ELCHE. La Intervención municipal vuelve a poner el ojo en distintas anomalías —"incidencias", asevera la edil de Gestión Tributaria, Patricia Macià— en los procesos de Contratación, cada vez con más control y más estrictos desde que se aprobó la nueva legislación de contratos públicos. "No hay ninguna irregularidad", defiende la edil, y el informe que se enviará a la Intervención del Estado no habla en esos términos, como sí lo hizo en el informe de abril de 2020 por fraccionamientos de contratos, pero sí se mencionan distintas anomalías que hay que corregir. Entre ellas, destaca el interventor, falta de información en muchos procesos, adjudicaciones que se han realizado a presupuestos que económicamente no son los más ventajosos, o la propia incapacidad de fiscalizar por falta de recursos.
Si bien aquél primer informe se refería a 31 reparos por medio millón de euros y omisión de fiscalización en facturas, por instrucción del Tribunal de Cuentas, en este se mira todo el expediente a raíz de un Real Decreto de control interno de los ayuntamientos, y para ello, la Intervención General de la Administración del Estado dictó en abril de 2020 las instrucciones por las cuáles cómo ha de ajustarse este informe. En este sentido, el mismo analiza el gasto en base a tres ejes: un trabajo de fiscalización de conformidad, fiscalización con reparos y Actos con omisión de la función interventora, en los que se encuentran el grueso de estas 'incidencias'.
Una situación que ha denunciado el PP, amenazando con poner la situación en manos de la Fiscalía, a pesar de que a priori parecen casos de menor gravedad que los del anterior informe, y que desde el bipartito ya se afanan en aseverar que son declaraciones repletas de falsedades. Por ejemplo, en uno de los contratos analizados por la Intervención, de vallados en el polideportivo de El Altet, señala el informe que "la fecha del informe en el que se propone al adjudicatario es anterior a una de las 3 ofertas presentadas", que sería de las cuestiones más graves, aunque asegura la edil que no es tal, sino que ha sido un error de transcripción ya subsanado.
Otro ejemplo que denunciaba el PP, hablando de "ilegalidad", sobre expedientes cuyo importe superaba el límite del procedimiento simplificado, la concejala asevera que “hablado con los técnicos que han elaborado el informe, en ninguno los contratos que se han revisado se recoge esa afirmación, ya que en todos los casos se han respetado los límites monetarios”. Dejando de lado la defensa que se hace desde Hacienda de no haber incurrido en ninguna ilegalidad, y siendo cierto que la Intervención apunta que en actos con omisión de la función interventora el gasto fue propuesto por el órgano competente, el gasto disponía de crédito adecuado y conformidad de los responsables del servicio y figuraba informe del departamento motivando la actuación, hay distintas anomalías —si bien es cierto que el hecho de que no las mencione como tal no tiene por qué significar que algunas sí puedan serlo— que refleja la Intervención.
Entre ellas, que por ejemplo en un contrato menor para suministros de cámara negra para el Gran Teatre, el presupuesto de la mercantil adjudicataria es posterior al informe emitido por el Técnico Municipal de Instalaciones Culturales y al emitido por el Órgano de contratación y no es el más económico de las 4 ofertas existentes en el expediente. Y como es la tónica en el grueso de los contratos elegidos al azar por el órgano supervisor para hacer el informe, no se remitió información del contrato al Registro de contratos de la Sindicatura de Comptes, ni hay constancia de la remisión de la información al Departamento Municipal de Contratación. Ni se ha publicado en la Plataforma de Contratación el objeto, duración, importe de adjudicación (IVA incluido) y la identidad del adjudicatario.
Otro de los casos destacados en el informe del adjudicatario de un contrato menor de suministro de software no figuraba el certificado vigente del adjudicatario de no encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias emitido por AEAT cuando se aprobó. En otro contrato menor la petición de retención de crédito a la Intervención Municipal, en la que ya se informa del proveedor elegido, es anterior a las 3 ofertas solicitadas a distintos proveedores. Y en el mismo, se ha incumplido el plazo de pago de la LCSP.
En otro contrato de acondicionamiento de zonas verdes del Parque Empresarial indica el Interventor que "no existe constancia de documento que justifique que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, ni acreditación de que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra del contrato menor. No obstante, se ha comprobado en la contabilidad municipal que se cumple dicho extremo". En el apartado de beneficios fiscales, en ayudas asistenciales para el alumnado del curso 2019/20 "se ha aceptado como gasto subvencionable conceptos que no están previstos en las bases reguladoras"...
Así pues, hay elementos comunes en el documento elaborado por el Interventor, falta de información en contratos menores y pasos del procedimiento que se saltan, que son comunes, además de los casos concretos y más dudosos como deja entrever el informe, que son los mencionados. Por todo ello se recomienda a distintos departamentos dentro de las concejalías que se motive más profusamente la conveniencia del contrato, que se justifique más detalladamente por qué se ha elegido al adjudicatario, unificar en un solo informe todos los antecedentes o desglosar los presupuestos.
Por último, previamente a estas recomendaciones, el informe señala "las limitaciones de recursos de esta Intervención —con plaza accidental y no definitiva— de Fondos", y propone al final que los departamentos correspondientes planifiquen con antelación los servicios y actuaciones necesarios, así como los pliegos técnicos, para que se tramiten "con la antelación suficiente para que no se presten los servicios o suministros sin la cobertura legal necesaria". Y se pide un sistema de planificación en Contratación. También que el pleno municipal "debería acordar la sustitución de la fiscalización previa de los ingresos por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior".
Con todo, ante las críticas del PP, la edil defiende que de los 14 contratos menores de 160 que se han revisado cumplen con la normativa, "y si se hubieran cometido ilegalidades, el interventor tiene la obligación de denunciar la responsabilidad al Tribunal de
Cuentas o a la Fiscalía, cosa que no se dice en ningún momento en el informe”. Además, como contó Alicante Plaza, una transposición europea a la que se sumó Elche en 2020 permitió que los pagos menores pasaran de 3.000 a 5.000 euros, desapareciendo de esta forma la obligación de presentar un informe justificando la necesidad del contrato menor. Es decir, menos control.
Cosa que es cierta, pero también que se revisan otros aspectos que no son contratos menores, como los mencionados de bonificaciones fiscales, o que hay un expediente fiscalizado con reparo: el incremento mensual por importe de 75 euros en el complemento nocturno de la Policía Local, por incumplimiento del incremento máximo retributivo previsto en el Real Decreto-ley 24/2018. Para evitar los fraccionamientos del informe de 2020 se están licitando más servicios que antes se gestionaban vía contrato menor, aunque aún faltan contratos menores que no se han hecho públicos en la relación de 2019, como el del informe solicitado a Cuatrecasas.
