Alicante 'se libra' del plan de ajuste: el PP ya puede negociar su rebaja fiscal y el nuevo presupuesto

ALICANTE. Alicante da por enterradas de manera oficial las restricciones impuestas por el plan de ajuste al que el ayuntamiento se encuentra sometido desde el año 2012. La cancelación anticipada de los préstamos suscritos con motivo del plan de pago a proveedores, aprobada el pasado mes de julio por medio de una modificación de crédito del presupuesto de 2018 (la segunda que se ha acordado hasta la fecha), acaba de adquirir plena eficacia, al no haberse registrado ninguna alegación durante el periodo de exposición al público, que concluyó el pasado 21 de agosto. Así lo certificó por escrito este lunes la Secretaria General del Ayuntamiento tras constatar que, transcurrido un plazo adicional proporcionado, tampoco se ha recibido objeciones por correo.

Fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza precisaron que al equipo de Gobierno, del Partido Popular (PP), sólo debe acordar ahora la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y la orden de pago de esos préstamos todavía pendientes de devolución, por un importe de 30,6 millones, con cargo al remanente del presupuesto de 2017. Se trata de una decisión que previsiblemente podría adoptarse en la Junta Local del próximo martes. Después, sólo restará que se dé cuenta de esa resolución en el próximo pleno.

La trascendencia de esa cascada de actos administrativos reside en que permiten dan por superadas las restricciones impuestas por el Ministerio de Hacienda a través de dicho plan de ajuste en aspectos como la contratación de personal, la modificación de las ordenanzas fiscales (hasta ahora bloqueadas para que no se tratase de acordar una hipotética reducción de ingresos) o, incluso, la elaboración de un próximo presupuesto municipal de manera autónoma, sin que quede sometido al escrutinio del ministerio. De hecho, ese era el fin con el que los populares trataron de justificar su propuesta de cancelación. Y es, a su vez, el objetivo en el que se está trabajando desde el mismo mes de julio. 

Como ha publicado este diario, el gabinete que coordina Luis Barcala puso a disposición de los grupos de la oposición, en la primera semana de agosto, una propuesta de revisión de las ordenanzas fiscales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), del Impuesto de Circulación (IVTM) y del Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) con el propósito de comenzar a negociar los apoyos que resultan necesarios para que los cambios lleguen a aplicarse. A grandes rasgos, en esas propuestas, ya adelantadas a principios de julio, se incluye una rebaja lineal del 5% en el IBI, además de una serie de bonificaciones para la instalación de empresas en la ciudad.

El edil de Hacienda, Carlos Castillo, ha defendido hasta ahora que su intención era poder elevar a pleno antes de que finalice septiembre una propuesta de modificación que concite el consenso suficiente. De lo contrario, los posibles cambios no podrán entrar en vigor en el arranque de 2019. Las fuentes municipales consultadas precisaron que, con la certificación de que la cancelación del plan de ajuste ya es oficial, se prevé retomar los contactos con la oposición cuanto antes. En paralelo, el equipo de Gobierno también trabaja ya en la redacción del nuevo presupuesto, que queda obligado a tramitar en el caso de que llegue a aprobarse esa reforma fiscal para ajustar la nueva previsión de ingresos.

Lo cierto es que los populares, 8 concejales en una corporación de 29 ediles, no lo tendrán fácil para convencer a los cuatro grupos opositores y poder sumar más votos a favor que en contra para que ambas iniciativas (reforma fiscal y presupuesto) prosperen. Por lo pronto, se prevé que Guanyar, Ciudadanos (Cs) y Compromís presenten sus propias propuestas para modular y ajustar la reforma fiscal que plantea el PP. El PSOE, por su parte, ha tachado la iniciativa popular de electoralista y ha expresado sus dudas sobre la eficacia de las propuestas planteadas, como la bonificación para la instalación de empresas. Entre los socialistas se considera que esos incentivos no tendrán efecto "sencillamente porque no hay suelo industrial en el que se puedan instalar empresas porque el PP no lo ha generado en 20 años de mandato".

Sea como fuere, la primera batalla visible la dará Guanyar a cuenta de otra modificación de ordenanza impulsada por el PP también el pasado julio: la de plusvalías. El plazo de exposición al público de esa revisión expira el 11 de septiembre y la intención de la plataforma electoral liderada por EU es presentar como alegaciones las enmiendas que presentó ante la comisión de Hacienda y que entonces fueron rechazadas por los técnicos con el argumento de que quedaban bloqueadas por los límites del plan de ajuste. ¿En qué consistían esas enmiendas? En la introducción de un aumento de las bonificaciones del impuesto en determinados supuestos de transmisión de inmuebles.