ELCHE. La Intervención municipal vuelve a poner el ojo en distintas anomalías —"incidencias", asevera la edil de Gestión Tributaria, Patricia Macià— en los procesos de Contratación, cada vez con más control y más estrictos desde que se aprobó la nueva legislación de contratos públicos. "No hay ninguna irregularidad", defiende la edil, y el informe que se enviará a la Intervención del Estado no habla en esos términos, como sí lo hizo en el informe de abril de 2020 por fraccionamientos de contratos, pero sí se mencionan distintas anomalías que hay que corregir. Entre ellas, destaca el interventor, falta de información en muchos procesos, adjudicaciones que se han realizado a presupuestos que económicamente no son los más ventajosos, o la propia incapacidad de fiscalizar por falta de recursos.
Si bien aquél primer informe se refería a 31 reparos por medio millón de euros y omisión de fiscalización en facturas, por instrucción del Tribunal de Cuentas, en este se mira todo el expediente a raíz de un Real Decreto de control interno de los ayuntamientos, y para ello, la Intervención General de la Administración del Estado dictó en abril de 2020 las instrucciones por las cuáles cómo ha de ajustarse este informe. En este sentido, el mismo analiza el gasto en base a tres ejes: un trabajo de fiscalización de conformidad, fiscalización con reparos y Actos con omisión de la función interventora, en los que se encuentran el grueso de estas 'incidencias'.
