ELCHE. Este martes daba comienzo la primera jornada del Debate del Estado de la Ciudad, que no se celebró en 2020 por la pandemia. Una vez recuperada cierta normalidad con la crisis sanitaria, ha participado por primera vez ciudadanía de a pie con el denominado 'Escaño 28', que ha incidido en mayores políticas para la juventud y las pedanías. Una cuestión recurrente, no tanto en estos debates, donde por primera vez han participado los agentes sociales: CCOO y UGT y la CEV por parte de la patronal. Un discurso en el que se ha incidido en la economía sumergida.
Sobre esta cuestión, por parte de CCOO, Antonio Ferrández hablaba de la pérdida de afiliación y de la necesidad de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), así como de la bajada de la contratación en Elche y que el grueso de los contratos son temporales (85%). Además de plantear la necesidad de recuperar tejido industrial. Y en relación con esto último, ponía de relieve que tan solo el 48% de la gente parada de la ciudad cobra alguna prestación, denunciando que la economía sumergida "ya no obedece únicamente al calzado", en referencia a la imagen del sector a este respecto, sino que "ya no es solo una cuestión del calzado, hay que atajar la subcontratación, las horas no cotizadas o el trabajo sin contratación".
Una línea que también defendía en su intervención el secretario general de UGT en la comarca, Ismael Senent, quien destacó la labor de los ERTE para el mantenimiento del empleo, incidía también en que unas 30.000 personas en Elche no trabajan y no reciben ningún tipo de prestación, e instaba al Ejecutivo local a luchar contra la economía sumergida. "No podemos seguir dejando que crezca la imagen de Elche como paraíso para la economía sumergida", apuntaba, destacando el "escudo social del Ayuntamiento", y asegurando que el Salario Mínimo Vital del Gobierno es insuficiente, rompiendo una lanza a favor de la propuesta de los sindicatos de una prestación mínima de ingresos.
Por su parte, el representante de la CEV en la provincia, Perfecto Palacio, también tendió la mano en ese sentido tanto al Ayuntamiento como a los sindicatos, ofreciendo su apoyo para "erradicar" esta práctica, defendiendo que también va en contra de las firmas. "Los grandes perjudicados son los empresarios de esta ciudad, que en un porcentaje altísimo hacen las cosas decididamente bien, y debemos hacerlo sin separar lo público de lo privado con límites radicales, hemos de abordar una perspectiva de colaboración público-privada para nuestro éxito". Esto buscaría mejorar las cifras del empleo, asentar su modelo turístico y reafirmando su potencial industrial, "creciendo de forma integradora con un urbanismo sostenible y respete el entorno", finalizó su intervención, haciendo un guiño a la Capital Verde 2030.
Anteriormente, apuntó las líneas estratégicas a seguir según la patronal en materia de comercio más moderno que diera el salto online, una política activa de suelo industrial y agilizar la Ley de Áreas Industriales para los polígonos, pidió impulsar el turismo ilicitano por su enclave único, así como un nuevo estudio acerca del Palacio de Congresos. También pidió "no perder la estela de los proyectos tecnológicos de la provincia", así como lanzó la propuesta de crear una oficina de captación de empresas tecnológicas e industriales. "Y no enfrentar a los sectores", en referencia a las palabras sindicales, aduciendo que la industria tradicional es la base de la economía local. También tendió la mano para el apoyo en la defensa del trasvase y reivindicar las infraestructuras pendientes de otras administraciones.
Ante la postura coincidente de los agentes sociales, el regidor Carlos González también recogió el guante sobre esta cuestión, un mal endémico de la ciudad desde hace décadas —históricamente en el calzado con las aparadoras y otros puestos, y extendido a otros sectores como la hostelería—, contestó a Palacio que estaba de acuerdo en esa lucha "porque afecta a trabajadores pero también a empresas que lo hacen bien, que son la inmensa mayoría, y supone un gran coste en términos de futuro y de las pensiones". Por eso lanzó un mensaje de conjura ante este problema. Puso en valor la mesa de la economía sumergida, calificándola de “valiente y pionera”, aunque no se tradujo en ninguna política o acción concreta, aunque sí hubo diversas propuestas en su última convocatoria, salvo ayudas para aparadoras y un diagnóstico de la UMH más centrado en la percepción social de la economía irregular. "Tiene todo el sentido volver a esa mesa", zanjó el primer edil. La última vez se convocó en 2018, la legislatura pasada.
Por otra parte, por la tarde, en el turno de los consejos municipales sectoriales, Cinthya Palomino, por parte del Consejo Municipal de Integración, también aludió a la economía sumergida, recordando que "nosotros también contribuimos a la riqueza", y que sin embargo, "no solo sufrimos las mismas calamidades que todos los autóctonos, tenemos el añadido de ser una fuerza laboral más precaria", poniendo de ejemplo "problemas de los empleadores que quieren precarizarnos o no contratándonos", relató, criticando que algunos evitan afiliarles a la Seguridad Social y que agitan el espantajo de quitar el trabajo a los españoles. Además de hacer hincapié en que necesitan más integración y políticas que fomenten los vínculos y enriquecer en la diversidad de otras culturas, tuvo una especial mención "para el sector de las personas ancianas, ya que aquellos que se dedican al cuidado de las personas mayores también están en la economía sumergida".