ALICANTE. La comisión municipal para la reconstrucción de Alicante tras la crisis del coronavirus inició su andadura este martes con la participación de 50 de las principales entidades empresariales y asociativas de la ciudad y la misión de cerrar un dictamen de 100 propuestas a corto y medio plazo para favorecer la recuperación de la economía local, atender las necesidades sociales y afrontar la adaptación de la ciudad frente a la pandemia.
Sus integrantes se repartirán en cinco subcomisiones específicas que mantendrán al menos cuatro sesiones de trabajo a lo largo del mes de junio. En todas ellas se debe plantear al menos unas 20 iniciativas que puedan adoptarse en el ámbito de las competencias municipales con el fin de paliar los efectos de la crisis sanitaria y fomentar la recuperación de la economía. Sin embargo, al contrario de lo que sería esperable, esa batería de propuestas no se acompañará de una cuantificación económica sobre el presupuesto que resultaría necesario para su implantación, según concretó el alcalde, Luis Barcala, al término del acto de constitución de ese grupo de expertos.
¿El motivo? Al margen de la posibilidad de que algunas de esas propuestas no requiriesen de una asignación de fondos concreta (el caso de una nueva regulación normativa, por ejemplo), la causa fundamental es la incógnita que todavía persiste sobre los recursos de los que se va a disponer para poder implementar esas medidas.
Hasta el momento, el equipo de Gobierno compuesto por PP y Cs sí ha lanzado una paquete de ayudas de más de 13 millones de euros para atender necesidades sociales de colectivos vulnerables (Plan de medidas de rescate social y ayuda a las familias, dotado con 6.355.036,71€) y otro paquete de iniciativas para la recuperación del tejido económico (Plan de medidas de rescate económico y de empleo, con una aportación de 6.897.073,42€), en el que se incluye la línea de subvenciones para pymes y autónomos por un importe global de 5 millones.
Esa primera planificación debe quedar cubierta con el remanente del presupuesto de 2019, que asciende a 48,7 millones, como informó Alicante Plaza. Y, a priori, cualquier otra actuación que necesite de consignación económica debería encontrar acomodo en ese importe. No obstante, el uso de esos fondos sigue condicionado a la limitación acordada por el Ejecutivo central por la que solo se ampara el uso del 20% del remanente de todos los ayuntamientos para arbitrar medidas frente a los efectos del coronavirus. Con ese porcentaje, solo podrían utilizarse 9,8 millones a ese fin.
¿Existe una alternativa para contar con una suma mayor si se mantiene esa restricción? Sí, pero obligaría al bipartito (PP y Cs) a sacrificar la mayoría de las previsiones recogidas en el presupuesto de este año. De hecho, las dos fuerzas aliadas al frente de la gestión municipal se han comprometido ya a acordar las modificaciones de crédito que resulten necesarias para actuar frente a la nueva realidad deparada por el covid. En esos ajustes contables se debe incorporar el remanente de 48,7 millones. Y, además, se podría modificar la distribución de partidas consignadas ahora para destinarlas a otros fines que se consideren prioritarios.
Además, el bipartito también contempla la cooperación de otras administraciones como la Generalitat, con la que se deberá establecer convenios de coordinación para que el Ayuntamiento pueda llevar a cabo políticas que dependen de sus competencias. En esos convenios también debería regularse un sistema de cofinanciación de los gastos asociados a esas medidas.