Obras de urbanización en Benalúa Sur, en una imagen tomada este martes. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La constructora cordobesa Prasa, de ingrato recuerdo en el Ayuntamiento de Alicante porque sus problemas económicos tras el estallido de la burbuja del ladrillo postergaron una década el desarrollo del plan parcial de Benalúa Sur (hasta que el Consistorio logró retirarle la condición de agente urbanizador para adjudicársela a la agrupación de interés urbanístico formada por los propietarios del suelo), sigue peleando en los tribunales los detalles de la rescisión del contrato. Aunque hasta ahora todos los fallos han sido favorables al Consistorio, la firma, de nuevo en problemas (lleva un año en concurso de acreedores), quema sus últimos cartuchos en el Tribunal Supremo.
Prasa fue una de las firmas de referencia en el sector en la época del boom urbanístico, y se adjudicó en 2007 la urbanización del PAI de Benalúa Sur, que junto a los PAU 1 y 2, iba a ser el último gran desarrollo en el casco urbano de Alicante. La empresa llegó a realizar aproximadamente un 40% de los trabajos de urbanización antes de que sus problemas financieros parasen las obras y luego forzasen su renuncia. En 2014, el Ayuntamiento entonces presidido por Sonia Castedo retiró la condición de agente urbanizador a la mercantil (en 2016 adjudicaría esta condición a la AIU), y comenzó el largo camino judicial.
Alicante reclama a Prasa 3,46 millones de euros por la cuenta de liquidación del plan no ejecutado, y en 2017 la empresa logró una sentencia favorable en los juzgados de lo Contencioso, que suspendía la ejecución del pago a cambio de presentar un aval suficiente para garantizar dicho pago más adelante. No obstante, la empresa recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que confirmó el anterior fallo (es decir, Prasa no debía pagar todavía porque la cuenta de liquidación estaba en cuestión, pero debía presentar un aval).
A finales del año pasado, la promotora cordobesa tramitaba un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, del que hasta ahora no se conoce la resolución. Así lo indica Prasa en la cuentas anuales relativas a 2019 de la mercantil que constituyó para ejecutar el plan, Nuevo Sector PP I.2 Benalúa Sur SL, en las que también se hacen eco de los acontecimientos paralelos que podrían influir en la reclamación municipal definitiva. En concreto, el recurso de la AIU contra la cuenta de liquidación anterior aprobada por el Ayuntamiento y la sentencia que anulaba dicha cuenta por ser contraria a derecho en 2018.
Por el camino, los propietarios del suelo lograron sacar adelante una nueva cuenta de liquidación (el reparto de los costes de urbanización) en mayo de 2019, y adjudicaron las obras a la alicantina CHM Obras e Infraestructuras, que inició las obras en julio del año pasado. Los trabajos se han mantenido a buen ritmo incluso durante el estado de alarma y algunas promotoras con proyectos en el sector ya han comenzado la comercialización de sus residenciales, como ha venido contando Alicante Plaza.
Por su parte, Prasa tuvo que declararse en concurso voluntario de acreedores el año pasado, al no lograr remontar el vuelo tras la crisis. Durante cuatro meses estuvo negociando una reestructuración de deuda (el llamado preconcurso) que no salió adelante, por lo que la constructora cordobesa entraba en suspensión de pagos en agosto de 2019 con un pasivo de 332 millones. Del total, 94 millones de deuda eran con Hacienda, casi una tercera parte. Justo antes del confinamiento, la administración concursal remitió al juez su informe, en el que cifraban los activos de la empresa en 308 millones, mientras que el pasivo se había elevado a 363 millones desde agosto de 2019.
Entre el patrimonio de Prasa se cuenta la mercantil de Benalúa Sur (participada al 100% por la matriz), que valora sus activos en 1,2 millones de euros, según el balance de las últimas cuentas. Entre ellos, unos terrenos en Alicante valorados en 325.000 euros y una promoción en curso por importe de 850.000 euros, incluidos en el balance como existencias.
Por otra parte, en Benalúa Sur se ha producido un nuevo cambio de propietarios, con las obras de urbanización ya avanzadas (desde finales del año pasado las promotoras pueden comenzar a construir, y están esperando licencia municipal para iniciar los trabajos). Según publicó el portal especializado Idealista, poco antes del confinamiento se cerró la compra de suelo para levantar 30 viviendas por parte de Top Gestión, una promotora madrileña especializada en cooperativas. La firma ha invertido 1,5 millones de euros para hacerse con una parcela de 3.000 metros cuadrados que estaba en manos de la familia Serrano.
