Imagen del plenoELCHE. Como era previsible, había dos temas candentes que iban a subir la temperatura de la primera sesión plenaria del año; una el informe de la Intervención acerca una vez más de las incidencias en los contratos menores —que desde la oposición califican de ilegalidades—, cuestión con la que ya tropezó el bipartito el año pasado con los fraccionamientos, y la otra la coyuntura del a hostelería, con las propuestas a flor de piel. Dos puntos en los que hubo duras acusaciones entre bipartito y oposición, que también pusieron de relieve que las palabras de buena voluntad y unidad para buscar soluciones a la pandemia a nivel local de hace semanas se las lleva el viento en el primer soplo del año. Todo el mundo sigue con sus mismas líneas rojas.
Dentro del balance de la aprobación de la cuenta anual de 2019 se hizo balance del informe del Interventor, que como ha contado este medio, además de señalar las anomalías e 'incidencias' en los contratos menores o procedimientos de subvenciones y reparos en las nocturnidades de la Policía Local, también ponía de relieve la falta de recursos que tiene este órgano de control que tiene que velar y fiscalizar para evitar estas situaciones. De hecho, en su informe proponía la creación de una plaza de Viceinterventor, además de reforzar con un equipo técnico y más medios.
En ese sentido, Eva Crisol por Ciudadanos recordó que en 2018 el Síndic de Comptes ya dio el toque de atención por la situación y por esa plaza accidental —es decir, no fija— del propio Interventor, y pidió al Ejecutivo "que no trapichee", cosa que después reculó y cambió por "falta de diligencia". Señalaron también desde Vox que era preocupante y que "algo huele mal", al tiempo que García-Ontiveros criticó los errores en los 14 contratos menores analizados, la falta de recursos de Intervención y que se corrigiesen incidencias.
Sin embargo, en el PP fueron más allá, rememorando Pablo Ruz los 31 reparos de contratos de 2019 por más de medio millón de euros y aseverando que el informe es “un canto a la inmoralidad financiera y a la malversación moral”. Y advirtió que el Ejecutivo ha estado "moralmente malversando el dinero público sin ningún rubor, todos los concejales" y que con ejemplos como la adjudicación antes de la recepción de las ofertas en algún caso, "si han vulnerado la legalidad tendrán que asumir responsabilidades". Y amenazó con llevar el caso a los tribunales si sus servicios jurídicos así lo estiman, o a la Fiscalía. Unos casos concretos que hace unos días desde Gestión Tributaria se defendió que se debía a a errores de transcripción, aunque se omitieron en el comunicado otros errores que figuraban en el informe, de los que dio cuenta Alicante Plaza.
La titular del área, Patricia Macià, volvió a defender que en el expediente no se asevera literalmente en ningún caso que hubiera "irregularidades" o "ilegalidades", cuestión por la cual tendrían que elevar el mismo al Tribunal de Cuentas, y ante el tono elevado —Ruz acusó de "despotismo" al bipartito—, la edil hizo constar en acta que Juan Antonio Alberdi, el edil de Vox, fue el único que en la Comisión de Hacienda preguntó por el informe. Eso sí, el alcalde, en última instancia, y para cubrirse las espaldas, apeló al Interventor, Víctor Manuel Martí, que respondiera a dos preguntas sobre la situación para disipar las dudas sobre esas "irregularidades" y cubrirse las espaldas ante posibles líos judiciales en el caso de que siquiera empezaran. El Interventor aseveró que eran irregularidades administrativas, pero "no ha habido infracciones administrativas", por lo que no procedía ir al Tribunal de Cuentas.
La palabra del interventor (en el asiento derecho del alcalde) Por su parte, la edil de Compromís Esther Díez, formación a la cual Ruz calificó de "palmeros que avalan situaciones susceptibles de delitos", excusó algunas de seas incidencias, como la elección de presupuestos más caros frente a otros, "porque son mejores en calidad", y aseguró que "hay más control que nunca, antes no se hacía". Y sobre el refuerzo de medios para fiscalizar, apostilló que "no se puede hacer sin desmantelar ni recortar la administración pública que pretende Vox o que aplica PP".
Y con ese ambiente y la inesperada carta que jugó el bipartito con la inaudita intervención del Interventor, valga la redundancia, el pleno pasó al otro punto caliente, las ayudas a la hostelería con el plan de choque de ayudas directas que proponía el PP. "Este plan es totalmente insuficiente y tiene que ser complementario al que presentamos nosotros, las ayudas que la Diputación ya ha puesto en marcha”. Un plan que toda la oposición votó a favor y que tumbó el bipartito, defendiendo por parte del PSOE y el edil Carles Molina que "llegaba tarde" —mientras algunos hosteleros criticaban al Ayuntamiento en el chat del streaming por denunciar que el Consistorio no les ayude más—.
Defendió el concejal que se va a crear una mesa esta semana para coordinar el Plan Resiste del Consell para los sectores más afectados, no solo la hostelería, también la cultura, una de las grandes olvidadas siempre, o las agencias de viajes, y que hay una partida específica para el ocio nocturno. Aunque el grueso será para la hostelería. El edil de comercio, Felip Sànchez, planteó si no parecían suficiente los 6,2 millones de euros que le corresponderán a las empresas y autónomos de Elche en ayudas —en el presupuesto se habían consignado 2 millones para esto—, y que compartía otras medidas necesarias como restricciones también en los centros comerciales, o que también hay a priori en el plan partidas para trabajadores afectados por ERTE.
Un plan que en cualquier caso estaba condenado a no salir adelante al no tener mayoría, y además después del plan autonómico y la cantidad que le toca al municipio. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que después de haber modificado el presupuesto para sacar más de 5 millones de euros extra en 2020 para ayudas, se quedó corto porque las incompatibilidades entre subvenciones de administraciones hicieron que interesados en Elche tuvieran que renunciar a la local o no poder acceder a alguna por haber recibido otra.
Eso sí, aunque el tono se distendió con alguna moción hacia el final del pleno, consejos epidemiológicos entre concejales mediante, quedó claro, por si había dudas, que las palabras se las lleva el viento y lo de actuar con unidad ante la situación no dura más allá que cuando hay que arremangarse, ya que las cuestiones de impuestos u otras coyunturales como las ayudas a determinados sectores siguen siendo líneas rojas. Y nadie quiere aprobar unos presupuestos del rival. Así, ni unos aprobaron el presupuesto ni los otros accedieron a enmendar un posible plan local extra —que luego habrá que ver si hay capacidad para gestionar esos 6 millones—. En resumidas cuentas, nada nuevo bajo el sol. Tampoco en pandemia.
