Los ediles del bipartito de Alicante, en su primera Junta de Gobierno.ALICANTE. Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) se aproximan al cumplimiento del primer aniversario de su pacto de gobierno en Alicante (se firmó el pasado 14 de junio) con un nuevo motivo de disputa interna por resolver. Y ya van varios, aunque hasta ahora todos se han reconducido con mayor o menor discreción, y mejor o peor sutura. Esta vez, se trata de las diferencias de criterio respecto a cómo se debe abordar el proyecto de peatonalización del Centro, sobre las que ahora se trata de encontrar puntos de encuentro en busca de una acción de gobierno coordinada que incluya a todas las concejalías afectadas (Tráfico, Transportes, Urbanismo, Comercio e incluso Cultura), según confirmaron fuentes de PP y Cs este lunes.
Las diferentes perspectivas que se manejan en ambos partidos se pusieron de manifiesto el pasado viernes: Cs dejó claro que la propuesta mejor valorada en el estudio encargado por el PP a finales de 2018 no era de su agrado. ¿Por qué motivo? Primero, por el momento elegido para que ese estudio de alternativas se hiciese público. La apertura del proceso de participación pública sobre ese estudio se conoció justo un día antes de que se constituyese la subcomisión sobre Movilidad, creada para debatir sobre la nueva configuración de los desplazamientos en la ciudad, entre las medidas que deben orientar la reconstrucción de Alicante tras la pandemia del coronavirus. En las filas de Cs, el hecho de que se diese a conocer ese estudio justo cuando se iba a comenzar a reflexionar sobre propuestas como esa, suponía vaciar de contenido el objeto de la subcomisión. En pocas palabras, llegó a calificarse como un gesto que evidenciaba una falta de respeto.
El segundo motivo que no agradó en Cs fue que se hiciese público el contenido del estudio sin que se acordase una posición de equipo de Gobierno al respecto con carácter previo. Lo cierto es que el departamento de Tráfico que coordina el popular José Ramón González sí comunicó que el estudio era una propuesta abierta a aportaciones y, por tanto, no un documento definitivo. Es más, el propio González anunció en el pleno de mayo que se iba a constituir una comisión para trabajar en ese plan. Sin embargo, en Cs se considera que se apostó por presentar el estudio como alternativa válida sin que se hubiese consensuado que realmente lo fuese para ambos partidos con responsabilidades de gobierno. Con ese paso, según se insiste en Cs, se les estaba exponiendo a tener que formular aportaciones o alegaciones pese a ser gobierno.
Y el tercer elemento que Cs tampoco comparte es el enfoque viciado que, a su juicio, se le ha venido dando al estudio desde el principio. En las filas del partido de Inés Arrimadas se considera que con la tramitación de ese estudio se ha venido arrastrando el planteamiento que puso en marcha el PSOE en su etapa de mandato en solitario, limitado al eje concreto de la avenida de la Constitución y la calle Bailén (cuando se llegó a cortar al tráfico la avenida de la Constitución mediante la colocación de maceteros) sin afrontar una visión global sobre qué modelo de movilidad y qué modelo de ciudad se pretende para Alicante.
En Cs se mantiene que no se puede implantar medidas de peatonalización limitadas a un punto concreto sin sopesar qué efecto puede tener en su entorno. De ahí que sus ediles apuesten por extender el debate a un ámbito más amplio, no a un eje concreto (Constitución-Bailén) ni a un solo barrio como el Centro Tradicional, sin tener en cuenta en qué situación queda su conexión con los barrios de su entorno. Así, Cs aboga por plantear una solución más amplia en la que se tenga en cuenta la interrelación entre la zona comercial del Ensanche (el eje de Maisonnave), el Centro Tradicional y el Casco Antiguo, de modo que se favorezca el tránsito peatonal entre los tres barrios (con tráfico restringido para los residentes) sin que se creen barreras físicas entre una zona y otra.
Es lo que, según Cs, se generaría en el eje de La Rambla en el caso de que se implantase la alternativa propuesta en el estudio, al dificultar la vertebración entre el Centro y el Casco Antiguo, cuando en Cs se sostiene que los dos barrios deberían tener el mismo trato de preferencia para el peatón. En ese punto, se debería acordar una reorganización del transporte público en autobús en el Centro similar a la que funciona durante las fiestas de Hogueras, con Alfonso el Sabio y Juan Bautista Lafora, el Paseo de los Mártires de la Libertad y Doctor Gadea como recorridos preferentes.
Y, además, en Cs se considera que en el conjunto de ese espacio comprendido entre el Centro y el Casco Antiguo se deben marcar prioridades sobre qué punto requiere que se acuerde una primera peatonalización con mayor urgencia. Y ahí es donde en Cs se introduce la preferencia por peatonalizar Rafael Altamira -antes que el eje Constitución-Bailén- para eliminar el tráfico que ahora discurre por delante del BIC del Ayuntamiento, lo que permitiría potenciar una calle en la que se concentra la actividad turística con un hotel de 5 estrellas y otros dos establecimientos hoteleros en ciernes: el promovido junto al edificio histórico del ayuntamiento y el que proyectado en la confluencia con la calle Alberola Romero. Máxime, además, si se tiene en cuenta que el bipartito ya contempla reurbanizar ese eje para ensalzar su carácter turístico.
Sea como fuere, representantes de ambos partidos incidieron este lunes en que la propuesta que se concretase finalmente sería una propuesta de consenso, del conjunto del equipo de Gobierno. De hecho, las mismas fuentes incidieron en que ya se habían mantenido conversaciones al respecto a lo largo del fin de semana y este mismo lunes para solventar esa falta de comunicación interna, atribuida a la carga de trabajo que asume cada concejalía.
No obstante, no es el único motivo de fricción que ha alterado la convivencia entre las dos fuerzas a lo largo de las últimas dos semanas. En Cs también generó malestar las valoraciones ofrecidas al episodio del contrato menor de asesoría externa concertado por la Concejalía de Cultura para difundir la programación en medios especializados y potenciar su proyección en redes sociales. Entre los cinco concejales naranjas se llegó a plantear la conveniencia de que se reclamasen informes del interventor respecto a todos los contratos menores que se tramitasen en el Ayuntamiento, en la línea de las palabras apuntadas por el propio Barcala.
Hasta el momento, PP y Cs ya han tenido que solventar discrepancias en la negociación del presupuesto de 2020, en la gestión del conflicto del ruido (a raíz de la decisión no consensuada previamente de recurrir la sentencia que obliga a acordar una ZAS en el Centro Tradicional) o en cómo debía afrontarse la elección del nuevo director del Teatro Principal, por ejemplo.
