ALTEA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Altea para evitar el pago de 1,2 millones de euros a Altea Futura. La empresa, del Grupo Ballester, reclamaba la devolución de este importe después de que lo abonara en su momento en concepto de mejoras por el PAI Puentes de l'Algar. Un proyecto de urbanización que terminó anulando el Tribunal Supremo en 2013 y que sigue dando quebraderos de cabeza al gobierno local de turno.
El Ayuntamiento en 2018 reconoció su deuda con la empresa en 6,7 millones de euros. Sin embargo, peleó en los juzgados los 1,2 millones de euros que ahora el magistrado también reconoce su derecho a percibirlos el urbanizador, tal y como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Alicante Plaza.
Sobre este asunto se pronunció este martes el alcalde de Altea, Jaume Llinares, que desveló que el Consistorio volverá a recurrir esta decisión del juez. Hay que tener en cuenta que la sentencia no es firme y cabe contra ella recurso casación ante la Sala tercera del Tribunal Supremo o en el Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La sentencia por tanto desestima el recurso del Consistorio, al tiempo que confirma el fallo apelado y no impone costas procesales causadas en esta segunda instancia.
Según explicó a este diario el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Diego Zaragozí, en la actualidad, se le ha abonado a la empresa unos cuatro millones de euros, por lo que restan otros 2,7 millones contando también los intereses. A ello habrá que sumar en un futuro los 1,2 millones si así lo consideran los tribunales finalmente. Cabe recordar que en 2018 el pleno aprobó por unanimidad pagar estos 6,8 millones de euros fraccionando esta cantidad en catorce cuotas anuales de alrededor de 500.000 euros, que se ha podido ir aumentando en función de la disponibilidad de las arcas municipales.
En su momento, la empresa reclamaba al Ayuntamiento más de 12 millones de euros. Sin embargo, en 2017 el Tribunal Supremo reconoció al Consistorio la deuda de los 7,7 millones de euros actuales. Según explicaron fuentes municipales en aquel entonces, la mercantil reclamaba estos 4,7 millones de más en concepto de gastos de elaboración del proyecto, financieros, intereses y otros asuntos.
El proyecto urbanístico prometía ser uno de los más grandes de Altea y se planteó incluso como el segundo más importante en la provincia, después de Rabasa. En pleno boom de ladrillo, año 2001, se ponía a disposición del urbanizador 2,3 millones de metros cuadrados de suelo que permitían la construcción de 5.000 viviendas, varios hoteles de lujo, zonas comerciales y campos de golf junto al río Algar. Un paraje emblemático para el municipio y la comarca que quisieron proteger varios vecinos de la zona llevando el caso a los tribunales, a pesar de que contaba con la aprobación en pleno del PP y el PSPV.
Y David venció a Goliat. El Supremo lo terminó anulando porque no cumplía con una de las condiciones impuestas por la declaración de impacto ambiental. Ésta apuntaba a que se tenía que desclasificar 4,6 millones de metros cuadrados de suelo público en el Plan Especial El Áramo, que estaba como no urbanizable y tenía que pasar a protegido para compensar las edificaciones en el Algar donde el Plan General no lo contemplaba. Unos trámites para la protección de la zona, que no obstante, no se iniciaron hasta que se recurrió el plan urbanístico en los tribunales.
Altea devuelve 7 millones de euros al agente urbanizador del PAI del río Algar
