ELCHE. La Sindicatura de Comptes ha hecho público su informe de fiscalización sobre varios aspectos de la gestión del Ayuntamiento en el año 2015, un curso político que coincidió con la etapa final del Partido Popular, encabezado por Mercedes Alonso, y con la nueva, con el tripartito, entonces con PSPV, Compromís e Ilicitanos por Elche. También hace énfasis en contrataciones tanto del ejercicio 2015 como 2016. Entre algunos de los asuntos de mayor relevancia, se encuentra el hecho del fraccionamiento de contratos menores y que no tiene cubierto el puesto de trabajo de Intervención con un funcionario de habilitación nacional, sino que lo tiene vacante desde hace más de 25 años, lo cual supone una irregularidad.
Los contratos menores, son aquellos cuyo importe es inferior a 50.000 euros, cuando se trata de obras, y 18.000 —15.000 con la nueva ley— euros cuando se trata de suministros, servicios y otros, sin perjuicio del que se dispone. En la revisión realizada sobre una muestra de expedientes de contratos menores se han detectado algunos en que se tendría que haber promovido una contratación conjunta. En el primero de ellos se identifican varias facturas con una misma empresa por la emisión en una televisión local de Elche de varios programas audiovisuales: la retransmisión de la agenda cultural o política municipal, entre otros. El conjunto de las facturas revisadas suma 40.588 euros, y jurídicamente fueron calificados erróneamente. Asimismo, el informe no especifica de qué fecha es la factura, por lo que puede pertenecer tanto al PP como a la época del tripartito.
Por otra parte, en el año 2016 se adjudicaron dos contratos menores por una cuantía conjunta de 21.786 euros. Sus facturas se emitieron con una diferencia de 19 días por el mismo empresario y la primera obedece al suministro de un producto para la lucha contra la plaga del picudo rojo, mientras que la segunda obedece al servicio de la aplicación del dicho producto en determinadas zonas municipales. Por lo tanto, se trata de la concejalía de Medio Ambiente, perteneciente a Compromís. El expediente indica que sendos contratos se tendrían que haber tramitado y licitado conjuntamente, siguiendo los principios de publicidad y transparencia de la contratación administrativa, teniendo la consideración de un contrato administrativo mixto. En cualquier caso, tanto este como el anterior caso no son nuevos, en 2011 ya se advirtió de este troceo de facturas.
No son estas las únicas irregularidades que se encuentran en torno a la contratación. En un elevado número de las advertencias de los ejercicios 2015 y 2016 revisadas se pone de manifiesto que se incluyeron facturas por importes superiores a 3.000 euros sin que se promovieron los preceptivos expedientes de contratación. En otras ocasiones se hace referencia al hecho que, en determinadas gastos, se fraccionó el importe con objeto de no promover un procedimiento de contratación. En otras, por ejemplo, en el servicio de ayuda a domicilio, la adjudicación del contrato se efectuó casi cinco meses después de la
apertura de las proposiciones, el que supera ampliamente el plazo legal de dos meses. En otros aspectos, destaca que en varios casos las prestaciones de servicios las han realizado los contratistas sin cobertura contractual —como en el caso de servicio de recogida de animales abandonados en la vía pública—.
Asimismo, el otro punto a destacar del informe es el referido al puesto de trabajo de Intervención, no está cubierto con un funcionario de habilitación nacional, sino que el puesto está vacante desde hace más de 25 años. Sólo los puestos de trabajo de Secretaría y Tesorería están ocupados con carácter definitivo por funcionarios que ostentan la mencionada condición; mientras que los lugares Vicesecretaria e Intervención están cubiertos por funcionarios del mismo Ayuntamiento, “mediante nombramientos accidentales”, como este de Intervención. En este sentido, se destaca que la Intervención Municipal no elevó al pleno un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. También que tanto ella como la Secretaría General no emitieron informes sobre la adecuación de los pliegos de cláusulas administrativas.
Por otra parte, esta auditoría indica que "el Ayuntamiento no se adaptó al régimen jurídico de los municipios de gran población, en el sentido de aprobar los reglamentos e implantar los órganos específicos que tienen este tipo de municipios, entre otros asuntos". O que los anuncios de formalización de los contratos no se publican en los diarios oficiales a que están obligados. Algo que en ese sentido sí se realiza en los boletines actualmente. En lo referente a la revisión financiera, desde la Sindicatura se han detectado 276.941 euros a 31 de diciembre de 2015 que no figuraban en el salto de Tesorería, y que eran referentes a ocho partidas de recaudación.
Para corregir estos aspectos, señala que en primer lugar de forma contundente, que el Ayuntamiento ha de garantizar que no se produzca el fraccionamiento de contratos, con objeto de garantizar una mayor concurrencia y una gestión más eficiente de los recursos públicos. Sobre la Intervención General, tiene que ser más rigurosa en la formalización de los informes de disconformidad y calificar de manera expresa como advertencias todas aquellas situaciones en las cuales se aprecia un desacuerdo en el fondo o en la forma con los actos, documentos o expedientes examinados. Añade sobre la misma que tiene que elaborar los informes de estabilidad presupuestaria de los entes dependientes expresando un detalle de los ajustes practicados en cada uno y la situación individual en términos de capacidad de financiación.
Sobre los presupuestos, asevera la Sindicatura que el Ayuntamiento ha de elaborar de manera adecuada los presupuestos de cada ejercicio y procurar que se reúnen los créditos suficientes para atender el cumplimiento de las obligaciones que como máximo se puedan realizar en el ejercicio. A ese respecto, apunta que ha de agilizar la gestión administrativa y la recepción de las facturas durante el ejercicio presupuestario, con el fin de que no tengan que ser imputadas en el presupuesto del ejercicio siguiente.
