La terraza de la discordia / APELCHE. Mientras que todo lo acontecido con el Mercado Central y su resolución parece en stand by y las catas siguen lentamente, mientras que de los restos ya descubiertos empiezan a brotar plantas, llega ahora un soplo de aire fresco al ser el protagonista uno de los personajes secundarios: el mercado provisional —de unos 400.000 euros previstos al inicio del proyecto, sin IVA—, que fue construido en muy poco tiempo para evitar que la obra fuese paralizado de alguna forma y para dar una solución a los placeros. El viernes se hizo público que hace siete meses, en febrero, Urbanismo lo declaró ilegal su terraza, pidiendo su demolición. Horas después de conocerse la noticia, el área de Contratación, responsable del asunto, pide a la adjudicataria que regularice la situación.
Un entuerto que se hizo público en la Junta de Gobierno del viernes, cuando el edil de Compromís Antonio García explicó que su formación había preguntado por este asunto recientemente, a pesar de que desde la plataforma Àgora d’Elx ya pusieron el tema sobre la mesa en abril de 2017, y que volvieron a recordar en noviembre, tras el silencio de la administración local. Un mes antes, Urbanismo ya se había reunido con los responsables del proyecto para hablar sobre el restaurante —La Barra del Mercat— para advertirles de la ilegalidad de su terraza. Al año siguiente, ya en febrero de este mismo año, concretamente el día 22, la concejalía de Urbanismo, dirigida por el socialista José Manuel Sánchez, emitió un informe en el que se declaraba ilegal la terraza, pidiendo su demolición.
A petición de la solicitud de informe de Contratación, sobre el mencionado proyecto presentado por la concesionaria Aparcisa, el Arquitecto Municipal informó que el pliego de condiciones técnicas establecía que la empresa tenía la obligación de construir un mercado provisional para los placeros, “no estando contemplada en el programa de necesidades ninguna terraza exterior cubierta”. Más abajo informa que “en el Proyecto Básico y de Ejecución del Mercado Provisional aprobado tampoco está contemplada la cubrición de ninguna terraza exterior al edificio”.
Por último, el informe municipal señala que el 14 de diciembre ya se informó “que en la parte norte del edificio se había aumentado en 20 m2 la superficie de solera que sirve de acceso al edificio por el norte. Además dicha superficie ha sido cubierta con una estructura de soportes metálicos sobre los que apoyan chapas metálicas que ocupa una superficie aproximada de 30 m2, estando actualmente ocupado para el uso de mesas exteriores de cafetería”. Para finalizar el escrito, el técnico municipal apunta que “se solicita una obra ya ejecutada, la cual no forma parte de las obligaciones del contrato aprobado”. Aparcisa presentó el proyecto de la terraza y el anexo ya construido, y Contratación solicitó un informe del mismo, del que se derivó lo anteriormente mencionado.
Tras el conocimiento de la situación el viernes al borde de las 11:30 horas, sobre las 17h, dada la repercusión de algo que hasta entonces había sido desconocido y parece que llevaba en stand by siete meses, desde el área de Contratación, dirigida por la socialista Ana Arabid, se anunciaba que requería a la empresa concesionaria del Mercado Provisional que se adecuara a la legalidad las obras de la terraza de la cafetería. Por el momento, la Junta Local de Gobierno abordará el asunto el próximo viernes, presumiblemente tomando ya posición sobre la demolición o regularización, sanción o lo que viere necesario, dando a la empresa quince días para presentar alegaciones.
Se trata por tanto de otro frente abierto, eso sí, menor, relacionado con el mercado y con la empresa concesionaria, Aparcisa, que presentó el proyecto de esta cafetería después de haberla construido. Una coyuntura que ha supuesto más de un cabreo, tanto entre filas socialistas por la falta de ejecución —y celeridad— de las competencias entre las concejalías, como entre socios de gobierno, a juzgar por las caras tras sacar a la luz el tema. Para coronar el asunto, el propio PSOE y Compromís advirtieron en 2015 que esta obra era ilegal, suponía un delito urbanístico al entender que incumplía el artículo 55 del Plan General, referente a que en la zona verde no se pueden levantar edificaciones ni instalaciones provisionales. El PSOE llevó entonces a la Fiscalía el caso. Nunca más se supo (que se sepa).
