ELCHE. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, José Navarro, ha denunciado el "desastre" de gestión económica del equipo de Gobierno en materia de contratación tal y como recoge el informe de control interno de 2019.
Navarro ha declarado que “el informe elaborado por la Intervención del Ayuntamiento tiene por objeto el control financiero del Ayuntamiento y de todas los organismos autónomos y entes dependientes de la administración local. Estudiado dicho documento, hemos observado como recoge de manera taxativa el hecho de que PSOE y Compromís no se ajustan a la legalidad en muchos procedimientos contractuales, algo que, como miembros de esta Corporación, no estamos dispuestos a consentir”.
“Esta forma de gestionar es la viva muestra de lo que representa González. El oscurantismo y la opacidad que venimos denunciando queda demostrado con informes como éstos donde se da buena muestra del cortijo en que PSOE y Compromis han convertido el Ayuntamiento de Elche. No es el PP quien ha redactado el informe, ni Pablo Ruz; ha sido el propio interventor, elegido a dedo por Carlos González, quien ha puesto negro sobre blanco todas las irregularidades en materia contractual del bipartito”. Y apunta a que el regidor removió de su puesto a la antigua interventora "que realizó numerosos informes avisando de procedimientos que no se ajustaban a la legalidad”.
El edil ha denunciado que “González esta atacando la transparencia, la libre competencia y la rendición de cuentas. Su forma de gestionar y trabajar hace que la contratación pública se aparte de la legalidad y rompa con todo proceso de corrección administrativa”, apunta Navarro, quien añade que "algunas de las ilegalidades detectadas son: expedientes cuyo importe superaba el límite del procedimiento simplificado, incumplimiento de las obligaciones de publicidad establecidas en la LCSP, como la publicación en la Plataforma de Contratación del Estado, el objeto, duración, importe, así como la identidad del adjudicatario, elección de la oferta menos ventajosa, contrataciones de empresas cuyos certificados para acreditar que se está al corriente con la Agencia Tributaria no estaban vigentes o gastar el dinero antes de que se autorice el gasto”.
Navarro resaltaba que “no estamos hablando de nimiedades, hablamos de contratos que mueven cantidades considerables de dinero sin seguir todos los trámites legales, hablamos de contratos otorgados a dedo sin ningún tipo de rubor, hablamos de favoritismo y prácticas arbitrarias, hablamos de ilegalidades cometidas en nuestro Ayuntamiento por PSOE y Compromis”.
“No vamos aceptar el repetido y manido argumento de que se tratan de anomalías y disfunciones típicas en las que se está trabajando para poner solución”, señala el concejal, por eso explican que sus servicios jurídicos van a poner a disposición de la Fiscalía todos los datos e informes "de los que disponemos, facturas, informes de reparo y actos sin la necesaria fiscalización. Es inadmisible que esto esté ocurriendo en nuestro Ayuntamiento y no vamos a permitir conductas contrarias a la ley como las que está practicando Carlos González y su equipo de concejales. Lo que está ocurriendo con este gobierno es gravísimo y no lo vamos a consentir” ha concluido Navarro.
Sobre esta cuestión, la edil de Gestión Tributaria, Patricia Macià, señala por su parte que son cuestiones "menores" y que son errores en los procedimientos de los contratos desde el apartado técnico, "saltos de pasos" y que la Intervención del Estado está repasando cómo se han desarrollado las contrataciones durante 2020 en los ayuntamientos, ya que asevera que fue en abril de 2020 cuando se explicó cómo se tenía que hacer el informe de este control interno.
