Feria Futurmoda. Foto: RAFA MOLINA ELCHE. La comisión del calzado de Les Corts ya tiene listo su borrador con las conclusiones acerca del futuro del sector y que se remitirá al parlamento valenciano, así como al Consell y el Gobierno central para el despliegue de sus propuestas. Durante meses, han sido numerosos los participantes, desde la patronal y los sindicatos, hasta miembros del mundo académico, partidos, administraciones o aparadoras. En los ejes se reconoce la falta de innovación en el sector por la abundancia de pymes, así como la necesidad de relevo generacional, planes de formación y digitalización o la erradicación de la economía sumergida en el sector. Para lo cual se propone una unidad de Inspección dirigida al mismo.
En ese sentido, después de la pandemia y ahora con la inflación, se ha convenido en que este tradicional sector manufacturero, exportador pero también con una creciente 'servitización' —muchas firmas son también comercializadoras— necesita una readaptación al nuevo marco económico mundial "que le debe llevar de nuevo a una reinvención basada en la digitalización, los cambios de hábitos de consumo y la industria sostenible". Es decir, un cambio del modelo de negocio. Además, sigue arrastrando problemas enquistados durante décadas, como esa propia falta de inversión en I+D o la economía sumergida.
Sobre el primero de estos aspectos, indica que con el desarrollo de la industria 4.0 en las pequeñas y medianas empresas del calzado valenciano, incrementaría un 20% el nivel de exportaciones. Un tercio de las firmas valencianas no están presentes en redes sociales, el 52% de las empresas del sector invierten menos de 10.000 euros en marketing y publicidad exterior y la mitad invierten menos de 15.000 euros en I+D+i.
Para revertir la situación se planteó una larga batería de propuestas. Entre ellas realizar en estudio exhaustivo sobre el impacto de la financiación pública en el ámbito de la innovación dentro del sector del calzado, con el objetivo de detectar en las diferentes fases y procesos de la cadena de valor aquellas inversiones en I+D+i que generan un mayor retorno y dirigir los fondos a aquellas que se consideren más prioritarias. Además, fomentar la inversión privada, impulsar una FP dual específica en las zonas de más peso, es decir la comarca del Vinalopó.
También impulsar convenios de colaboración empresarial que imbriquen a pymes y "grandes empresas tractoras", estimular el emprendimiento de en laboratorios de base innovadora, redefinir las ayudas, potenciar los institutos y entidades tecnológicas, así como promover campañas de divulgación del sector con todo lo relacionado con la innovación o impulsar a través de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) líneas de apoyo y contratación de personal especializado en soluciones tecnológicas. También desarrollar hubs específicos de innovación, más políticas públicas y agilizar la puesta en marcha IES Sixto Marco de Elche como del Centro de Referencia Nacional del Calzado. Aún a la espera, aunque con actuaciones concretas como la certificación de trabajadores del sector.
En el ámbito laboral, y de sostenibilidad, se especifica que ha de ser un sector sostenible a nivel económico, social y ambiental. El dictamen hace mención específica a la economía sumergida, aún presente en talleres y subcontratas. Precisamente la Asociación de Aparadoras viajaba este lunes a Europa porque el respaldo y aprobación de la Proposición No de Ley (PNL) sobre sus condiciones ha quedado en un cajón, como denunciaban, después del respaldo de partidos como Compromís, Unidas Podemos o el PSOE.
"Para que la economía sea socialmente justa debe erradicarse también la economía sumergida; de manera que la gente que se dedica a la industria del calzado en la clandestinidad no lo haga a modo de supervivencia, porque esa gente ya tiene suficiente con estar luchando para sobrevivir como para, además, preocuparse de hacer una gestión sostenible de sus talleres o de las cocinas de sus casas donde aparan", señala el dictamen. Por tanto, "no es posible la sostenibilidad ambiental sin la sostenibilidad social y económica".
Es aquí donde se plantea, entre muchas otras medidas de los tres ejes, la creación de una unidad de inspección laboral especializada en el sector del calzado, "con necesaria colaboración de Hacienda". En el caso del trabajo de las aparadoras, "son habituales los casos en los que se les reconoce el período trabajado por medio de sentencias judiciales", aunque se añade que esas deudas a la Seguridad Social "se quedan sin ingresar porque en esta fase el taller clandestino ya ha desaparecido". Por, añade, "sería necesario que la inspección no se limitara a realizar dichas liquidaciones solo a ese taller clandestino, sino que a través de las responsabilidades solidarias dicha deuda se imputara también a los contratistas principales, es decir, a las empresas que incumplan la legislación".
Se pide aumentar la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para conocer posibles talleres clandestinos, contemplar eliminar del convenio colectivo el aparado en casa, así como impulsar estudios y fomento de la jornada laboral de 32 horas para avanzar en corresponsabilidad y reducción de los desplazamientos al centro de trabajo. "Promover la cultura preventiva en el trabajo; trabajar en condiciones de seguridad y salud debe ser la única forma de trabajar. Incrementar la formación en las empresas, incorporando la perspectiva de género también en salud laboral", añade.
En las otras materias de sostenibilidad, se plantea desde las administraciones acompañar a las empresas en sus procesos de reinternalización de la producción en el territorio valenciano, promover la creación de agrupaciones de interés económico (AIE) para facilitar la participación de las pymes de forma coordinada en la Formación Profesional Dual. Y que puedan acometer mejoras en eficiencia energética, renovación de equipos y procesos o digitalización. También se plantea incentivar los sistemas cooperativos de producción y penalizar las prácticas de “Green-washing”, así como impulsar las ayudas a cooperativas del trabajo o facilitar bonificaciones empresariales al fomento de la contratación en la industria manufacturera del calzado. Y movilizar todo el mercado interior de las empresas para encontrar alternativas de proveedores y acortar las cadenas de producción en pos del medio ambiente .
Por último, en formación, se propone elaborar un temario específico de calzado y marroquinería para FP, ampliar la dotación de los centros educativos y formativos para que estos puedan contar con maquinaria y equipamientos, atraer a juventud para suplir la preocupante falta de relevo generacional, o desligar la familia profesional del calzado de la familia Textil, entre otras. Se indica que "llevar a cabo una mejora continuada de las condiciones laborales, de las retribuciones, de las políticas de conciliación y de la carrera profesional, medidas que ya han puesto en marcha diferentes empresas con resultados positivos, tienden a mejorar el atractivo del sector para la atracción y la retención de talento".
En resumidas cuentas, además de añadir a la larga lista de propuestas medidas en materia de eficiencia energética o difusión del sector, los puntos comunes fueron muchos entre los participantes en la comisión. Estos fueron:
El dictamen indica que este clúster industrial (formado por la industria, el conocimiento, las administraciones públicas y el destinatario final) se encuentra en un punto crítico afectado por diferentes factores externos que inciden en su capacidad competitiva. Ya se anticipaba una ralentización en 2019, después llegó la pandemia de 2020 y ahora los procesos inflacionarios, la crisis de las materias primas o los problemas con el transporte y los fletes. Sin embargo, se adhiere que ha sido siempre un sector "resiliente", y de hecho las exportaciones totales del calzado durante el primer semestre del año han alcanzado los 1.433 millones de euros, un 17% más que en 2021 y un 5% por encima del mismo periodo de 2019 previo a la pandemia.
