La cabecera de una de las marchas convocadas por los colectivos contra la carga y descarga de graneles a cielo abierto. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. La disputa jurídica sobre la actividad de carga y descarga de graneles en el Puerto de Alicante llega hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV). Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante han presentado ya al menos un primer recurso frente a una de las dos sentencias dictadas por el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Alicante en las que se da la razón a Alicante Port (una de las tres empresas dedicadas a la estiba de ese tipo de materiales) y se establece que, a diferencia de lo requerido por la Concejalía de Urbanismo en noviembre de 2017, el desarrollo de esa actividad no requiere de la tramitación de una licencia ambiental municipal.
De acuerdo con ese fallo, resulta suficiente el registro de una declaración responsable, a la vista de que, en ese trámite, se había incorporado la autorización de emisiones a la atmósfera concedida por la Conselleria de Medio Ambiente a la Autoridad Portuaria. En esta línea, el juez subrayaba que la Autoridad Portuaria era realmente la instancia que debía solicitar esa autorización, al ser la titular efectiva de los muelles, y apuntaba que, además, ese permiso autonómico amparaba por sí mismo el desarrollo de la carga y descarga de graneles.
Como publicó este diario, el juzgado abundó en esa misma posición en su sentencia posterior en la que también se avala el recurso presentado por Cesa Alicante. No obstante, sigue pendiente de resolución el contencioso interpuesto por la tercera compañía dedicada al movimiento de graneles, Bergé Marítima, que se dirime en el Juzgado de lo Contencioso número 3.
El recurso ante el alto tribunal llega antes de que existe sentencia en el tercer contencioso planteado por Bergé Marítima
Fuentes municipales consultadas por Alicante Plaza precisaron que el recurso municipal ante el alto tribunal autonómico trata de defender las decisiones adoptadas por el propio Ayuntamiento, en base a los informes técnicos en los que se fundamentaron los decretos firmados por el actual portavoz municipal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, durante su etapa como concejal de Urbanismo. El propio Pavón ya manifestó su confianza en que el Ayuntamiento acudiese al TSJ para hacer valer el acuerdo municipal adoptado en el momento en el que él asumía las competencias sobre la materia. En esta línea, insistió en defender que sus decretos estaban avalados por informes técnicos en los que se interpretaba que la estiba de materiales pulverulentos sí requería de la preceptiva obtención de una licencia ambiental.
Como también publicó este diario, después de los decretos de suspensión emitidos por Urbanismo, la carga y descarga de graneles se mantuvo con el aval de un informe de la Abogacía del Estado solicitado por la propia Autoridad Portuaria. Más tarde, la continuidad de la operativa quedó avalada en varias resoluciones judiciales en las que se admitía la medida cautelar solicitada por las tres compañías estibadoras para que se procurase el normal funcionamiento de la actividad mientras se dirimía el fondo del recurso. Con esas resoluciones, la carga y descarga continuó desarrollándose hasta que la Conselleria de Medio Ambiente ordenó su paralización temporal, a finales del pasado diciembre, con el argumento de que se había detectado un exceso de altura en los acopios de ese tipo de materiales. Solventada esa última controversia, con la intervención del propio TSJ, la actividad se retomó en enero y se ha mantenido hasta ahora.
En paralelo, la Autoridad Portuaria abrió un concurso para la construcción de una terminal específica dedicada al movimiento de graneles en naves cerradas. Ese concurso se cerró con la adjudicación de la concesión a la multinacional francesa Eiffage y la previsión de que la nueva infraestructura pueda estar operativa a finales de 2019.
La disputa sobre los permisos para la actividad de los graneles transcurre en paralelo a otro conflicto hasta cierto punto similar relacionado con autorizaciones municipales: el del funcionamiento de la estación gasolinera de La Albufereta, operada por el Grupo Petavi Asociados. Fuentes municipales confirmaron este lunes que la estación acaba de retomar la actividad, después de que el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Alicante avalase la denegación de licencia por parte de la Concejalía de Urbanismo, también durante la etapa en la que Pavón ejercía como su máximo responsable político.
Con todo, las mismas fuentes precisaron que la reapertura estaría amparada en la ejecución de otra sentencia de primera instancia dictada con carácter previo en la que sí se consideraba que la estación tenía permiso para funcionar. Esa primera sentencia, según las mismas fuentes, está ahora recurrida ante el TSJ. Sin embargo, hasta que exista pronunciamiento sobre ese recurso, "no existe ningún impedimento para que siga funcionando", apostillaron.
