ALICANTE. Con retraso pero sin cortapisas. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), da el primer paso para cumplir los compromisos adquiridos durante el pasado mandato para tratar de controlar el ruido asociado a la hostelería con el desglose del primer conjunto de medidas que prevé incorporar en la declaración de dos Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) específicas en calles del Centro Tradicional y Casco Antiguo: las dos áreas en las que se han venido acumulando la mayoría de quejas y denuncias vecinales.
Eso sí, la aplicación de esas y otras medidas similares queda abierta a otras zonas de la ciudad en el caso de que resulte necesario. Ese fue, cuando menos, el aviso a navegantes que avanzó este martes el vicealcalde, portavoz del equipo de gobierno y edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, al detallar el alcance de esas dos primeras ZAS en ciernes. Con ello, se pretendería impedir que puedan reproducirse situaciones como las registradas en los dos barrios del núcleo del casco urbano, en los que se habría constatado la superación de los límites previstos en la Ley contra la Contaminación Acústica de manera reiterada. "Si se tienen que aplicar en otras zonas, se aplicarán; no nos va a temblar la mano en actuar", resumió Villar, respecto a la posibilidad de que el problema de convivencia entre la actividad hostelera y el descanso vecinal pueda desplazarse a otros sectores del término municipal.
De este modo, se evitaría que pudiesen producirse situaciones de excepcionalidad o que se consintiese un funcionamiento indebido de locales de ocio y hostelería en otros puntos de la trama urbana sin medidas restrictivas, como las que sí se pretende activar de inmediato en los entornos de la calle Castaños y de la Plaza Quijano. O lo que es lo mismo, no habría lugar a un posible agravio respecto al funcionamiento de negocios instalados en puntos como el Puerto o el entorno del campo de golf, en Playa de San Juan, como el que ya han comenzado a vislumbrar los hosteleros posicionados en Centro y Casco Antiguo.
¿En qué consisten esas limitaciones previstas para las dos primeras ZAS? Sus líneas centrales son la reducción de horarios de apertura para el conjunto de establecimientos hosteleros situados en esas dos zonas, de modo que solo podrán ejercer su actividad hasta las 00:30 de domingo a jueves y hasta la 1:00 horas los viernes, sábados y vísperas de festivo, lo que supone un recorte de cerca de dos horas respecto a su regulación actual. De ese régimen general solo se excluirán las discotecas, que podrán funcionar hasta la 1:00 y hasta las 2:00 en los mismos supuestos.
Pero no solo eso. En el expediente de declaración de ambas ZAS, que debe aprobarse en Junta de Gobierno en las próximas semanas, se incluyen otras limitaciones, como la reducción de horario de autorización de las terrazas, al margen de los cambios introducidos a través de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública. Tras la implantación de esas dos ZAS, solo podrán estar instaladas hasta la medianoche de domingo a jueves y hasta las 00:30 viernes, sábados y vísperas de festivo y en los siete días de la semana en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.
El paquete de medidas incluye también la suspensión de licencias para nuevos negocios, así como para la instalación de veladores. Y, por último, se prevé igualmente un recorte del 50% en la superficie a ocupar por los veladores que ya cuenten con autorización con el objetivo de limitar afluencias multitudinarias en la vía pública. Todo esa batería de limitaciones se pretende acompañar de una mayor presencia policial para velar por su cumplimiento desde el momento en el que se produzca su entrada en vigor. Para ello, se pretende que puedan implementarse como medidas cautelares antes de que la declaración de las dos ZAS pueda quedar avalada por la Generalitat.
El mero anuncio de esas medidas ya suscitó este martes el rechazo frontal de los empresarios hosteleros hasta el punto de que sus representantes -a los que el PP quiso anticipar el detalle de las limitaciones previstas- se levantaron de la mesa y avanzaron su intención de emprender acciones legales para evitar su implantación. Esa posición contaría con el respaldo de las tres asociaciones mayoritarias del sector -APEHA, ARA y Alroa- toda vez que se albergaría el temor, precisamente, de que las restricciones previstas para los dos primeros barrios pudiesen extenderse hasta otras zonas de la ciudad, con un alcance generalizado similar al que tendrá la nueva regulación de horarios para las terrazas incorporada en la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, sin que se dé cancha a una posible rectificación que permita mantener los horarios actuales.
Por el contrario, los residentes de los barrios en los que se prevé aplicar esas medidas de control, como los agrupados en la Asociación Laderas del Benacantil, del Casco Antiguo (que también integra a hosteleros y hoteleros, no solo vecinos) se congratularon este martes del anuncio de la implantación de esas próximas medidas, que según consideraron, "no coaccionan los intereses de los pubs, sino que salvaguardan los derechos de los que aquí residimos". "Son muchos años aguantando ruido, suciedad, degradación, hasta el punto de que muchos se han tenido que marchar", explicó su portavoz, Joaquín Gangoso.
"Se tienen que tomar medidas y creo que se ajustan a la normativa, a lo que debe ser una ciudad moderna y de servicios, y que se ajustan al sentido común", insistió. "Creo que ha sido un acierto que se implanten en las calles en las que existe un problema; recordamos que se hicieron mediciones y que se ha demostrado lo que denunciamos, que esa situación es insostenible, de modo que no se va a aplicar una tabla rasa", insistió. "Esperemos que se implanten esas medidas cuanto antes y damos las gracias a los responsables que han decidido ponerlas en marcha", recalcó, tras aludir al impacto inicial y las "voces de agoreros" que se alzaron cuando se implantaron las limitaciones frente al tabaco, que hoy se daría por normalizadas. "Creo que se va a producir un salto de calidad", concluyó.
Las medidas incluidas en la propuesta de las dos ZAS se conocen, además, tras la aprobación inicial de la Ordenanza de Vía Pública en la que se contempla el recorte de horario de actividad para las terrazas hosteleras, en otro movimiento con el que el equipo de gobierno -con apoyo directo del grupo municipal de Compromís- pretendería favorecer la convivencia entre la actividad económica y el derecho al descanso de los vecinos. Con todo, los populares siguen sin desbloquear, precisamente, el instrumento normativo específico en el que se contemplan otras medidas encaminadas a la reducción de molestias por emisiones sonoras: la conocida como Ordenanza del Ruido.
La actualización de esa regulación quedó aprobada de forma inicial en abril de 2023, lo que propició la presentación de alegaciones por parte de asociaciones vecinales y de colectivos empresariales. Sin embargo, más de un año después, esas objeciones no han tenido respuesta. Su propuesta de resolución sigue pendiente de informe definitivo por parte de la Concejalía de Urbanismo como área que inició su tramitación, entonces bajo el mandato del bipartito compuesto por PP y Ciudadanos (Cs). En principio, se preveía que la aprobación definitiva de esa normativa pudiese producirse a mediados de este año. No obstante, se desconoce cuándo se le podría dar el impulso definitivo.
Como mínimo, el portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, avisó este martes -al valorar las medidas a recoger en las dos ZAS anunciadas por el equipo de gobierno- que su acuerdo con el PP sobre la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública no solo contemplaba el visto bueno a esa normativa y la puesta en marcha de limitaciones al ruido en el Centro Tradicional y el Casco Histórico, sino también que se aprobase la Ordenanza del Ruido de forma definitiva antes de que finalice este año. Además, aplazó cualquier valoración sobre las ZAS al abogar por la cautela. "Queremos ser cautos hasta que comprobemos que las medidas anunciadas ahora llegan a ponerse en marcha", aseguró.
Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, denunció el "caos" que, a su juicio, habría generado el equipo de gobierno "al tratar de tramitar a la vez la ordenanza de vía pública (que incluye los veladores), las ZAS que se deben activar en el Centro Tradicional y en el Casco Antiguo y, además, la Ordenanza de Ruido, que lleva en un cajón desde la legislatura pasada y que no se ha aprobado de forma definitiva". En este sentido, sostuvo que ante esa situación "caótica" no valoraría las medidas adicionales anunciadas por los responsables municipales. "Ya advertimos de que se debía de aprobar primero la Ordenanza de Ruido. Barcala ha generado un galimatías con tres normas que se tienen que aplicar sobre un mismo sector y que afectan a varios barrios", añadió.
"Nos dicen que han recurrido la sentencia de la ZAS porque consideran que no se ha vulnerado el derecho fundamental de los vecinos al descanso y, al tiempo, defienden que es necesario preservar el descanso vecinal. Por otro lado, con la ZAS quieren activar medidas adicionales para los veladores; medidas adicionales a las que se han contemplado en la Ordenanza de Vía Pública, que tampoco está aprobada. Y, mientras tanto, la Ordenanza del Ruido está paralizada más de un año. Existe una situación de caos total y absoluto porque Barcala ha venido posponiendo la necesidad de poner solución a los problemas y no ha sabido consensuar medidas con los sectores afectados y escuchar al tejido social, empresarial y a los grupos que formamos parte del pleno", consideró.
También terció en la implantación de las dos ZAS y sobre el recorte horario de la Ordenanza de Vía Pública el grupo municipal de Vox. Su edil Juan Utrera consideró que "otra vez nos encontramos hablando de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, una ordenanza que Vox negoció y pactó con varios concejales del equipo de gobierno, hasta cerrar un acuerdo que el señor Barcala rompió unilateralmente y no tuvo ningún escrúpulo en llegar a un acuerdo con Compromís y su portavoz Rafa Mas para aprobar este documento en el cual se incluía el acuerdo de la implantación de una ZAS, cuando Mas se ha declarado en contra de todo lo que promueva la prosperidad de esta ciudad, y representa a un partido separatista que esta en contra de la hostelería, del comercio, del sector hotelero y que se ha declarado abiertamente turismofóbico".
En esta línea, señaló que "el señor Barcala, como todos sabemos, se reunió con el sector del turismo en campaña y les prometió que iban a seguir creciendo. ¿Me pueden decir dónde queda la credibilidad del PP de Barcala? El votante del PP no sabe a qué atenerse. Sabemos que varios concejales del PP se reunieron con el sector hostelero y en dicha reunión parece ser que las sensaciones fueron buenas, unas sensaciones que no duraron ni 24 horas, ya que Barcala atajó de manera unilateral cualquier esperanza para las hosteleros", añadió. "¿Para qué quiere 13 concejales el equipo de gobierno si Barcala es ordeno y mando?", se cuestionó Utrera. "Y el señor Villar se extraña cuando el sector se levanta de una reunión en la cual les van a contar que el pan de sus hijos no está garantizado, unos hosteleros que pensaban que se iban a consensuar todo no que ya estaba todo pactado y cerrado... La credibilidad del señor Barcala ha quedado por los suelos abrazándose a un partido que trabaja en contra de las prosperidad y del empleo de los alicantinos", concluyó.
Por último, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, fue más escueto en sus valoraciones y se cuestionó "qué medidas va a seguir tomando este equipo de gobierno para que el ruido no se extienda a toda la ciudad".