al bipartito. La Sindicatura tan solo dio el toque, al igual que Intervención, si bien es cierto que el Tribunal de Cuentas también tiene que pronunciarse. En cualquier caso, el alcalde manifestaba que “estamos a disposición de la justicia, hay máxima voluntad del equipo de Gobierno en colaborar con la justicia y en esclarecer todas aquellas cuestiones que puedan ser planteadas por la Fiscalía”. Que se está gestionando con la "máxima transparencia y con el cumplimiento más estricto de la legalidad, así lo acreditan todos los informes realizados por la Intervención municipal y así lo trasladaremos".
Los reparos, defendía, son "circunstancias que no representan ni ilícitos penales ni irregularidades, pero que se producen en la dinámica de funcionamiento de cualquier ayuntamiento". Eso sí, cargaba otra vez contra los populares: “Obedece a la estrategia temeraria de oposición del Partido Popular. Nos encontramos, de nuevo, ante un episodio en el que el PP cuando advierte que no puede ganar al adversario por los métodos democráticos normales utiliza atajos y utiliza esta estrategia que, en definitiva es, por una parte utilizar a la justicia y por otra significa el deseo y la voluntad de intentar destruir al adversario”. Con todo, la Fiscalía será la que dilucide en qué queda finalmente.
