Una de las últimas concentraciones de protesta contra el ruido y el vandalismo organizada por los vecinos del Casco Antiguo de Alicante. ALICANTE. La actualización de la ordenanza del ruido será otro de los escenarios sometidos a la geometría variable que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, del Partido Popular (PP), viene ejerciendo mediante la apertura de distintas negociaciones con el conjunto de formaciones políticas representadas en la corporación con el fin de lograr el respaldo necesario para que las propuestas relacionadas con la gestión municipal que dependen de mayorías puedan quedar aprobadas en pleno.
En esta ocasión, los populares tratan de promover un primer acercamiento con el PSOE, al tratarse del único partido que votó a favor de la aprobación provisional de dicha regulación, en abril de 2023. Ese acuerdo prosperó con los votos de PP, Ciudadanos (ahora sin representación municipal) y PSOE, mientras que Compromís y Vox se abstuvieron y Unides Podem EU votó en contra. De ahí que, este mismo jueves se haya previsto un encuentro bilateral para tratar de volver a recabar el respaldo socialista a la normativa tras el trámite de presentación de alegaciones.
En principio, el texto no habría sufrido modificaciones sustanciales tras el estudio del conjunto de las aportaciones presentadas por colectivos vecinales y asociaciones empresariales del sector del ocio y la hostelería, como Alroa. Es más, el grueso de la propuesta se mantendría invariable, con la incorporación de algunos ajustes mínimos, según fuentes consultadas. Así, los populares albergarían esperanzas de que el PSOE confirmase su predisposición a votar a favor de la aprobación definitiva en el pleno del próximo 19 de diciembre para que la regulación pueda comenzar a aplicarse desde principios de 2025.
Está por ver si, para entonces también puede haberse aprobado la implantación de las dos Zonas Acústicas Saturadas (ZAS) comprometidas en el Centro Tradicional y en el Casco Antiguo sobre las que el mismo alcalde, Luis Barcala, aseguró este miércoles -en una comparecencia pública- que se seguía trabajando, sin que estén paralizadas, aunque sin facilitar posibles fechas de aplicación. En todo caso, aseguró que esas dos herramientas de control del ruido acabarían implantándose en cuanto se complete la tramitación de sus expedientes.
Sea como fuere, en el supuesto de que el PSOE no facilitase su apoyo a la ordenanza del ruido, el PP debería buscar otro posible aliado, ya que se podría dar la circunstancia de que perdiese la capacidad de decantar la votación a su favor con el uso del voto de calidad del alcalde de la que ha dispuesto en los tres últimos plenos: el ordinario de octubre, el extraordinario celebrado el 22 de noviembre (en el que se aprobó la cuarta modificación de crédito para destinar 1,5 millones en ayudas a los damnificados por la dana de Valencia) y el ordinario de noviembre.
Las dos sesiones se desarrollaron sin la presencia del portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, de baja por su reciente paternidad. Con todo, se prevé que pueda reincorporarse a la actividad política el próximo día 17, con lo que los cuatro grupos que conforman la oposición (PSOE, Vox, Compromís y Esquerra Unida Podem) volverían a contar con mayoría absoluta: 15 votos en total, frente a los 14 del PP.
Lo cierto es que, hasta ahora, el PP no ha escatimado en explorar vías de entendimiento con las cuatro fuerzas. De hecho, ha logrado aprobar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con Vox y la ordenanza de Ocupación de Vía Pública con Compromís. E incluso intentó un posible acuerdo con Esquerra Unida Podem respecto a la subida de la tasa de basura que, finalmente, acabó aprobándose (de forma inicial, eso sí) con el voto de desempate del primer edil.
Esa misma búsqueda de socios deberá reproducirse por lo que respecta a los presupuestos municipales de 2025, que el equipo de gobierno pretende aprobar de forma provisional antes de que concluya diciembre, mediante la convocatoria de un pleno extraordinario. Hasta ahora, no ha trascendido que se haya alcanzado un preacuerdo con alguna de las cuatro formaciones opositoras, aunque lo cierto es que los populares sí han acelerado para dar cumplimiento a las peticiones formuladas por Vox en el pacto presupuestario que ambos partidos suscribieron para la aprobación de los presupuestos de 2024, con la puesta en marcha de la oficina de apoyo a la maternidad o la oficina frente a la ocupación ilegal de viviendas.
El cumplimiento de los compromisos de ese pacto sigue siendo la línea roja marcada por Vox para sentarse a negociar las cuentas del próximo ejercicio. Así, lo confirmó este martes su portavoz municipal, Carmen Robledillo, quien recalcó que, en el supuesto de que pueda plantearse esa nueva negociación, se exigirá la ejecución de los acuerdos que no se han podido materializar en este 2024, aunque sí se han diseñado o planificado. Sería el caso de la instalación de los puntos de sombra en las principales calles comerciales de la ciudad, o la tramitación de una ordenanza específica para los mercadillos, por ejemplo. No añadió ningún otro elemento adicional, aunque apuntó que "las líneas de las políticas de Vox ya son conocidas".
