ELCHE. El otro tripartito, el de la oposición, sigue amenazando con amargarle al vida al tripartito que gobierna, el formado por PSV, Compromís y Partido de Elche, todo lo que pueda. Tras lograr forzar la situación para replantear el proyecto de la Corredora, contando con la inestimable colaboración del partido de Jesús Pareja, la oposición intenta algo parecido en el próximo pleno. Esta vez, con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), del que vuelven a denunciar que constriñe el desarrollo económico y social de La Marina, presentarán una moción conjunta para intentar paralizarlo.
Así pues, Ilicitanos por Elche, Ciudadanos y el Partido Popular presentarán una moción el próximo 28 de mayo para intentar paralizar el Pativel, ahora en periodo de exposición pública y con posibilidad de ser recurrido. Se trataría nada más y nada menos que la quinta moción que se presenta en el pleno sobre este proyecto. El PP presentó la primera en enero de 2017 para paralizarlo, la segunda en febrero de ese año para que se hiciera un estudio sobre las indemnizaciones, otra de nuevo en mayo en el mismo sentido, y la cuarta, ya en noviembre del curso pasado, para que se presentara el estudio jurídico —este aprobado en el pleno por unanimidad— que sigue sin hacerse.
En consonancia, el portavoz adjunto del grupo municipal, Vicente Granero, denunció que de nuevo se trata de un proyecto fuera del consenso y sin transparencia, y que incluso los vecinos de la pedanía pudieron presentar el proyecto ante la Generalitat porque presionaron al Síndic de Greuges. Sin embargo, estas no sirvieron de mucho, puesto que el 4 de mayo se presentaba el decreto en el Consell. Como indica Granero, “un Pativel sin inversiones para La Marina, cosa que sí ocurre en otras pedanías afectadas por el plan”, y puso como ejemplo el corredor ecológico de Arenales del Sol. Otras poblaciones de alrededor como Santa Pola o Guardamar, esgrimió el edil popular, sí consiguieron salvaguardar parcelas de suelo urbanizable, como es el caso de Santa Pola o Guardamar, algo que reprochan al de Elche, ya que el sector MR-10 queda con una posibilidad de urbanización limitada.
Asimismo, Granero vuelve a recordar que hay vecinos de sectores que ya han anunciado que presentarán demandas judiciales, sobre todo del propio MR-10, ya que como pone de relieve el concejal, había expedientes urbanísticos en tramitación. Entre ellas, aprobaciones municipales de 2014 —con el gobierno del PP—, otras de 2008 —con el PSOE— y expedientes aprobados parcialmente no definitivos en 2016, por parte de la Generalitat. Unas indemnizaciones que pedirán los vecinos con intereses en estas parcelas, y que pueden ascender a 50 millones de euros. Una cantidad que según Granero repercutirá en el Ayuntamiento, porque afecta a su Plan General, pero que también podría ir a la Conselleria, que es quien aprueba el Pativel. Así pues, en la primera junta de gobierno tras el pleno, la oposición exigirá que el equipo de gobierno recurra el decreto de Consell, puesto que el periodo para ello está abierto.
